El comentario inicial pudo haber sido fácilmente ignorado en el comité federal del PSOE, ya que el propósito principal del encuentro no era rediscutir el curso de la legislatura, sino debatir sobre la financiación autonómica motivada por el acuerdo fiscal de PSC y ERC.
Sin embargo, la expresión impactante de Pedro Sánchez la hizo ineludible. Sánchez expresó firmemente su intención de perseguir su programa, independientemente de si recibe el apoyo de la oposición o la participación de un Legislativo que, en su opinión, debe ser más generador y menos limitante.
Esta advertencia retórica, vista entonces como un desafío al Congreso y a los grupos parlamentarios, también se interpretó en Ferraz como una señal para Junts, su socio más difícil y potencialmente disruptivo. En ese momento, la postura causó incomodidad en el partido.
Sánchez decidió retractarse de sus afirmaciones iniciales este lunes, decidiendo revisar y reinterpretar sus propias palabras para evitar alejar a los socios cuyo apoyo necesita en cada votación. El entonces lehendakari Iñigo Urkullu ya había esbozado esta necesidad antes de la nueva investidura. En su primera reunión con los diputados, senadores y eurodiputados del nuevo año legislativo, Sánchez enfatizó la importancia del «diálogo» y de comprender a las otras partes, prometiendo darlo todo en cada negociación para lograr que sus reformas se apliquen. Este tono conciliador contrasta con el que utilizó en el comité federal del partido hace menos de diez días, un cambio que sus seguidores celebraron inmediatamente al ser consultados por este periódico.
La mención sobre proceder con o sin la participación del Legislativo fue un comentario indeseado, que fue convenientemente rectificado el lunes. Resaltar el progreso conseguido por un Gobierno en minoría, y en esta legislatura, es crucial. El esfuerzo constante para alcanzar acuerdos es significativo, de acuerdo a un miembro del liderazgo federal. La realidad es que en esta legislatura, hay mucho trabajo por hacer, se reiteró desde Ferraz. Tras la intervención del líder del Ejecutivo, no hubo intercambio con los parlamentarios; el principal tema de discusión fue la semana en las Cortes.
En su discurso, Sánchez cambió notablemente su tono. «Me comprometo a dar mi máximo esfuerzo para que la agenda de progreso siga adelante». Prometió trabajar en colaboración con la Unión Europea, los gobiernos de los Estados miembros, los gobiernos autónomos y locales para construir acuerdos. Aludiría igualmente a la cooperación dentro de los grupos parlamentarios y territorial. Con las elecciones superadas tras la realización de cuatro comicios en los últimos seis meses, Sánchez afirmó la estabilidad del Gobierno y la necesidad de negociar soluciones a los problemas y demandas ciudadanas. El Ejecutivo tiene claridad en este sentido: «Vamos a hacerlo, mi mano está extendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y sumar. Y hoy os ruego que hagáis lo mismo aquí, en el Parlamento».
El mandatario insta a sus diputados a adoptar una «política de diálogo y consenso», a ser «proactivos», a no desperdiciar «tiempo con aquellos que sólo buscan destruir» y a colaborar «con los que deseen construir». «Os invito a ser receptivos a las ideas y necesidades de otros grupos políticos, sin desatender las nuestras —continuó—, y a realizar todo de manera natural, sin excesos y con gran orgullo de lo logrado y de lo que debemos hacer en estos próximos tres años».
«Si queremos, podemos»
«Si queremos, podemos. Y como queremos, claramente podemos. Así que no permitamos que se nos confunda por aquellos que buscan transformar el Congreso y el Senado en un espectáculo poco digno», instó. En un gesto hacia sus aliados parlamentarios, reconoció que son fuerzas «distintas», con posturas en algunos casos «irreconciliables», pero vinculadas por la preocupación de evitar una «ola ultra» que devuelva a España a una «época sombría».
