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Albares muestra resistencia a asistir a la comisión conjunta de la UE, un requisito exigido por el PP para debatir el rol de España en la crisis venezolana

El Gobierno y el PP, principal partido de la oposición, están en medio de una batalla de narraciones. Conforme a lo que El Independiente ha logrado averiguar, la petición del PP para que José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, haga un informe ante el departamento conjunto del Congreso y Senado sobre la situación de Venezuela y el punto de vista del Gobierno respecto a las elecciones presidenciales del 28 de julio en el país latino, ha sido considerada por la Mesa de la Comisión Conjunta para la Unión Europea.

Fuentes del partido popular apuntan que el proceso ya está en marcha y solo falta que se establezca una fecha entre la Mesa de la comisión y el Ministerio tras mantener negociaciones. En el Congreso se está trabajando en ello.

Fuentes parlamentarias expresan que el informe se dará «pronto». Esta presentación se añadiría a las próximas programadas en pleno en la cámara: la de María Jesús Montero, primera vicepresidenta y ministra de Hacienda, el 26 de septiembre, y la del presidente, Pedro Sánchez el 9 de octubre. La primera para tratar el asunto del cupo catalán, aunque la ministra planea centrarlo en la senda de estabilidad; la segunda para discutir la crisis migratoria.

La petición del partido popular se realizó entre finales de agosto y principios de septiembre. Según informes internos del partido, dicha solicitud fue evaluada por el Comité de la comisión el día 11. Ahora solo queda fijar las fechas. El partido popular destaca que, en contraposición a otras áreas, específicamente en esta comisión conjunta, el artículo 9 de su reglamentación establece que el ministro o secretario de Estado deba «realizar una presentación después de cada participación semestral del Consejo de la UE para discutir los logros alcanzados». No obstante, la solicitud no contempla dicha reunión, sino el Consejo Informal de Asuntos Exteriores de finales de agosto, en el que Albares abordó el tema y mencionó la búsqueda de «una solución acordada» en Venezuela.

Una vez Hungría asumió el cargo de la presidencia rotativa, este argumento se sostuvo. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, consultadas por esta agencia, consideran que el ministro no estaría obligado a presentarse y que, como se indica en el artículo, podría delegar en el Secretario de Estado para la UE, Fernando M. Sampredro. Sin embargo, el partido popular niega esto e insiste en que es inviable. No han solicitado una audiencia abierta, sino una específica para que Albares responda sobre el papel de España en la crisis con Venezuela. Ante tal incertidumbre, desde el equipo técnico del Congreso, se señala que el partido popular estaría en lo correcto.

En el Congreso, se enfatiza que la mera mayoría de la Mesa tiene la capacidad de instar al comparecencia de Albares. Habitualmente, el Gobierno dicta el ritmo mediante mayorías en todas las mesas. Sin embargo, en este escenario, con el PP como el partido principal a nivel nacional, se presenta la situación donde la Mesa de la comisión mixta ostenta una mayoría de tres miembros del PP contra dos socialistas. Las fuentes técnicas aseguran que, normalmente, no existen conflictos, favoreciendo el entendimiento entre la Cámara y los Ministerios. En la circunstancia actual, el PP «puede exigir una comparecencia», y Albares no posee la opción de rehusar. No obstante, se requiere acordar una fecha que se adapte a su programa. Desde el PP, resaltan que Albares es uno de los ministros que menos veces ha comparecido desde su asunción del título.

El Ministerio de Exteriores así mismo apunta a que en contraposición a los esfuerzos del PP para retratar pasividad por parte del Ministro con sus «imposiciones», Albares ya había solicitado comparecer de su propia voluntad, realizando el trámite de petición el lunes 9 de septiembre. Esto fue tras conceder asilo al oponente venezolano, Edmundo González. Por ello, discute esto ante el comité de Asuntos Exteriores del Congreso, lo que implica que deben acumularse todas las solicitudes existentes y darle precedencia a la del Ministro. Según fuentes parlamentarias, esto no sería factible en la presente situación. Los integrantes populares tampoco aceptan esta visión. «Puede acudir donde quiera, pero primero tendrá que ir a la Mixta de todas formas», asegura un representante del Grupo Popular.

