Rbab al Tarad Yahi, una mujer de 27 años, experimentó un aborto la semana anterior mientras estaba en la sala de no admitidos del aeropuerto de Barajas, acompañada por su hija de 18 meses y alejada de su esposo. A pesar de las sugerencias médicas, los oficiales no permitieron que permaneciera en el hospital durante toda la noche, después de haber sido transferida allí.
Actualmente, ella y sus dos familiares cercanos se enfrentan a una posible deportación a Marruecos después de que su pedido de reevaluación fue rechazado por el Ministerio del Interior.
El lunes, las personas cercanas a Yahi revelaron que el departamento dirigido por el socialista Fernando Grande-Marlaska ha programado su viaje de retorno a Marruecos para el próximo jueves.
La única manera de detener la orden de expulsión es a través de una sentencia judicial o un levantamiento público, mientras existe la preocupación de que pueda haber represalias al volver a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la antigua provincia española gobernada por Marruecos desde 1976.
Yahi, que estaba en las primeras etapas de su embarazo, sufrió un aborto mientras se encontraba en el aeropuerto. Según su testimonio, un médico recomendó que pasara la noche en el Hospital Universitario La Paz, donde le realizaron un legrado. No obstante, la policía se negó y la devolvieron al aeropuerto de Madrid.
El Ministerio del Interior español negó su solicitud de asilo a pesar de que otros miembros de su familia se encuentran refugiados en Francia actualmente. Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34 años, llegó a Barajas el lunes pasado, junto con su esposa Rbab al Tarad Yahi, de 27 años, y su hija Aziza, de 18 meses. La familia había tomado un vuelo desde Marrakech, a donde habían viajado desde El Aaiún, que es la capital del Sáhara Occidental.
La solicitud de asilo de una familia resultó en su separación. La madre y su hija de 18 meses fueron enviadas a la sala de no admitidos de la Terminal 4, mientras que el padre fue llevado a la misma sala pero en la Terminal 1. Esta situación se agrega al reciente caso de Mohamed Bachir, un joven del Sahara que fue detenido 23 días en el aeropuerto de Barajas y luego deportado a Casablanca pese a las advertencias sobre el peligro que corría su integridad física al retornar a Marruecos. El Ministerio del Interior denegó hasta cuatro veces su solicitud de protección internacional, asignándole un traductor marroquí que fue acusado de alterar su testimonio. Esto sucedió incluso después de que el Defensor del Pueblo hizo una recomendación en su caso.
Cabe destacar que algunos miembros de la familia de Mohamed Bachir ya viven legalmente en Europa. Su madre y su hermano son asilados políticos en Francia desde hace cuatro años gracias a su reconocido activismo en el Sahara Occidental. Además, dos hermanas de Rbab solicitaron asilo en julio y están a la espera de una resolución.
Es irónico que, mientras Francia reconoce a la madre y al hermano de Rbab, España denega el mismo estatus a ella y a su familia. «Ella y su familia, que alguna vez pertenecieron a este estado, hoy ven negada una protección básica», critican conocidos de la familia. Los familiares de Mohamed poseen identificación española, que fue emitida cuando el Sahara era una provincia española. Esto ha sido comprobado mediante certificados expedidos por la Dirección General de Policía en febrero de 2019. Además, un tío de ellos oúpa una posición importante en el Frente Polisario.
Además de alertar que se les asignó un traductor de origen marroquí en desacato a las sugerencias previas del Ombudsman, la pareja también indica que se ignoró el hecho de que los saharauis tienen un dialecto diferente al dariya, predominante en Marruecos. El Ombudsman aconsejó evitar el uso de intérpretes marroquíes debido al conflicto que existe con el Sahara. Se quejaron también porque la familia fue dividida en las instalaciones de Barajas, dejando a la madre sola con su hija.
La agresión que sufrió Mohamed Ali en un mercado de El Aaiún a manos de un grupo de colonos marroquíes se relata en el sitio web Contramutis, citando a un pariente como fuente. Cuando los policías marroquíes llegaron, detuvieron de inmediato a Mohamed Ali y lo llevaron a la estación de policía, donde permaneció durante varios días sufriendo abusos. Debido al deterioro de la situación de derechos humanos en el Sahara Occidental, tomaron la decisión de abandonar El Aaiún.
El incremento de los casos tiene explicación. Hace algunas semanas, Ali Salem Tamek, un reconocido activista saharaui del Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos o Codesa, uno grupo con base en los territorios ocupados, señaló que es totalmente comprensible que los jóvenes saharauis busquen alternativas para mejorar sus condiciones de vida. Agregó que la ocupación marroquí genera intencionalmente un entorno de represión y empobrecimiento, entre otros sufrimientos, para obligar a los saharauis jóvenes a migrar al extranjero. Según el activista, esto es el fruto de una política deliberada, con redes destinadas a organizar y facilitar el proceso migratorio.
En su informe anual más reciente, publicado en abril pasado, Amnistía Internacional, señala los actos de abuso perpetrados en el último año contra disidentes del Sáhara Occidental en las regiones ocupadas. Según la entidad, el ente policial restringió el derecho de asamblea pacífica en la antigua colonia española. «Del 4 de mayo al 20 de junio, la policía en El Aaiún, una ciudad en el norte del Sáhara Occidental, monitoreó de cerca a la activista saharaui Mahfouda Lefkir, especialmente después de que ella visitó Dajla, ubicada en el sur de la región, para mostrar su apoyo a los disidentes de allí», detalla la organización. «Cada vez que hacía el intento de dejar su hogar, los uniformados la seguían. Agredieron físicamente a los disidentes que intentaban visitarla frente a su residencia, además de insultar de forma verbal a ella y a sus familiares», narra Amnistía.
Por otro lado, Codesa confirma que «la represión sistemática llevada a cabo por las fuerzas de ocupación marroquíes contra los civiles saharauis en el Sáhara Occidental ocupado ha aumentado considerablemente desde que se reanudaron los conflictos en noviembre de 2020». Esta fecha corresponde con el momento en el que el Frente Polisario declaró la finalización del alto al fuego que existía desde 1991. «Nuestras investigaciones completas han concluido consistentemente esto», reportó la organización.
