Este jueves, Carles Puigdemont, líder de Junts, a través de su cuenta de redes sociales, preanunció el rechazo de su partido a la propuesta de estabilidad del Gobierno, que será sometida a votación en el Congreso la semana entrante. Puigdemont respondió así a las aseveraciones de María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, que previamente alertó a los alcaldes de Junts sobre las consecuencias negativas que implicaría rechazar nuevamente la propuesta gubernamental.
Puigdemont afirmó, «Al igual que votamos ‘no’ antes, votaremos ‘no’ nuevamente. Si hay cambios, los consideraremos», añadió, «Espero se entendido, aunque temo que esto no nos libere de otro linchamiento por sus medios de comunicación simpatizantes».
La declaración del líder independentista llega después de la consternación provocada por el ‘no’ de Junts a considerar la legislación para regular los alquileres; una propuesta que los separatistas derribaron en el Congreso, cambiando su postura en el último momento.
Puigdemont justificó la decisión de su partido con la ausencia de inversiones y una inapropiada ejecución del presupuesto, y explicó que esa fue la causa de su rechazo a una medida que podría haber iniciado el proceso parlamentario para los Presupuestos Generales de 2025. «Espero que finalmente puedan esclarecerlo», declaró Puigdemont, «pues es incomprensible como en Madrid, las inversiones públicas superaron en 1,350 millones de euros el presupuesto de 2023, mientras que en Cataluña se invirtieron 1,250 millones menos de lo que habían acordado gastar». También expuso su descontento con los medios de comunicación cercanos al Gobierno por sus ataques a Junts tras la reciente derrota parlamentaria del Gobierno este martes.
«Fotografiar desde un prisma negativo a Junts podría ser perjudicial», advierte Puigdemont, en un intento por paralelizar su postura con la del ejecutivo de Pedro Sánchez. Avizora un escenario donde cada vez más medios, bien dispuestos, comprarán la versión de que todo esto es una cuestión inconsiderada e impulsada por la investidura en Cataluña. Previo a ello, Montero aseguraba que los esfuerzos gubernamentales se centraban en «fortalecer lazos» con Junts para garantizar la aprobación de los independentistas a su rumbo de estabilidad. Este compromiso emergió tras el incidente en julio, cuando Junts se unió al PP y a Vox, sumando sus 7 votos para contrarrestar la propuesta. Sin embargo, la realidad es que el Gobierno no ha hecho modificaciones en su nuevo rumbo de estabilidad, que recibió la luz verde la semana pasada por parte del Consejo de Ministros. Montero justificó tales acciones alegando que mejorar algo que ya ha alcanzado un excelente desempeño es un desafío. Explicó que la «generosa» ruta establecida por el Ejecutivo — que logró la abstención de las comunidades gobernadas por el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera — brinda mayores recursos financieros a las CCAA y los ayuntamientos, en comparación con la ruta más estricta que prevalece hoy. A modo de ejemplo, las autonomías y los municipios ahora tienen metas menos estrictas, exigiéndoles un déficit del 0,1% del PIB a lo largo del período, un cambio radical en comparación con el superávit de una décima que anteriormente se les exigía. Adicionalmente, fue aprobado un mismo límite de gasto no financiero o tope de gasto para el Presupuesto de 2025 – aprobado por las Cortes pero sin opción a votación – de 195.353 millones, un 3,2% superior a 2024, representando un adicional de 6.138 millones.
El lunes, Alícia Romero, la consejera de Economía de la Generalitat, instó a la Junta a respaldar la ruta de estabilidad en su primera declaración ante el Parlamento. Romero advirtió que no admitirlo conllevaría la pérdida de 2.584 millones destinados a Cataluña. Sin embargo, este llamamiento parece no haber tenido el efecto deseado. La Junta defiende que la propuesta del gobierno es desigual, observando que el estado retiene 2.2% de margen fiscal en 2025, 1.8% en 2026 y 1.5% en 2027, solicitando que las restantes instituciones públicas hagan sacrificios mucho mayores. Los seguidores de Puigdemont exigen que las regiones autónomas tengan al menos un tercio del objetivo total de déficit establecido por la Comisión Europea para España, una proporción que acordó el Parlamento en una moción en 2014 con el respaldo del PSC, recordaron los posconvergentes.
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