Ahmed Lefdellel, un saharaui, aterrizó en España en julio de 2022 y apenas unas semanas más tarde, inició sus gestiones para solicitar el estado de ápatrida. Hoy, dos años después de ese momento, se ve atrapado en un bucle, sin haber conseguido avanzar en este proceso burocrático.
Tristemente, su experiencia parece ser una versión en la vida real de un laberinto kafkiano, jugando al gato y al ratón con oficinas cerradas y burócratas sin entusiasmo, en un esfuerzo desesperado por obtener alguna pista que pueda esclarecer su situación.
El hecho de que Lefdellel sea saharaui y nacido en 1962 en la entonces provincia española del Sáhara, hace aún más absurdo este tortuoso procedimiento. Como nómada en Madrid en la actualidad, se puede ver a Lefdellel desplazándose por la ciudad con una muleta y portando documentos emitidos por la misma administración que ahora parece rechazar su validez, entre ellos su libro de familia y una tarjeta de escolarización emitida en su día por el Ministerio de Educación español.
Originalmente de Villa Cisneros (hoy conocida como Dakhla), Lefdellel encarna la paciencia de los hombres saharauis, acostumbrados a esperar en el desierto sin la presión del reloj. «Llegué a Vitoria en julio de 2022 y en septiembre del ese mismo año comencé los trámites para obtener la condición de ápatrida”, relata con un español perfecto en una charla con El Independiente. «Todavía no me han otorgado los papeles que acreditan la apatridia y no he podido regresar a mi hogar para ver a mi familia», se lamenta con pesar. Ahmed, al que apodan “El rubio” desde su juventud debido a su piel más clara en comparación con sus compatriotas, vive en vilo, esperando noticias que no parecen llegar nunca. Periodicamente, retoma su camino hacia las oficinas del Ministerio del Interior para verificar su solicitud, que parece yacer bajo montañas de silencio burocrático.
«Al entrar a Madrid, me dirigí a la oficina primaria. En aquel lugar, me notificaron que habían movido su sede y me remitieron a otra. En esta segunda oficina, solo encontré a oficiales de policía quienes me comunicaron: ‘No podemos asistirte con ningún problema ya que aquí solo somos policías sin funcionarios’, ésta es su narrativa. Desde entonces, ha repetido este recorrido cinco veces, siempre con el mismo resultado.
Charlas con funcionarios a través de la reja. “Cuando regreso, me repiten la misma historia: no hay funcionarios disponibles y no pueden proporcionarme una explicación. He estado dos años esperando mis documentos para adquirir el estatus de apátrida, a pesar de ser un saharaui nacido español. Mi padre era un policía español”, sostiene. Su situación no es exclusiva.
“Hice mi visita más reciente la semana pasada. Me atendió primero un policía sin siquiera abrir la verja exterior, luego convocó a un joven funcionario con quien tuve una extensa conversación. Al final, sin abrir la puerta y en medio de la vía pública, me informó: ‘hay más de 1.000 peticiones, somos un equipo pequeño y solo puedo pedirte que esperes a que la respuesta te llegue’. Hay cientos de saharauis en un limbo. En 2023 el 97 por ciento de las solicitudes de apatridia provenían del Sáhara Occidental. El año pasado, las sobrecargadas oficinas de asilo y refugio del Ministerio del Interior procesaron 1.084 solicitudes de estatus de apátrida y resolvieron 1.022. De las 909 que salieron favorables, el 99% eran de personas de origen saharaui, de acuerdo con datos del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR). A comienzos de este año, los ciudadanos de Kosovo dejaron de ser considerados apátridas por España, que sin embargo se niega a reconocer la independencia de la antigua provincia serbia.
Es probable que el porcentaje de saharauis que optan por ser apátridas aumente, según un hecho reciente. En medio de la calle y sin abrir la puerta, se me informó; «Recibimos más de 1,000 solicitudes, somos un colectivo pequeño y sólo puedo pedirte paciencia hasta que te llegue la respuesta». Los abogados que defienden a los solicitantes saharauis lamentan la falta de servicio, ya que las instalaciones de Madrid están cerradas al público. No obstante, fuentes del Ministerio del Interior, consultadas por este medio, niegan cualquier colapso o negligencia en el trato a solicitantes como Ahmed. Aseguran desde el Ministerio que el grupo encargado de expedir los documentos de protección internacional y apátrida, exceden las 100 personas y que estas solicitudes pueden ser realizadas en cualquier comisaría de la Policía Nacional.
Desde el ministerio, liderado por el ex juez Fernando Grande-Marlaska, se insiste en que las comisarías de la Policía Nacional están disponibles en todas las capitales provinciales, además de otras localidades en todo el territorio. Pese a esto, los abogados representando a los saharauis denuncian un sistema insostenible requerido para las solicitudes, que incluso solicita un certificado digital para individuos buscando precisamente una regularización legal en España.
Señalan que aún se mantiene la responsabilidad de España sobre el último territorio pendiente de descolonización en África. Ahmed, un saharaui que sobrevivió a un ictus hace seis años y sufre de diabetes, protesta: «Hemos pasado 48 años en un desierto y si venimos a España es porque es la única opción que tenemos y aún así nos ponen obstáculos». Ahmed añade, «He estado dos años sin tarjeta sanitaria. Solo reciben en urgencias». No obstante, fue profesor de español entre los miembros del Frente Polisario durante años.
A partir del 2021, España ha otorgado la ciudadanía a 74,000 marroquíes, mientras nosotros, los saharauis, enfrentamos obstáculos incluso para obtener el estatus de apátridas. «Esto evidencia que es una estrategia gubernamental, no simplemente un descuido por parte de la administración», opina Ahmed, quien rememora vívidamente su niñez en el Sáhara occidental junto a los españoles. «Mi padre era un sargento de la cuarta compañía de la Policía territorial. Sin embargo, ninguno de los documentos que presentamos ha resultado útil». Ahmed percibe la injusticia de tratar de esta forma a quienes fueron ciudadanos españoles hasta 1976, mientras se otorga ciudadanía a los judíos sefardíes que abandonaron España en 1492. Desde 2021, España ha dado ciudadanía a 74.000 marroquíes, sin embargo, los saharauis seguimos teniendo dificultades, incluso para llegar al estatus de apátridas», reitera Ahmed, quien asegura «sentir y pensar en español, al igual que la totalidad de la sociedad española». Hace tres años, una resolución del Tribunal Supremo cerró la posibilidad de reconocimiento como ciudadanos españoles a los saharauis, tal como se venía haciendo anteriormente. «En 1976, la primera mano solidaria que recibimos no procedía de ningún país árabe o musulmán, sino de la sociedad española. Algo que siempre agradeceremos», dice Ahmed, emocionado. Apasionado tanto por su historia personal en Villa Cisneros como por la política contemporánea de España, Ahmed posee la resolución típica de los hombres del desierto, para quienes el tiempo tiene un significado relativo. «Sigo teniendo esperanza. Nunca la he perdido», finaliza.
