El Tribunal Supremo está en el proceso de determinar si aceptará una demanda en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la abogada de Estado Zaida Isabel Fernández, acusados de utilizar recursos del gobierno para presentar una demanda contra el juez Juan Carlos Peinado.
Esta demanda fue originada por la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) y se amplió después de que Sánchez usara los recursos legales del gobierno para levantar una demanda contra Peinado, el juez que tiene a su esposa bajo investigación y que fue convocado a La Moncloa para interrogarlo como testigo.
En una orden judicial del 4 de septiembre al que tenemos acceso, el Tribunal está siguiendo el procedimiento estándar para cualquier demanda que se presenta en el Supremo, incluyendo su registro y la asignación de los miembros de la Sala Penal que determinarán el curso de la demanda. Estos incluyen al presidente Manuel Marchena y a los jueces Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela, quienes se encargarán de evaluar si se abre una investigación o si se archiva.
Manuel Romeral, el presidente de la asociación demandante, presentó esta denuncia contra Sánchez y Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas entre funcionarios y encubrimiento el pasado 20 de mayo. Esto fue poco después de que Peinado abrió la investigación contra Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En ese momento, sólo se denunció a la pareja, pero posteriormente, según adelantó ‘The Objetive’ y fue confirmado por nosotros, la demanda se expandió debido al supuesto uso personal del presidente de la Administración. Es decir, por usar a la Abogacía del Estado para demandar al juez Peinado.
Por tanto, la extensión está orientada hacia la abogada que ha presentado una queja contra el juez Peinado por prevaricación y hacia Bolaños cuyo ministerio tiene a cargo los servicios legales del Gobierno. En este momento, el Supremo ha referido el caso al Ministerio Público para emitir una opinión acerca de si procede el inicio del caso y ha nombrado a Marchena como el juez instructor.
