Jordi Turull, secretario general de Junts, indicó la mañana del martes que su partido en el Congreso se abstendrá en la votación del proyecto de ley que busca regular el alquiler vacacional y los apartamentos turísticos. Momentos antes de la votación, y con el PSOE y Sumar ya asegurando el voto del PNV, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, le informaba a Íñigo Errejón que votarían en contra del proyecto.
De esta manera, Junts hizo evidente la inestabilidad del gobierno del PSOE, tal como se les recordó en la sesión de control en el Congreso el miércoles. Sin embargo, esta acción también reveló una inesperada división con la ANC, su más cercano aliado en el bloque independentista catalán.
«Es sumamente grave», señaló la ANC en un mensaje en sus redes sociales el miércoles. La entidad, liderada por Lluís Llach, recordó a los seguidores de Puigdemont que hace solo una semana, se manifestaban a pedido de la Asamblea con el lema del derecho a la vivienda en Barcelona, a fin de criticarles por aliarse con el PP y poner un freno a un proyecto impulsado por organizaciones sociales, incluidas las que respaldaron la manifestación de la Diada.
El mensaje de la ANC recordaba que «el pasado 11 de septiembre, Barcelona reivindicó el derecho a un alojamiento digno». Añadió que los alquileres vacacionales «incrementan el precio» de las viviendas y «agravan el problema». Por ello, «el hecho de que Junts se una al PP para oponerse a limitar el precio es extremadamente grave», señalan, recordando que uno de sus argumentos para la independencia es «definir nuestro modelo de país», un modelo que muestra claras discrepancias entre Junts y las organizaciones independentistas tras esta votación.
Cambio estratégico de Junts.
Efectivamente, el apoyo de Junts, junto a PP y Vox, en oposición a la regulación propuesta por el Sindicato de Inquilinos, sigue la dirección de la transformación ideológica iniciada por el partido de Carles Puigdemont. Esto se evidencia en su discurso sobre inmigración, donde la asocia en ocasiones a la inseguridad, o su respaldo a grandes infraestructuras. Resulta distante de los días en los que Junts compartía objetivos con ERC y la CUP. Fue en esa época cuando un consejero de Junts, Damià Calvet, promovió la Ley de Vivienda Catalana que obligaba a los dueños a proporcionar un alquiler social a inquilinos vulnerables, incluyendo okupas sin titulo habilitante.
No es la primera situación en que Junts une sus votos a los de PP y Vox para resaltar la falta de fortaleza del Gobierno. Sin embargo, esta vez, el partido independentista está experimentando dificultades para justificar su cambio de postura de último momento. Esta situación ha incentivado a grupos independentistas como Arran a unirse al Sindicato de Inquilinos y a convocar manifestaciones de protesta frente a las sedes de Junts en Barcelona y Girona.
Puigdemont ha reaccionado a esto al defender el voto de su partido este miércoles, mediante un extenso mensaje en redes sociales en el que utiliza al gobierno como blanco para rechazar las críticas hacia su partido. Puigdemont pasa por alto el tema de la votación, la regulación de la vivienda, y alerta a Pedro Sánchez que «considerar como un problema» que los grupos parlamentarios tengan control sobre el gobierno «impulsa los discursos populistas que demandan gobiernos sólidos».
Puigdemont reitera que «el Gobierno debe recordar que no posee una mayoría absoluta. No la poseen en España, ni en Cataluña, ni en Barcelona». Estas han sido las bases «desde el principio», añade; «¿no se negocia un decreto, una legislación, un nombramiento? entonces, no pueden asumir automáticamente nuestro voto».
El abrupto cambio de voto que descarriló la ley de vivienda hizo que otro importante proyecto de Junts pasara inadvertido: la modificación del Código Penal para combatir la reincidencia delictiva. Junts ha dedicado gran cantidad de esfuerzos a este proyecto legislativo debido a la prevalencia de la reincidencia delictiva en varios de los municipios gobernados por alcaldes neoconvergentes. Junts lideraba el proyecto de modificación, al que se unieron tanto el PSOE como el PP, cuyos alcaldes también están preocupados por el sentimiento de inseguridad que generan los delincuentes reincidentes.
