La batalla jurídica iniciada por los vigilantes de Seguridad encargados de la protección interna del complejo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) contra los guardias civiles que resguardan el exterior ha llegado a su fin. Los primeros acusaban a los segundos de presuntos delitos como desobediencia, coacción, amenazas y falsedad.
Entre los acusados estaba el subteniente José Luis Rodríguez García, implicado en el ‘caso Koldo’. Este fue grabado intentando introducir personas al ministerio sin ser registradas en la entrada. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que los hechos no son de gravedad y ha respaldado la disposición del caso.
El conflicto surgió a raíz de un cambio en la estructura de seguridad durante el mandato del exministro José Luis Ábalos, quien sustituyó a un guardia civil por un inspector de Policía. En mayo de 2023, este cambio provocó un rebote cuando el coronel líder de la Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita envió una orden «confidencial» al Ministerio (entonces dirigido por la ministra Raquel Sánchez) alegando que, desde junio de 2022, el director de Seguridad había dado «órdenes a los vigilantes de seguridad privada contra los guardias civiles […] con el propósito exclusivo de obstruir, si no prevenir, el normal funcionamiento de los servicios que la fuerza pública proporciona en dichas instalaciones».
El informe, que mencionaba «ataques armados contra las autoridades», permitía que los guardias accedieran armados al recinto, lo que violaba el protocolo interno del edificio. El Ministerio del Interior, a pesar de las múltiples solicitudes de los sindicatos y de este medio, se mantuvo al margen de la situación, que según las partes interesadas, se estaba volviendo cada vez más tensa.
Las relatos de los guardias de Seguridad variaban grandemente. Según ellos, interactuar con el Teniente Segundo José Luis Rodríguez y sus colegas en Nuevos Ministerios era un desafío. La atmósfera de trabajo empeoró hasta el punto en que hasta ocho guardias estaban de baja laboral simultáneamente. Los «ataques verbales» que algunos reportaron fueron documentados en grabaciones como la que este medio liberó.
Rodríguez dijo: «Como el líder de este departamento, es decir, del área de seguridad aquí, no me otorga el permiso una empresa de seguridad privada para permitir el paso de un vehículo que yo indico debe pasar. Eso es un total absurdo. Veremos cómo concluye todo esto».
Un trabajador respondió: «Perdona, es el departamento de Seguridad que está bajo el control del Ministerio el que no le autoriza».
Rodríguez replicó: «Correcto. Entonces, por esta razón, dado que no deseo más alboroto aquí en frente de esta persona porque no necesito explicar para qué está aquí. Viene a tomar un café o algo más. Me preocupa mucho la reputación y este señor no necesita saber lo que sucede… así que le he recomendado que vaya a otro lugar y se disculpe. Esto no transcurrirá de esta manera. Si un oficial superior viene aquí y ustedes no me permiten pasar o me lo impiden físicamente, llamaría a las Fuerzas y los arrestaría por obstruir la obstrucción del agente de la autoridad en el ejercicio de sus deberes (sic)»
— «Esto es así, os lo comunico para que estéis informados. ¿Quién siempre está más expuesto? Los más vulnerables, que sois vosotros».
En este contexto, doce guardias de seguridad se unieron para formular una denuncia contra varios miembros del Instituto Armado con quienes compartían espacio. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid desestimó el caso en abril, un paso que acaba de recibir el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. En un documento al que tuvo acceso El Independiente, los jueces señalan que la disputa, de hecho, se relaciona con «un conflicto de competencias que debe ser dirimido en otra jurisdicción, no en la penal». Las autoridades judiciales reprimen ya que las denuncias carecen del mínimo carácter punitivo y, si se tratara de delitos menores, estos ya estarían prescritos. De esta manera, la justicia remite a los afectados hacia otro canal si quisieran iniciar un pleito contencioso.
En otro frente, el subteniente Rodríguez está siendo investigado en la Audiencia Nacional en el contexto del llamado ‘caso Koldo’. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye un papel de «máxima relevancia» en la red de adjudicaciones fraudulentas de contratos de mascarillas durante la pandemia. «La conexión observada entre Koldo García Izaguirre y José Luis Rodríguez vincula directamente el nivel más alto de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las empresas en las que se ha reinvertido parte de las ganancias», señala el fiscal.
Según el informe, el oficial supervisaba un negocio de pizarras que la trama empleaba con el fin de lavar dinero. Las intervenciones telefónicas realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil evidenciaron que él mismo confirmó sus actividades comerciales. «Lo que invierto aquí no es dinero proveniente de mis ahorros personales, ¿entiendes? Está lejos de eso. De hecho, una de las empresas que ha financiado esto es la que adquirió todas las mascarillas en España», según narró el investigado.
