Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ha acusado a varios integrantes de la embajada española en Mauritania. La acusación, formulada en los tribunales de Plaza de Castilla, en Madrid, a inicios de agosto, está dirigida contra la embajadora, Míriam Álvarez de la Rosa, y la canciller, María Jesús Del Pozo Gavilan.
Los sucesos también han sido informados al Ministerio de Transición Ecológica. El acusador trabajó en la embajada en el país africano desde junio de 2023 hasta las mismas fechas de este año. Los sucesos denunciados describen una serie de situaciones que, a pesar de conocerlos los líderes de la delegación española, no se tomaron medidas para resolver.
Según el acusador, que fue testigo de los sucesos, en el recinto donde residen los funcionarios de la embajada existen dos piscinas. La primera está reservada para uso privado de la embajadora, mientras que la segunda está disponible para el resto del personal. Es en esta última en la que se han cometido los presuntos delitos. Durante dos años, desde 2022 hasta este verano, la piscina ha experimentado grandes pérdidas de agua diarias. La fuga era tan extensa, que la piscina prácticamente se vaciaba cada día. La solución adoptada por la embajada durante dos años fue abrir un grifo para rellenarla cada 24 horas. Con el transcurso del tiempo, la piscina perdió tanta agua que se hizo necesario añadir agua con una manguera. Este periódico se ha comunicado con Relaciones Exteriores para indagar si están conscientes de estos sucesos, si se ha resuelto el problema de la fuga de agua y si se han adoptado sanciones contra los responsables. No ha habido respuesta. La piscina está adyacente a las residencias de los funcionarios que prestan servicio en la Cancillería. Tiene alrededor de 18 metros de largo por nueve de ancho, y la profundidad máxima es de aproximadamente 2 metros, indica la denuncia.
El empleado que hizo la denuncia calcula que se desperdician aproximadamente 14 metros cúbicos, o 14.000 litros, de agua al día. Afirma que los funcionarios de alto rango de la Embajada de España en Mauritania están totalmente cientes de esta situación, ya que se ha prolongado durante mucho tiempo a pesar de las advertencias del personal de mantenimiento. Desde el punto de vista del denunciante, esto podría considerarse un delito medioambiental y también de negligencia. Según él, la cancillería a menudo abría el grifo para llenar la piscina.
El Independiente confirmó estos hechos con otro ex trabajador de la embajada, quien también validó la información dada en la denuncia. Este segundo empleado conocía al constructor de la piscina, un empresario español que empleó mano de obra local. Cuando se le explicó la situación, sugirió que la solución sería un «rejunte», el cual nunca se llevó a cabo.
Recuerda que la piscina era un lugar de encuentro para los empleados y que frecuentemente se juntaban allí durante los fines de semana, incluyendo a la embajadora. También menciona que los líderes de la embajada estaban completamente enterados de lo que ocurría. De hecho, hubo ocasiones en las que la piscina de la embajadora también presentó fugas, pero en ese caso sí se realizaron las reparaciones necesarias. Argumenta que la canciller, encargada del recinto, es una de las personas denunciadas. De acuerdo con este segundo empleado, ella era la que solía abrir el grifo para rellenar la piscina, desperdiciando así miles de litros de agua—un recurso precioso en un país que sufre graves problemas de escasez de agua. El denunciante, quien lleva varias décadas como funcionario y representante sindical, ha solicitado que se interroguen a varias personas sobre este incidente.
Involucrados en la situación se encuentran distintos entes como el delegado del Ministerio del Interior de Mauritania, el encargado de la Guardia Civil en la capital del país y también las dos señaladas, la embajadora y la ministra de exteriores.
