El Protocolo de atención para migrantes menores sin acompañamiento en Canarias ha sido suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) debido a la violación de derechos, respaldando la solicitud de acciones urgentísimas propuesta por la Fiscalía Superior canaria.
Este viernes, la Primera Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo comunicó que el Gobierno regional debía responder en el plazo de tres días y reconocía la presencia de condiciones altamente urgentes que validaban la petición de la Fiscalía.
La Sala especificó que es improcedente evaluar la legalidad del protocolo, diseñado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, en este momento sino determinar si hay una «urgencia especial» para suspenderlo. En referencia a este punto, comentó que el protocolo no contiene planes explícitos relacionados con cuándo entran en vigor las acciones que estipula, sugiriendo que nada evita que se pueda exigir su implementación inmediata después de su publicación oficial. El TSJC cree que el nuevo protocolo introduce cambios significativos en la ley vigente y teme que pueda afectar la transferencia de menores a las autoridades autónomas, aunque la justificación del Gobierno regional es que se implementa en el interés de los menores. Entre los detalles propuestos, se incluyen la comunicación anticipada para verificar la disponibilidad de espacio en centros de acogida, establecer ubicaciones para la entrega y recepción del menor, la intervención de funcionarios públicos, y la comprobación de la documentación e identidad del menor en el momento de su recepción.
Por tanto, el fallo declara que esta «modificación significativa» de la actual estructura normativa «sugiere» preservar el sistema utilizado hasta la fecha. «Es imprescindible tener en cuenta, en efecto, el efecto potencial que la implementación del Protocolo puede tener en un grupo tan especialmente delicado y vulnerable como los menores, a quienes van encaminadas las medidas descritas en este», destacan desde el Tribunal. Consecuentemente, consideran conveniente aplicar un «principio de precaución básica», al tiempo que instan a «la creación de ámbitos de diálogo que permitan la realización de acciones coordinadas en el contexto de una atmósfera de fidelidad y cooperación institucional que se considera esencial para tratar el fenómeno de la inmigración ilegal y su impacto excepcionalmente significativo en jurisdicción de la Comunidad Autónoma de Canarias».
