El miércoles, la Fiscalía Superior de Canarias presentó un recurso legal en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el protocolo para la acogida de menores migrantes extranjeros no acompañados en Canarias, el cual fue instaurado el 12 de septiembre pasado.
Según la Fiscalía, este protocolo infringe el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el derecho a la integridad moral, reflejado en el artículo 15 de la Constitución.
En una declaración, la Fiscalía mencionó que, en el mismo recurso, se pide al TSJC que suspenda el protocolo de manera urgente por considerar que su ejecución implica que no se brinda atención inmediata a los niños que llegan a las costas del archipiélago por mar y que están en una situación de evidente desprotección. El nuevo protocolo, aprobado por el Gobierno de Canarias, exige que, antes de que el menor sea entregado a las autoridades insulares, se verifique su identidad, se le inscriba en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (si procede) y se emita una resolución administrativa individualizada de asignación o ubicación por el organismo estatal correspondiente, después de haber escuchado al menor en presencia de un intérprete que hable su lengua materna o cualquier otra que comprenda, y siempre con el conocimiento del fiscal. Una vez se haya confirmado que hay un lugar disponible para el menor, la Comunidad Autónoma se hará cargo de él en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, si no las hay, en los lugares habilitados.
