La incertidumbre rodea al futuro del Plan de Acción por la Democracia, conocido como el esfuerzo de regeneración democrática del gobierno. Dado el arduo trabajo y la inestabilidad de los respaldos al Ejecutivo en esta legislatura, es probable que se enfrente a contratiempos.
El objetivo es implementar el plan gradualmente durante los tres años restantes de legislatura que La Moncloa anticipa, siendo plenamente consciente de las dificultades. Pero la decisión de agotar o adelantar las generales recae en el presidente Pedro Sánchez.
El proceso de negociación y aprobación de las medidas se llevará a cabo en fases.
No se prevén dificultades en las que dependan únicamente del gobierno. Sin embargo, la mayoría requerirá apoyo parlamentario, lo cual no será fácil, especialmente en temas delicados como el control de los medios o la reforma de las leyes que rigen el honor y el derecho a rectificación. Las críticas hacia la Corona también podrían ser objeto de discusión, con la posibilidad de despenalizarlas.
La coalición mayoritaria liderada por el PSOE prefiere proceder con prudencia, mientras que Junts, con sus constantes advertencias al gobierno y su actitud errática en el Parlamento, añade un elemento de incertidumbre a la ecuación. Este grupo no forma parte del bloque de izquierda, pero su influencia en estas decisiones no puede ser pasada por alto.
El documento, identificado como ‘ambicioso’, no profundiza en los detalles ni proporciona especificidades. La administración aún no ha indicado cuál será la primera acción que implementará. Un plan de 31 medidas, presentado este martes por el Consejo de Ministros en un documento de 28 páginas, solo es un bosquejo inicial. Claro, proporciona una secuencia sistemática de las ideas planteadas por Sánchez en julio en el Congreso, pero no va más allá en los detalles. No proporciona ninguna precisión vital. Todo depende de cómo el gobierno desarrolle y siga esta guía y de los acuerdos que pueda establecer en la legislatura en los próximos tres años. Félix Bolaños, Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, junto con Ernest Urtasun, ministro de Cultura de Sumar y promotor del programa de regeneración, no quisieron adelantar qué será la primera medida en materializarse. En principio, se establecerá una comisión interministerial para monitorear y fomentar este «ambicioso» plan, que se reunirá al menos cada tres meses.
Durante su aparición en la Moncloa después de la sesión del Consejo de Ministros, los dos representantes del Gobierno subrayaron que gran parte de su plan se basa en initiatives de la Unión Europea, como el Plan de Acción para la Democracia iniciado por la Comisión en 2020 y complementado en 2023, y el Acta Europea de Libertad de Medios, aprobada por el Parlamento Europeo y vigente desde mayo pasado. Ambos utilizaron estos ejemplos para persuadir a los grupos de que incluso las propuestas más controversiales del gobierno, como el registro de medios que supervisará la Comisión Nacional de Mercados y Competencia reestructurada (CNMC), se alinean con la normativa europea.
Bolaños y Urtasun enfatizaron que todas las medidas, incluyendo las potencialmente polémicas, son emanadas de la UE y respaldadas por un «amplio consenso». El plan es «meticulosamente calculado y cumple plenamente con las directrices europeas», insistió el Presidente.
Bolaños destacó que la regulación de la libertad de los medios fue corroborada por el Parlamento Europeo también con un «amplio consenso», incluyendo el apoyo del Partido Popular Europeo. Cuestionó si Alberto Núñez Feijóo estaría dispuesto a divergir de la opinión de sus colegas en Bruselas. «¿Se busca fortalecer la democracia en Europa mientras en España se prefiere alimentar la desinformación y el alboroto?», propuso el Presidente. Según él, el programa esta «minuciosamente elaborado», es «decididamente europeo» y será respaldado por un «consenso amplio y aceptado por los grupos».
«Acogida y aprecio»
Urtasun admitió que se requiere esfuerzo para garantizar los votos, sin embargo, subrayó que muchas de las propuestas presentadas en el manifiesto han sido recibidas por los grupos de manera positiva ya que en ciertos casos, ellos mismos las han solicitado. Bolaños, por su parte, coincidió en que es difícil obtener respaldo de manera general, ya que se irá consolidando «con cada ley, con cada iniciativa», en un proceso diario. El ministro enfatizó que aún queda mucha labor por hacer, dado que es necesario traducir cada medida en una reforma legal, un proceso complejo.
A pesar de los desafíos evidentes que caracterizaron esta legislatura, prevalece el entusiasmo por los logros hasta la fecha: solo en el primer año tras la investidura de Sánchez, se han implementado completamente cinco leyes y se han ratificado seis reales decretos leyes. Si se expande la perspectiva, como solicitó Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, los números parecen más alentadores para la coalición: de un total de 541 votos, se han obtenido 502.
