El Tribunal Nacional ha asestado otro revés a Hammou Ali, un joven saharaui de 30 años que es sordo y padece cáncer. Ali buscaba asilo internacional desde su llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid. Su solicitud de una orden de precaución inmediata ha sido rechazada este jueves por la sala judicial que se ocupaba de su caso, lo que podría causar su deportación a Marruecos.
Originario del Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, Ali enfrenta la amenaza de represalias si se le obliga a volver debido a su participación activa en manifestaciones y protestas en la exprovincia española.
Ali ha estado en la sala de no admitidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez durante más de una semana y ahora afronta el riesgo de ser expulsado a Marruecos.
Según su equipo legal, el ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha ignorado «evidencias abundantes» que demuestran la presencia de necesidades básicas de Ali debido a su discapacidad.
Además, Ali es un defensor público de la independencia del Sáhara Occidental, exriprovincia española ocupada por Marruecos desde 1976, hecho corroborado por documentos presentados por su abogada incluyendo imágenes capturando su participación en protestas en el Sáhara.
Fuentes cercanas a su equipo legal han expresado su asombro ante la respuesta del gobierno español que, en lugar de proporcionar apoyo, se une a Marruecos en la represión hacia la juventud saharaui y deniega sistemáticamente sus solicitudes de asilo, sin tener en cuenta la precariedad de su situación.
Este sábado al medio día, está programado un mitin frente a la sede del Ministerio del Interior con el lema “Marlaska, necesitan protección, no deportación”. En las recientes semanas, muchos saharauis en circunstancias similares han llegado. Un ejemplo es Rbab al Tarad Yahi de 27 años, a quien, junto con su esposo e hija de año y medio, se le negó asilo internacional, a pesar de tener familiares con asilo en Francia. La señora sufrió un aborto la semana anterior manteniéndose en la sala de no admitidos del aeropuerto de Barajas con su bebé de 18 meses y separada de su esposo. Contrario a las sugerencias médicas, las autoridades no permitieron que pasara la noche en el hospital al que fue llevada. Ahora la familia entera se ve amenazada con una deportación inminente a Marruecos ya que el Ministerio del Interior rechazó la solicitud de reconsideración presentada por su equipo de abogados. Estaban programados a volar de vuelta a Marruecos el jueves, pero sus abogados han apelado en tribunales a la espera de una resolución. Esta mujer, embarazada de pocas semanas, tuvo un aborto durante su detención en el aeropuerto. Como reporta, a pesar de la recomendación de su médico de que se quedara a pasar la noche en el Hospital Universitario La Paz después de un legrado, la policía se negó rotundamente y en cambio fue regresada a las instalaciones aeroportuarias. Casos de este tipo han aumentado notablemente en recientes semanas.
Después de que su solicitud inicial fuera rechazada, el Ministerio del Interior de España permitió finalmente que el joven activista saharaui, Abdelsalem Abdullah Khalifa, ingresara al país el miércoles de la semana anterior. Khalifa había estado en el aeropuerto de Barajas durante más de una semana y su situación, denunciada el sábado pasado en El Independiente, condujo a comparaciones por parte de Podemos y Pablo Iglesias con la bienvenida rápida del líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia. Este último llegó a España el domingo y desde entonces está solicitando asilo político.
«Es completamente lógico que los jóvenes saharauis busquen alternativas para mantenerse», comentó Ali Salem Tamek, un conocido activista de Saharaui, al el Independiente. Tamek está asociado al Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos (Codesa), una organización con sede en los territorios ocupados que denuncia los abusos cometidos por el régimen marroquí. Agregó que «la ocupación marroquí genera de manera constante situaciones de represión y pobreza para forzar a los jóvenes saharauis a emigrar. Esta es la consecuencia de una estrategia intencional con redes establecidas para organizar y facilitar este proceso».
Amnistía Internacional, en su informe anual publicado en abril pasado, denunció los abusos ocurridos durante el último año contra los disidentes saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Según el informe, las fuerzas de seguridad impidieron el derecho a la asamblea pacífica en la antigua colonia española.
La residencia de Mahfouda Lefkir, una activista saharaui, fue objeto de una vigilancia constante por parte de la policía en El Aaiún, una ciudad ubicada al norte del Sáhara Occidental, entre el 4 de mayo y el 20 de junio. Esto fue a causa de su viaje a Dajla, al sur del Sáhara Occidental, con la intención de respaldar a los activistas en esa área, según indica la organización. Oficiales responsables de aplicar la ley seguían a Lefkir cada vez que salía de su hogar. Además, agredieron e insultaron a activistas que intentaban visitarla, así como a Lefkir y su familia en las afueras de su casa, comentó Amnistía. Por otro lado, desde Codesa se ha confirmado que «la continua represión ejercida por las fuerzas marroquíes de ocupación contra la población civil saharaui en el Sáhara Occidental ha experimentado un notable aumento luego de que se retomaran los conflictos en noviembre de 2020». Esta fecha corresponde a cuando el Frente Polisario decidió poner fin al cese al fuego que se había mantenido desde el año 1991. «Nuestro análisis exhaustivo continuamente llega a esta conclusión», afirmó.