El ritmo de la actividad legislativa ha caído considerablemente. Desde el inicio de la legislatura, solo se han aprobado cinco leyes y ratificado seis decretos leyes. La labor del Gobierno no es nada fácil, ya que pronto presentará ante el Congreso una segunda votación sobre la senda de estabilidad —la cual fue rechazada en julio por Junts, al igual que el PP y Vox— y tiene la firme determinación de introducir el Presupuesto General del Estado 2025 en las Cortes, pero las cifras aún no le favorecen. El principal problema reside en la oposición de los posconvergentes con respecto a la investidura de Salvador Illa, quienes han dejado claro que examinarán a fondo cada aspecto, desde la elaboración de cada ley, dado que no pertenecen a ningún partido político. La principal preocupación para el Gobierno sigue siendo Carles Puigdemont, tal y como lo ha sido anteriormente.
El desafío de establecer mayorías se evidencia en el marcado descenso del ritmo de trabajo legislativo. En casi el primer año de la legislatura, sólo se han ratificado cinco leyes completa —entre ellas, la amnistía— y se han validad seis reales decretos leyes. Durante el mandato anterior, se aprobaron 216 iniciativas legislativas en casi cuatro años, hasta la disolución de las Cámaras el 29 de mayo de 2023. Ahora, todo le resulta más difícil al Gobierno. Mucho más difícil.
El Consejo de Ministros, encabezado por el titular de la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentará este martes un plan para revitalizar la democracia, dirigido a contrarrestar lo que consideran «la máquina de la desinformación». Hasta el momento, los detalles concretos de este plan se han mantenido en secreto en la Moncloa, con el objetivo de recuperar la dinámica política.
Antes del período de verano, tanto Bolaños como el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, iniciaron un diálogo con todos los partidos políticos en los que discutieron sus respectivas prioridades, como eliminar la llamada ley mordaza y establecer una nueva ley de secretos oficiales para reemplazar la que data de la era franquista de 1968.
Este plan de acción democrática, resguardado por la constitución y apoyado tanto por la Comisión Europea como por el Parlamente Europeo – en base al reglamento europeo sobre la libertad de medios de comunicación aprobado en marzo de 2024 – es una respuesta a las campañas de desinformación, las falsedades, la presión sobre los periodistas y la corrupción, según el presidente. Este plan tiene como objetivo fortalecer la democracia española, señalando el derecho de los ciudadanos a una información verídica y defender los valores de transparencia y pluralidad en el Congreso, el Senado y el ecosistema informativo del país.
Aquí, Sánchez invocó la cooperación del PP, esperando que su serie de medidas contra la desinformación atraiga el aval de «todos los demócratas de nuestra nación». «Sería incomprensible que en Estrasburgo den luz verde a algunas ideas y luego aquí, en la Cámara de Representantes, voten en contra de esas mismas propuestas», añadió. Sin embargo, el PP anunció seguidamente que no apoyaría los proyectos del Gobierno.
Antes y después del periplo a Nueva York
Sánchez también tiene la intención de poner de relieve esa comunicación institucional con los dirigentes regionales. Este viernes, 20 de septiembre, comienza su ronda de reuniones con ellos. El primero en ser convocado será Imanol Pradales, el lehendakari, a las 10 de la mañana. A las 12.30, será recibido el líder de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y a las 4 de la tarde, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, será el último del día. Las conversaciones continuarán al final de la próxima semana, cuando Sánchez vuelva de su travesía a Nueva York, para asistir a la inauguración del 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este viernes, Sánchez inicia su ciclo de encuentros con los presidentes autonómicos, siendo Pradales, Moreno y Rueda los primeros en la lista. Illa, por otra parte, ha tenido que retrasar su turno debido a su visita programada a la región del Priorat, una zona severamente afectada por los incendios forestales.
