Félix Bolaños sostiene que la población ha empezado a sentir una suerte de fatiga en la democracia española, una percepción que, según él, no coincide con la realidad. Señala que España disfruta de unos criterios políticos e institucionales excepcionales, sin nada que envidiar a nuestros homólogos europeos, inalterables e incluso idílicos, y ciertamente incuestionables.
Este último término, «incuestionable», es crucial. ¿Por qué motivo deberíamos rebatir algo tan claro? Tristemente, existen individuos que sí lo hacen, y estos se encuentran en la política, en la judicatura y en los medios de comunicación. Son parte de una España oscura que opina erróneamente que Pedro Sánchez no puede liderar una renovación debido a su historial de ‘degeneración’.
Algunos creen, equivocadamente, que España tiene problemas, ya que a medida que el gobierno se ha sentido más vulnerable, ha avanzado más en su plan de ocupar todas las instituciones del Estado, iniciando una batalla contra sus detractores, que ha descrito con el término ‘regeneración’. No es necesario decir que todas esas son mera cháchara, ya que no hay ninguna razón para sospechar de las acciones como el nombramiento de José Luis Escrivá como director del Banco de España, Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, o Miguel Ángel Oliver como presidente de la Agencia EFE. Después de todo, la independencia es el bien más valioso en las instituciones y la mejor manera de asegurarla es designando a personas cercanas al gobierno para que supervisen y se aseguren de evadir la subjetividad y el favoritismo en la toma de decisiones.
Nuestro país se compara favorablemente con naciones como Canadá o Alemania en términos de entregar responsabilidades estatales a individuos neutrales que son considerados adecuados. Nuestra democracia se fortalece y crece a medida que nuestras instituciones ganan prestigio. Ejemplos de esto son el nombramiento de José Félix Tezanos como líder del Centro de Investigaciones Sociológicas, Juan Manuel Serrano como presidente de Correos, Óscar López en Paradores y Rosa María Mateo en RTVE. La democracia española es tan fuerte que incluso la Abogacía del Estado se ha ofrecido a defender a Pedro Sánchez en un caso legal que implica a su esposa, lo que demuestra la disposición de nuestros funcionarios a sacrificar su tiempo personal para defender a sus ciudadanos.
Gómez es una clara ilustración de este punto. ¿Qué puede ser más representativo de una ‘democracia plena’ que la esposa del presidente trabajando de manera desinteresada en roles no oficiales? No sólo asistió sin compensación alguna a dos reuniones para decidir el rescate de Air Europa con fondos europeos, sino que también asumió el liderazgo de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, para compartir sus conocimientos de ‘fundraising’ y ‘marketing 360 polifactorial’ con los estudiantes. Recientemente, Gómez grabó un podcast para promocionar su trabajo profesional no en una compañía privada, sino en RNE, la radio de todos, haciendo uso de un bien público en lo que se puede considerar un acto democrático. Esto casi parece poner los medios de producción al servicio del pueblo.
En lugar de valorar el esfuerzo de Gómez, ciertos medios de comunicación la han puesto como blanco de ataques consistentes. Esto llevó a Pedro Sánchez a considerar su renuncia en abril pasado; y también a la decisión de permanecer y enfrentar a la derecha e incluso a las situaciones imprevistas, llevándolo a desarrollar un plan para la renovación democrática con la finalidad de sofocar críticas y silenciar a detractores. Aquellos que refutan los méritos del Gobierno del pueblo.
Ese plan busca «reforzar y expandir la información que el Gobierno ofrece a sus ciudadanos» con el fin de evitar malentendidos; y por otro lado, regular los medios de comunicación para castigar a quienes distorsionan y engañan. Entre otras medidas, se negaría el acceso a las campañas de publicidad institucional a los que difunden mentiras.
¿Cómo definir una mentira? Podría ser cualquier cosa que no se alinee con lo que el Gobierno considera deberíamos entender como verdades. Entonces, ¿por qué plantear la creación de una Comisión Anti-Rumores? Algunos argumentan que esto no es tarea sencilla, a pesar de que recientemente han surgido en la corte supuestos expertos en detectar falsedades, cada uno de ellos más insensato e incoherente que el anterior.
Porque lo que para una persona puede ser una mala noticia, como la reducción de la tasa de inflación al 2.3% (lo que implica un aumento de los precios), para otra podría ser motivo de celebración, al haber disminuido con respecto al año anterior. Lo mismo puede ocurrir con las decisiones gubernamentales.
Quizás haya quien piense que Escrivá es el economista más capacitado para dirigir el BdE, mientras que otros sostienen que si hubiese sido de derechas, ni siquiera habría sido considerado para un puesto menor, y por lo tanto, su nombramiento es un acto descaradamente arbitrario. Hay veces que incluso la verdad resulta inalcanzable, a pesar de las pruebas existentes.
El cineasta Carlos Vermut ha declarado recientemente que interpondrá una demanda en contra de El País, el periódico considerado referencia para el Gobierno, por difamación y calumnia. Esto, después de que lo acusaran de cometer abusos sexuales contra tres mujeres y se basaran solamente en sus testimonios y en algunos mensajes que, por decir lo menos, podrían tener varias interpretaciones. En este escenario, ¿podríamos mencionar que ese medio propagó una falsedad o que el director falsea la realidad para limpiar su reputación? Cuando hay una disputa entre partes, la línea entre la verdad y la mentira se vuelve borrosa con las versiones enfrentadas. Para estos casos, los tribunales son la solución. Probablemente, en el Gobierno han decidido que es más fácil y menos doloroso establecer leyes sobre la prensa para imponer su verdad en confrontación con las noticias falsas, y realmente, hay poco que discutir al respecto. De manera simultánea, se reporta que han colocado a una trabajadora en Moncloa, según El Confidencial, con la tarea de encontrar escándalos de jueces, políticos y periodistas que no le siguen la corriente al Ejecutivo. Bueno, aunque se debe respetar la libertad de información y de expresión, eso no significa que cualquiera pueda actuar irresponsablemente en el desempeño de su profesión y perjudicar al «Gobierno del pueblo» con mentiras y tácticas engañosas.