Ambos ministros admitieron la necesidad de «trabajar» los votos, «con cada medida y ley», pero confían en que podrán ir avanzando paso a paso.
No obstante, el Gobierno celebró el avance político conseguido este martes: se abordó por primera vez una «política mediática», en palabras de Urtasun, relacionada con un debate que también se está dando en Europa, para combatir los «pseudomedios» que promueven «desinformación» y rumores perjudiciales para la democracia. «Hoy es un buen día para los medios de comunicación que se esfuerzan por informar correctamente y un mal día para los pseudomedios que difunden rumores», destacó Bolaños.
El proyecto propuesto comprende una variedad de medidas, incluyendo la creación de un registro de medios manejado por la CNMC tras una reforma de su estado, el análisis y modificaciones a la ley de publicidad institucional con el objetivo de distribuir de manera más equitativa los recursos y evitar que los medios con escasa audiencia sobrevivan únicamente de ella. Además, se garantiza un sistema de medición de audiencias transparente y justo y se propone la instauración de una comisión anti-fake news en el Congreso. Aunque los periodistas demandaron detalles durante una conferencia de prensa, el Gobierno no pudo proporcionarlos, ya que muchos de estos asuntos están pendientes de negociaciones parlamentarias.
El plan no sólo se ocupa de establecer un nuevo sistema regulatorio para los medios de comunicación, sino que también tiene miras en realizar reformas en la administración y en el Congreso y Senado. Este abarca desde la obligación de los gobiernos autónomos y locales de entregar informes semestrales sobre el cumplimiento de sus compromisos, hasta la regulación de los debates electorales. También se trata la publicación de microdatos en encuestas electorales, la creación de una ley de lobbies, además de la exigencia de debates anuales acerca del estado de la nación y el endurecimiento de sanciones para legisladores que no presenten sus declaraciones de bienes.
Como parte del plan también se encuentra la promesa de siempre de reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una demanda persistente del PNV que nunca se materializa. El borrador de la modificación que se desarrolló en la última legislatura, que no tenía el respaldo de los grupos, es una base firme para avanzar ahora, según Bolaños. Sin embargo, esta promesa no es suficiente para los nacionalistas vascos, quienes alertaron que el anteproyecto propuesto para 2022 «implicaría que los plazos para la desclasificación de documentos serían hasta el doble de los propuestos» por ellos.
Según Sumar, se ha conseguido proteger la libertad de expresión, considerándola vital para consolidar la democracia. Además, han destacado que esta protección también incluye a la monarquía.
Para Sumar, la reforma global de los delitos vinculados a la libertad de expresión y la producción artística era esencial. Además, en situaciones que incluyen a las instituciones del estado, plantean delitos contra las emociones religiosas o la ridiculización pública, se han tomado medidas para modificar su interpretación legal para ser comparable a los países circundantes y seguir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en casos de difamación y ofensas legales pertinentes.
Las decisiones legales del TEDH
Esta versión es la que se encuentra en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar. En cuanto a la despenalización de ofensas religiosas, no hay dudas. Sin embargo, hay discrepancias en la interpretación de los insultos al Rey. Sumar indica que, a pesar de las primeras reticencias de los socialistas, se ha logrado proteger la libertad de expresión, beneficiando el fortalecimiento de la democracia. La redacción literal del acuerdo incluye claramente a las «instituciones del Estado», lo que incluye a la monarquía, según Sumar, ya que no solo menciona las instituciones del estado en general, pero también se refiere a una jurisprudencia que incluye decisiones sobre la monarquía.
Bolaños no dice directamente que la reforma acordada incluye insultos a la monarquía. Solo hace referencia a la «instituciones del Estado» que aparece en el texto.
Sumar hace referencia a tres fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para justificar su posición. El primer dictamen data del 15 de marzo de 2011 y obligó a España a compensar a Arnaldo Otegi luego de violar su derecho a la libertad de expresión por tildar al rey como «líder de los torturadores». En ella segunda, del 13 de marzo de 2018, el tribunal condenó a España por penalizar a protestantes que incendiaron una imagen de los reyes en un acto público en 2007. El último fallo, anunciado el 8 de junio de 2023, estableció que la libertad de expresión no se limita a las ideas que se consideran inofensivas, sino que también se extiende a aquellas que «ofenden, impactan o perturban al Estado o a cualquier grupo de la sociedad». Enrique Santiago, portavoz de Sumar en Interior y Justicia, respaldaba estos argumentos acogiendo una postura inequívoca.