Las conversaciones entre la comisión de mayoría popular en la Mesa y el Ministerio se producen en un contexto delicado entre el Gobierno y la oposición. González Urrutia afirmó sentirse obligado a reconocer a Nicolás Maduro como el vencedor legítimo de las elecciones, debido a la presión ejercida por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sin embargo, no se han presentado los documentos pertinentes. Este hecho impide que el Gobierno español reconozca al líder de la oposición como triunfador, conservando las relaciones desde una perspectiva económica y estratégica entre otras. Las demandas se realizaron en la embajada española en Caracas, por lo que el Partido Popular ha denunciado que los socialistas han colaborado en la presión.

La acusación fue lanzada por Esteban González Pons, eurodiputado y vicesecretario de institucional del PP, a primera hora del jueves. La confirmación llegó después por parte de Alberto Núñez Feijóo, quien pidió la renuncia de Albares. Sin embargo, el ministro exigió la destitución de Pons por «difamar e insultar a España y al Servicio Exterior».

El Ministerio de Exteriores persiste en su enfoque de que el tema en discusión debería ser tratado en su comisión, y no en la de la UE, a pesar de la petición del Partido Popular. Este argumento llega el día que tanto el Parlamento Europeo como el Congreso, también a solicitud del PP, han solicitado que la UE y sus 27 miembros reconozcan a González Urrutia. El Gobierno mantiene un enfoque de consenso, y aún no está claro si se tomará en cuenta esta petición europea propuesta por el PP y respaldada por ECR y Patriotas por Europa, grupos de ultraderecha. El departamento de Albares sospecha que el PP busca complicar la situación. Además, enfatizan que este tema ya ha sido debatido en la comisión de Exteriores del Senado y que la fecha de registro de la solicitud actual del PP es anterior al exilio de González Urrutia, lo cual ha contribuido al aumento de tensiones.

Una fuente del PP indica que, en este caso, Albares «no establece la prioridad». El Partido Popular busca mostrar la «doble moral» del Gobierno en este asunto, al no reconocer a González Urrutia, mientras lo consideran un «héroe». Durante la audiencia en la comisión conjunta, el PP interpelará al ministro para que se exprese más allá de las explicaciones dadas este jueves, en las que sostuvo que el Gobierno no tuvo ninguna implicación en los detalles de la salida del político más allá de lo relacionado con el transporte. Buscan conocer los detalles del exilio del oponente.

En un movimiento dirigido contra Zapatero, el PP ha solicitado una comparecencia y también ha presentado una proposición no legislativa. Esta propuesta contiene cuatro demandas relacionadas con Venezuela, que son similares a las que ya se han aprobado en el Congreso. Las peticiones incluyen la aceptación del líder que ven como el presidente legítimo, el cese de las torturas e instar a una transición hacia la democracia de manera pacífica, y el aumento de las sanciones económicas contra el gobierno en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores.

El PP, de manera clara, apunta contra el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en uno de los puntos. Además, solicita un registro de los bienes de las personas asociadas con el régimen de Maduro en territorio europeo, con la esperanza de que el Gobierno colabore en esto, a pesar de que pueden negarse ya que esta petición no es obligatoria.

Se ha señalado a Zapatero como el principal instigador del plan para liberar a González Urrutia de Venezuela. Pons argumentó que «Es importante reconocer que Zapatero está involucrado en todo lo que está sucediendo, a pesar de su silencio y su falta de declaraciones. Ha comprometido al Gobierno en esta operación», añadió, subrayando su sospecha de los negocios del ex presidente con la dictadura bolivariana.

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