En la Moncloa, se ha hecho el esfuerzo de ponerse en contacto con los líderes regionales siguiendo el orden de aprobación de sus estatutos, y se les invita siguiendo ese mismo patrón, siempre que sus responsabilidades lo permitan. Esto explica el por qué Moreno aparece antes que Rueda en la lista, a pesar de que la ley de Andalucía se aprobó después. Asimismo, explica el motivo por el cual aún no se ha fijado una fecha para la reunión con Salvador Illa, el nuevo president de la Generalitat, quien ocupa el segundo lugar en la precedencia después de Euskadi.
Según las fuentes del Govern, Illa no podrá trasladarse a Madrid este viernes debido a su visita programada a la zona del Priorat, la cual fue severamente golpeada por los incendios forestales y la sequía. Illa, dicen, tenía un compromiso previo con los alcaldes de la región. Sin embargo, aseguran que dado su estrecha relación con el presidente, no tendrá problema en ajustar su fecha para el encuentro con Sánchez, ya que mantienen un constante diálogo.
Sánchez no confrontará dificultades con los líderes de su propia agrupación política, salvo con Emiliano García-Page de Castilla-La Mancha. No obstante, los mandatarios del Partido Popular podría ser un obstáculo. Sánchez presentó este lunes una propuesta de presupuesto nacional que busca mantener la inversión pública realizada en los últimos años y asignar unos adicionales 5.000 millones de euros para los gobiernos autónomos, las provincias, los «consells» [y cabildos insulares] y las municipalidades para aumentar el apoyo a políticas públicas. Aunque no se dieron más detalles, desde el Ministerio de Hacienda se sugiere que estos 5.000 millones de euros equivaldrían a los ahorros que las comunidades autónomas y localidades tendrían que hacer si no se aceptan los objetivos de déficit sugeridos por el Gobierno, que son más indulgentes. En otras palabras, el presidente empieza su diálogo con los gobernantes regionales aplicando presión y prometiendo financiación adicional. El Partido Popular será el que tendría que apoyar esta propuesta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La negativa a hacerlo, según los comentarios recientes de la Vicepresidenta Primera, María Jesús Montero, le costaría a las administraciones autónomas y locales una reducción de 11.550 millones de euros durante el periodo 2025-2027.
En la conclusión de su discurso, Sánchez subrayó de forma vehemente que el hecho de tener gobiernos minoritarios es común en España y en Europa, a pesar de las afirmaciones en contrario del Partido Popular. Destacó la supuesta victoria del PP al conseguir el respaldo de otros grupos para nombrar a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Según él, la «diversidad» es una «constante» en la UE y España, incluso en regiones lideradas por el PP, aunque no tienen mayoría absoluta y han sido recientemente abandonadas por Vox. Poco antes, Patxi López, el portavoz parlamentario socialista, ofreció datos acerca de la mayoría que respalda al gobierno: de 541 votaciones realizadas en la legislatura hasta el momento, el Ejecutivo ha ganado 502. Asimismo, Sánchez recordó que gobiernos minoritarios han logrado importantes avances, como los de la UCD (ley del divorcio) y PSOE (matrimonio igualitario, ley contra la violencia de género, ley de igualdad, ingreso mínimo vital y reforma laboral).
El presidente enfatizó que, contrariamente a lo que sostiene el PP, la “variabilidad” y la fragmentación parlamentaria son habituales en Europa y también en España. Su intervención estuvo impregnada de un optimismo desbordante. «Ellos solo hablan, mientras nosotros actuamos. España cuenta con un gobierno esperanzado ante la desesperación de una oposición destructiva. Hemos logrado muchas cosas, de las que podríamos poner numerosos ejemplos, pero aún queda mucho por hacer». En el Partido Socialista, se tiene en cuenta una reflexión del ex primer ministro italiano Giulio Andreotti: que, al final, el poder desgasta, pero solo a quien no lo tiene. Y esa es la situación del PP, que aspiraba a la Moncloa pero no logró alcanzarla.