El ambiente está tenso entre el Partido Popular (PP) y Vox, después de dos meses y medio de tensiones. Desde el partido liderado por Santiago Abascal, se amenaza de nuevo con romper el último vínculo de poder territorial entre Bambú y Génova: más de 130 ayuntamientos en común.
La causa detrás de esta tensión es, una vez más, la inmigración.
Durante el último año, la inmigración ha sido una constante fuente de presión y ha servido como justificación para abandonar los gobiernos de cinco comunidades autónomas compartidas hasta julio.
No obstante, lo curioso es que, a pesar de esto, Alberto Núñez Feijóo acordó la semana pasada un plan de acción con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
La negativa del PP a incluir una enmienda de Vox al texto original, la cual modificaría los 14 puntos presentados e introduciría dos nuevos, podría ser el último golpe. Las propuestas tienen un tono más duro que, de ser aceptadas, romperían los acuerdos establecidos con Clavijo y complicarían aún más las conversaciones con el gobierno central.
Vox, que nombró recientemente al policía nacional Samuel Vázquez, asesor del grupo parlamentario, como portavoz de Inmigración y Seguridad, ha dado la alamar. Fuentes parlamentarias de Vox reconocen que, aunque esta decisión de ruptura es responsabilidad del Comité de Acción Política (CAP) y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el «espíritu» de esta acción es «compartido» en las discusiones con las direcciones provinciales y los ayuntamientos.
Específicamente, se plantea que si los grupos del PP que están al frente de los ayuntamientos deciden incluir en los próximos presupuestos municipales acciones que incentiven «el efecto llamada» o proporcionen un medio viable para «la acogida» de inmigrantes ilegales [incluyendo a menores extranjeros no acompañados], esto se considerará como una violación del pacto acordado para junio de 2023. Como resultado, decidirán abandonar las instituciones gubernamentales. Se pone como ejemplo que un municipio, si fuera el caso, asignaría una cantidad monetaria para centros de acogida u objetivos similares. Continuan alegando que, «Si estiran demasiado la cuerda» eso será el resultado, apuntando al PP. Además, Vox desaprueba cualquier concesión que el PP pueda ofrecerles en otros temas. «Queremos que los acuerdos pactados sean respetados. Eso es todo. Y esperamos que los cumplan», afirman. Si fuera necesario retirarse, aseguran que no dudarán en hacerlo. «No tenemos ningún miedo. Ya hemos demostrado que podemos romper», expresan fuentes del partido. Por otro lado, el PP se niega a ceder ante las presiones y traslada cualquier responsabilidad de sus decisiones a Vox. De hecho, Feijóo afirmó en julio que «si los gobiernos municipales se verán afectados, sólo Vox puede responder a ello». Así se justificó en mayo la retirada de los gobiernos autónomos. La posición de Génova es la de colaboración multilateral entre el Estado y las Comunidades para dar una respuesta ordenada a la crisis migratoria. A pesar de la dureza en el tono para competir con Vox, mantienen una postura intermedia, a veces dura de mantener, entre los intereses del partido y los del Estado. Sin embargo, la presión es evidente.
Al reanudarse la legislatura en el próximo período, las comunidades deberán sortear un camino largamente dominado por mayorías simples, donde cada pacto será crucial para implementar nuevas iniciativas. Un total de 110 municipios, que aumenta a más de 130 si se tienen en cuenta los acuerdos externos, comparten esta situación.
Según las declaraciones de Abascal después de salir de las regiones que tiene en común con el PP, no se prevén rupturas locales ya que los municipios «no tienen competencias» en lo que respecta a la inmigración, a diferencia de las comunidades. Sin embargo, advirtió que quienes participen activamente en la acogida podrían enfrentarse a dichas rupturas. Vale la pena resaltar que no se especificó si en los mencionados 110 municipios podría producirse una desbandada generalizada, lo que solo podría llevar a fracturas aisladas en cualquier caso.
Los principales bastiones de coexistencia local se encuentran en Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Por otro lado, Andalucía es la región con menos comunidades en común. Algunas de las ciudades destacadas en esta lista están Toledo, Ciudad Real, Burgos, Valladolid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Alcalá de Henares, Móstoles y Cartagena, entre otros.
Hoy, el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha delineado su enfoque desde Valencia, vinculando la lucha contra la inmigración ilegal y la negociación del presupuesto con la asistencia familiar y la seguridad. También tiene planes de visitar Valladolid mañana, uno de los centros clave del partido Vox, que cuenta con la mayor cantidad de concejales y diputados regionales en su historia y busca regresar a un nivel de presencia nacional de más de 50 puestos, similar a la legislatura anterior.