El Partido Popular (PP) declara su separación de cualquier esfuerzo del Gobierno para ‘censurar’ o ‘encubrir’ investigaciones judiciales con su estrategia de renovación democrática presentada este martes en la Moncloa. El representante del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, manifestó tal posición poco después, insistiendo en que la intención de Pedro Sánchez es desviar la atención de los casos pendientes en contra del caso Koldo, de la supuesta corrupción en las operaciones privadas de su esposa Begoña Gómez y del tráfico de influencias, y de la ‘presión’ a la prensa crítica.
Sin embargo, desde el PP optan por no realizar una evaluación más detallada hasta que el texto propuesto por los socialistas sea estudiado ‘a fondo’, según fuentes del partido. Cabe aclarar que estas reformas, que abarcan más de diez leyes, departamentos y ministerios, se proponen en vista de un proceso parlamentario que durará al menos tres años.
Cada una de las tramitaciones en el Congreso y el Senado será complicada.
Además, como destacó el propio Tellado, una de las directrices claras que el PP seguirá es cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea. Esto, creen, no está asegurado con Sánchez. Por tanto, los populares presentarán una estrategia de regeneración propia que anunciarán próximamente, aseguran. Desconfían del Gobierno, admiten. Todo a pesar de que, tras revisar El Independiente el documento propuesto publicado por la Moncloa, la mayoría del contenido podría ajustarse a las recomendaciones europeas, excepto el primer eje que es más técnico.
El segundo de los tres pilares integrados, que se refiere a la normativa en torno a la publicidad institucional de la que dependen los medios de comunicación y la transparencia, puede ser interpretado como una extrapolación del marco jurídico europeo en relación con la Libertad de los Medios de Comunicación. Esta iniciativa insta a la protección de las fuentes y la lucha contra la desinformación, pero no ofrece detalles sobre los mecanismos para lograrlo. Se incluye la creación de una comisión parlamentaria para enfrentarlo. En un contexto más amplio que los medios de comunicación, España es el único país de la UE que aún mantiene indefinida la protección de los secretos oficiales, una demanda que el PNV ha estado haciendo durante mucho tiempo y que ahora Sánchez ha incluido. También se fomenta la divulgación completa de todos los bienes en las declaraciones de los candidatos a puestos públicos una vez elegidos. Sólo algunos aspectos, como la obligatoriedad de los debates, tanto el Debate del estado de la nación como los debates electorales, dentro del tercer pilar, están fuera de ese marco regulatorio europeo.
Por lo tanto, a pesar de que parecería haber pocos elementos que se podrían separar de esa afinidad europea, el Partido Popular se niega a respaldarlos porque creen que todo es parte de un intento de Sánchez y de los socialistas de vengarse «contra los medios y los periodistas» críticos, así como los jueces. Los miembros del Partido Popular no pasan por alto las referencias a las recientes publicaciones de El Confidencial, las cuales sugieren que Santos Cerdán, el secretario de Organización, está supervisando la elaboración de una campaña para desacreditar a estos sectores desde Ferraz, junto con la compilación de información sensible. Cuando se le preguntó al respecto, fuentes de Génova no especificaron qué aspectos les causan rechazo.
A pesar de que se ha mencionado la sugerencia del segundo grupo para la reforma que permitiría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tener autoridad sobre servicios digitales y medios de comunicación, acorde con la formación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación a nivel comunitario, cualquier discusión con el Gobierno para actualizar la dirección de la institución se considera terminada, entre otras cosas.
El Partido Popular decidió no continuar las negociaciones para las renovaciones de las direcciones de la CNMC, CNMV o RTVE después del nombramiento de Escrivá. La preocupación del Partido Popular es que, si el Gobierno elige unilateralmente a esta nueva dirección, por ejemplo, basándose en precedentes como el de José Luis Escrivá al frente del Banco de España, ni la independencia de la CNMC ni la del «ente independiente» recién creado que se propone para el registro de medios estaría garantizada. Este registro tendría la información pública sobre su propiedad e inversión publicitaria, según declaró el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar. Entre sus tareas estaría la de «definir los criterios de qué se considera medios de comunicación en contraposición a otras plataformas cuyo objetivo no es informar». «Conocemos bien sus verdaderas intenciones», afirman fuentes del Partido Popular, instando a un análisis exhaustivo de lo propuesto.
Es importante destacar que actualmente, el Congreso puede derribar cualquier designación que el Gobierno intente hacer si existe una mayoría alternativa sólida. PP, Vox y Junts tendrían suficientes votos para hacerlo, si así lo quisieran y si los neoconvergentes quisieran bloquear una designación. El Gobierno insiste en que se respetará la independencia de esta futura institución.
Fuentes dentro del partido socialista indican que asuntos delicados y sensibles que afectan a muchos derechos deben abordarse con tacto. Exigen que se busque un equilibrio en las reformas que podrían amenazar la calidad democrática, especialmente en relación a temas como la difamación y las ofensas. Admiten que conseguir consenso entre los socios y atraer al PP no será tarea fácil.
El plan propuesto por el PP, que será revelado en los próximos días sin proporcionar más detalles, coincide con el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática presentado por Alberto Núñez Feijóo a finales de enero de 2023. Este plan fue dado a conocer desde el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, donde se decretó la primera constitución española en 1812 y se espera que se actualice y se expanda con base en lo que se ha propuesto hasta ahora.
Según este plan, solo se mencionan los medios de comunicación en dos ocasiones, específicamente en la sección 36 donde se hace referencia a RTVE y la Agencia EFE. Sólo a los organismos públicos, «Para garantizar la independencia y la libertad de expresión de los medios públicos, así como respetar el trabajo de sus profesionales, impulsaremos decisiones para restablecer estos principios», en ambos entes. El plan también pone énfasis en la necesidad de fortalecer las instituciones políticas, los organismos judiciales, las Cortes Generales y la Constitución.
El Partido Popular tiene la intención de proponer un plan en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Este plan se presenta como una denuncia contra la presidencia de la Cámara, Francina Armengol, quien, según las afirmaciones, mantiene un «bloqueo». El propósito general del plan es cumplir con las reglas de la Libertad de Medios de Comunicación europea, que respalda el Gobierno, pero con la seguridad de que no hay brechas para la interferencia política en los contenidos editoriales. También respalda su Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución española.
El plan está diseñado para incluir un llamado al respeto de los medios de comunicación tanto públicos como privados, en frente a la posible interferencia. Esto incluye la denuncia de las acusaciones hechas por el Gobierno y Sánchez contra las noticias que no aprecian. Volveremos a los meses de abril y mayo, cuando las palabras como «fachosfera», «bulos» y «fango» surgieron. Este fue el momento que llevó a esta sugerencia del Gobierno después de un período de reflexión en el que el presidente decidió permanecer en el cargo.
