Los dueños de licencias de viviendas destinadas al turismo en Cataluña ya están presentando demandas contra la Generalitat con un valor que asciende a 1.000 millones de euros. Según estimaciones de Apartur, la asociación que representa a los pisos turísticos en esta región, este monto podría llegar a incrementarse hasta los 7.000 millones.
Esta situación surge como reacción a lo que Apartur considera una «expropiación oculta» con la nueva regulación establecida por el gobierno de Pere Aragonès para frenar el rápido crecimiento de este tipo de alojamiento turístico. Durante la primavera pasada, el gobierno catalán decretó que las licencias de los pisos turísticos tendrían una vigencia de solamente cinco años.
Esta normativa ha sido adoptada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha anunciado que en el 2028 se suspenderán todas las licencias para este tipo de viviendas en la capital de Cataluña. Esta decisión afectaría a un total de 10.000 viviendas turísticas que, de acuerdo a Apartur, representan el 45% del total de la oferta de alojamiento en Barcelona. Ante este anuncio de Collboni, la asociación ha lanzado una serie de reclamaciones que podrían costarle al gobierno catalán hasta 7.000 millones de euros. Ante el cierre del plazo para presentar recursos el próximo 8 de noviembre, varios de los afectados todavía se encuentran en trámite para unirse a estas acciones legales.
Advierten que el decreto que contempla la confiscación de licencias es ilícito, dado que la legislación Catalana no prevé indemnizaciones económicas en casos de expropiación. Frente a esta ausencia de compensación financiera, los propietarios de inmobiliario turístico tienen el legítimo derecho de solicitar a la Generalitat el monto que surge de un cálculo basado en los gastos de los últimos cinco años y los beneficios potenciales de mantener la actividad, es el argumento presentado por Apartur para apoyar sus cálculos.
Según la regulación catalana, a partir de 2028, las autoridades locales serán responsables de renovar o no esas licencias, con un límite máximo de diez propiedades turísticas por cada cien residentes. PSC y Junts se aliaron en su momento para detener el decreto y suavizar la medida, permitiendo que cada gobierno local determine el porcentaje de pisos turísticos en su localidad. Sin embargo, el PSC acordó con los Comunes mantener esa limitación en el pacto de inversión de Salvador Illa.
Apartur sostiene que el decreto de ley de la Generalitat representa «una concreta expropiación de las licencias de las viviendas turísticas en 2028». Desde esta organización patronal añaden que, aunque aún falten cuatro años para la expiración de las licencias, «los impactos adversos de la nueva regulación ya se han empezado a sentir» en forma de inseguridad entre empleados y clientes, la imposibilidad de amortizar las inversiones y la depreciación de las propiedades.
Ante una inminente expropiación encubierta en la que debería haber una indemnización financiera a los dueños, niegan que ya estamos en una situación totalmente sin precedentes, que va en contra de cualquier garantía jurídica, de la Constitución y del derecho de la Unión Europea», advierte Marian Muro, directora general de Apartur.
Además de defender los derechos de los propietarios de apartamentos turísticos, la Asociación Patronal también ha presentado un estudio elaborado por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que depende del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat. Esta autoridad señaló que el decreto para las viviendas turísticas es abusivo e indiscriminado, infringiendo los principios de necesidad y proporcionalidad. Ante este hecho la ACCO hizo un llamado al Gobierno para que se implementara una regulación cuidadosa y eficiente.
El informe de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia también se mostró contrario a tal decreto y puso en duda la proporcionalidad de las acciones llevadas a cabo. Igualmente, el Tribunal Constitucional aceptó la consideración de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, mientras que la Comisión Europea inició un procedimiento por incumplimiento de la legislación comunitaria a raíz de la aprobación de la normativa por parte de la Generalitat.
Ante esta circunstancia, Muro sostiene que «la justicia finalmente se pondrá de lado del sector». No obstante, la patronal insta firmemente a todos aquellos afectados que aún no lo han hecho a presentar sus reclamaciones pecuniarias antes de que el plazo expire, en caso de que la norma no sea revocada.
Desde Apartur seguimos defendiendo una «regulación justa y equitativa» que prevenga la desaparición de este alternativo modo de alojamiento que equivale al 40% del alojamiento reglamentado en Barcelona. Mayormente usada por el turismo familiar, da empleo a aproximadamente 5.000 trabajadores de forma directa e indirecta y aporta más de 347 millones de euros anuales a las finanzas públicas de Barcelona.