Por otro lado, el PSOE no considera que la cuestión sea tan clara. Durante una conferencia de prensa en la Moncloa, Bolaños evitó entrar en controversias. Sin mencionar de forma explícita si la reforma acordada abarca los insultos a la Corona, hizo referencia a la mención de las «instituciones del Estado» en el texto. Sin embargo, tanto Bolaños como Urtasun confirmaron que lo que se ha acordado es una revisión exhaustiva de los delitos relacionados con la libertad de expresión, con el objetivo de alinearse con el contexto y la jurisprudencia europeos.
Desde el sector socialista recuerdan que los delitos contra la Corona y las instituciones estatales no se agrupan en el mismo apartado del Código Penal en vigor. Ambos se clasifican en el título XXI – delitos contra la Constitución – pero están en secciones diferentes; el II se dedica a la Corona y el III, a las instituciones estatales. Esto significa que el diseño del plan permite diferentes interpretaciones para los dos socios de la coalición. El efecto se determinará a través de las negociaciones con los socios parlamentarios. «Vamos a ver si contamos con la mayoría», dice un ministro socialista. Lo que se descarta es la despenalización de la glorificación del terrorismo. A pesar de que Sumar lo promovió, el PSOE estaba absolutamente en contra y no se incluyó. Tampoco se ha incluido ninguna proposición para la reforma del sistema judicial, un asunto que los socialistas resolvieron con el PP cuando acordaron la renovación del CGPJ en junio.
El plan se considera insuficiente por los socios
En el gobierno admiten en privado que la factibilidad del plan es incierta. Principalmente, algunas reformas «profundas y sensibles», como la de las leyes respecto al honor, la privacidad y la corrección. Este proceso de revisión también surge del descontento de los miembros del gobierno que se sienten «acosados» e invadidos por «medios falsos» hasta en su vida privada.
Desde el gobierno insisten en que han sido «completamente meticulosos». ERC califica el plan como «cosmético» y «charlatanería», el PNV lo considera «impreciso» y señala: «Esta no es una legislatura para legislar».
A pesar de las objeciones, los socialistas sostienen que el proyecto propuesto, que aún está en desarrollo, es «absolutamente riguroso», incluso en la sección más delicada que se refiere a los medios de comunicación. «No existe una amenaza a la libertad de información. Aquellos que distribuyen información no deberían sentirse implicados. No se está sugiriendo que se restrinja la libertad de edición, de ninguna manera. Esto es una protección para el periodismo», sostiene un ministro importante.
Este martes, los socios ya expresaron su descontento con la serie de propuestas presentadas en Moncloa. ERC lo calificó de «cosmético» y «charlatanería pura». Podemos no dará su apoyo si no se obliga a los «grandes presentadores» y directores de programas de televisión a emitir una declaración de intereses. Bildu ve «aspectos positivos», pero demanda la reforma de la ley mordaza y la de Secretos Oficiales. El PNV se mostró insatisfecho porque las medidas son «vagas». Los Jeltzales insistieron que el texto «no ha sido acordado» y desconocen «el contenido exacto». «Pero esta no es una legislatura para legislar, y menos para proponer medidas sin consultarlo con quienes proporcionan apoyo parlamentario», advirtieron.
Los crímenes contra la Corona y los crímenes contra las instituciones del Estado están comprendidos en diferentes secciones del Código Penal, pero bajo el mismo título de delitos contra la Constitución.
Todo, incluso este proyecto, se halla inmerso en lo efímero. Particularmente, la ley que el Gobierno precisaría para consolidar la legislatura, es decir, la de los Presupuestos del Estado. El equipo de Sánchez reconoce que en las actuales circunstancias, llegar a un acuerdo con Junts y ERC, especialmente a punto de celebrar sus respectivos congresos, se antoja complicado. Esta incertidumbre también afecta en cierto modo al PNV, que no está dispuesto a gastar «balas» tan preciadas como la de apoyar las finanzas del Estado sin tener claro si contará con el apoyo de los independentistas catalanes. Justamente este martes, el PSOE sufrió una nueva desilusión de parte de Junts, que sorpresivamente cambió de dirección a último momento y se negó a tramitar una propuesta de ley impulsada por organizaciones de la sociedad civil y grupos de inquilinos destinada a combatir el fraude en los contratos de alquiler temporal y de habitaciones. Es otra advertencia de los posconvergentes, y puede que no sea la última. Con estos elementos, la legislatura avanza y el presidente tiene la intención de llevarla a buen puerto. Sin embargo, las dudas sobre si lo conseguirá permanecerán.
