El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha revisado los documentos presentados por los Mossos d’Esquadra y el Ministerio del Interior, los cuales fueron remitidos a finales de agosto pasado, respecto a los detalles del infructuoso intento de arresto de Carles Puigdemont durante su breve visita a Barcelona.
Llarena no descarta la posible existencia de un delito por parte de los encargados, sin embargo, enuncia que los tribunales catalanes son los encargados de llevar a cabo la investigación y, por lo tanto, les ha transferido la documentación este jueves.
Específicamente, el juez de la Sala Penal e instructor del proceso, hace alusión a los delitos 408 y 451.3.b del Código Penal, que sancionan la omisión del deber de perseguir delitos y la complicidad cometida por funcionarios. El informe, firmado por Eduard Sallent, exjefe de Mossos, admite errores internos, mencionando que sólo se consideró la posibilidad de que Puigdemont asistiera al Parlamento el 8 de agosto, durante el debate de investidura del Presidente. Como se señaló en este medio, los agentes catalanes detallaron que los medios de comunicación fallaron y que el único policía que vio a Puigdemont irse en un auto blanco no pudo informarlo a sus superiores hasta más tarde, cuando la fuga ya había ocurrido. No obstante, Llarena resalta otros aspectos, como que no hubo ningún intento de arrestar a Puigdemont antes de que subiera al escenario donde dio un breve discurso.
A pesar de que el reporte autonómico señala las dificultades que representa arrestar al acusado en medio de un gran grupo de personas en el que se mezcló, y sugiere la posible contribución de tres individuos a su escape, los documentos no muestran obstáculos que hubieran evitado a la policía detectar a esta persona en su camino hacia el lugar donde se unió al grupo de personas que le esperaban, ni la incapacidad de gestionar adecuadamente su seguimiento y alcance, hasta el punto de que logró evadirse del país, según fue plasmado en el documento por el juez. El juez envía el informe «para las acciones pertinentes», pero su manera de indicar que no se descartan crímenes sugiere que los tribunales catalanes deberían realizar una investigación. Dicho esto, también existe una demanda presentada por Vox y otra por HazteOír en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) sobre estos mismos eventos, que todavía está por decidirse si procede o no.
