José Antonio Fúster, el representante de Vox a nivel nacional, se ha negado a revelar el nombre del banco que prestó hasta 9,2 millones de euros a su partido para financiar las campañas para las elecciones municipales, autonómicas y generales en el año 2023.
Esto sucede a raíz de una publicación del diario El País el lunes, que sugiere que esta acción viola la Ley de Financiación de Partidos Políticos. La relación entre Vox y el periódico del Grupo Prisa ha estado tensa desde 2018, hasta tal punto que se le ha prohibido la entrada a sus responsables (incluyendo a los de la Cadena SER) en la sede nacional de Bambú.
Por lo tanto, el partido desacredita la publicación e insiste en que tiene derecho a proteger la identidad de la entidad bancaria.
Fúster afirmó durante una conferencia de prensa, dominada por asuntos migratorios, que «Vox cumple rigurosamente con la Ley de financiación». Aseguró que todo acerca de las cuentas y su auditoría «está supervisado por el Tribunal de Cuentas». «Si hubiese algo oculto, no sería por nosotros», concluyó. A su parecer, es más relevante identificar quién está detrás de ciertos «rescates a medios», aunque no especificó a quienes se refería. Esta no es la primera vez que las cuentas del partido y su organización, Disenso, atraen la atención. Esto ha incrementado desde que Macarena Olona abandonó el partido, alegando «irregularidades» en el «desvío» de unos cuatro millones de euros. A pesar de las amenazas de publicaciones comprometedoras, no se han dado a conocer documentos que pongan en entredicho al partido o su organización. Por todo esto, se sigue insistiendo internamente en que el Tribunal de Cuentas está informado tanto de las actividades de Vox como de Disenso.
La editorial del periódico de Prisa resalta inicialmente el argumento presentado hoy por Vox, aunque internamente niegan haber modificado su postura en este asunto. Señalan que es un asunto que surge de tiempo atrás y que el argumento no es inédito. Recuerdan, sin nombrar, que en el pasado se acusó a una empresa que colaboró con ellos de actos ilegales. «Incluso se llegó a plantear el lanzamiento de cócteles molotov» contra sus instalaciones a través de las redes sociales, indican.
Fuentes del partido no detallan si se trata de una entidad húngara. Sin embargo, adelantan que se trata de una entidad que opera en el contexto europeo sin más detalles. Las personas cercanas a Vox creen que la ausencia de críticas a la propuesta de OPA a Talgo por parte de Viktor Orbán o el fin de las relaciones con el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni para unirse al grupo de los Patriotas Europeos en el Parlamento Europeo tendrían un motivo económico. Sin embargo, no pueden proporcionar evidencias al respecto. Insisten en la visión del partido como «un negocio» y en el rol de Gabriel Ariza en estos esfuerzos, así como en la expansión de las relaciones internacionales. Particularmente con interés en Polonia y Hungría.
El periódico El País ha señalado que Vox podría estar violando el artículo 14.8 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que establece que los partidos deben hacer pública en su página web, dentro de un mes a partir de la fecha de envío al Tribunal de Cuentas (30 de junio de cada año), la información sobre su situación financiera. Esto incluye el balance, la cuenta de resultados y especialmente, los detalles sobre los créditos pendientes de amortización, incluyendo la entidad que los otorgó, el monto concedido, el tipo de interés y el plazo de amortización. Sin embargo, Vox sostiene que todos los datos solicitados por el Tribunal ya están disponibles en su página web, especialmente el resumen del balance de cuentas, que se publicó en junio. La formación política insiste en que cualquier difusión adicional de la información no será de su parte, ya que toda la información requerida está disponible en el ente regulador.
En cuanto a los detalles de sus cuentas de 2023, publicadas en junio como se mencionó anteriormente, el partido hizo público que su patrimonio asciende a 6,8 millones de euros y que las donaciones a Disenso ascendieron a 2,5 millones de euros ese año (aproximadamente nueve millones desde 2020). También se reveló que se destinaron 560.000 euros a litigios, uno de los principales frentes del partido en los tribunales.
Para financiar sus campañas, el partido solicitó dos préstamos. El primer préstamo, de unos 6,5 millones de euros, se destinó a las elecciones municipales, y se amplió con otros 192.082 euros para las elecciones generales. Para las elecciones autonómicas, que coincidieron con las municipales, se solicitaron 2,6 millones de euros. En el informe de 2023, se registra una devolución de 1,8 millones del crédito para las elecciones locales, quedando aún pendiente de pago un saldo de 7.386.574 millones de euros.
