La escalofriante crisis entre España y Venezuela puede traer consecuencias impredecibles, teniendo en cuenta que la tensión ha escalado durante el fin de semana con graves acusaciones de terrorismo. Venezuela, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, ha arrestado a dos ciudadanos españoles, sosteniendo que son miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España.
Sin embargo, el ministerio de Exteriores español ha refutado estas acusaciones, insistiendo en que los dos individuos detenidos eran meros turistas. Este acontecimiento ha ocurrido justo cuando el agregado de Interior de España ha llegado a Venezuela, de acuerdo con las fuentes de las Fuerzas de Seguridad, después de que el designado por el ministro Fernando Grande- Marlaska, el comandante de la Guardia Civil, fue arrestado en el ‘caso Koldo’.
Desde este mes de agosto, el comandante José Carlos C.P. se encuentra en Venezuela, luego de ser seleccionado para este cargo hace dos meses, confirmado por fuentes oficiales de la Guardia Civil. Hay un atractivo en estos cargos de agregadurías a nivel mundial dada la remuneración mensual de alrededor de 10,000 euros. Sin embargo, su relevancia radica en su contribución a la relación diplomática entre naciones, ayuda en misiones de seguridad interior, vinculación con autoridades de seguridad del Estado, aporte de información a organizaciones antiterroristas, y facilitación de cuestiones de inteligencia, entre otros. El comandante actualmente ocupa uno de los tres puestos vacantes en el Consejo de Interior de España en Caracas, con las otras dos vacantes aún disponibles, según el área correspondiente. Pasó gran parte de su carrera en el servicio de Criminalística desde que fue nombrado teniente en 2004. Fue ascendido a comandante en enero de 2020 y luego asignado al Plana Mayor de Zona en Cataluña antes de regresar a Criminalística. Su llegada ha estado llena de turbulencias.
Dos ciudadanos españoles, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, fueron detenidos en Venezuela, acusados por el gobierno de Maduro de estar implicados en un supuesto complot para derrocarlo. Sin embargo, tanto su familia como varias autoridades del gobierno español han negado cualquier relación de estos individuos con actividades de espionaje. La familia de los detenidos había denunciado su desaparición a la Ertzaintza el día 9 y recurrió a las redes sociales solicitando ayuda para encontrarlos. Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió al gobierno venezolano permiso para visitar a los detenidos y ofrecerles asistencia. La actuación de la embajada en Venezuela y del agregado de Interior será crucial en los próximos días para resolver la situación. Además, se debe mencionar el ‘caso Koldo’, el anterior agregado que había sido asignado a la embajada a principios de año pero que nunca se instaló completamente en su cargo. En marzo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestó a Rubén Villalba, acusándolo de colaborar con una red de corrupción que involucra a empresarios y funcionarios del Ministerio de Transportes en la compra de mascarillas con comisiones fraudulentas durante la pandemia. Se sospecha que Villalba, cuyo papel aún está por definirse, proporcionaba métodos de comunicación seguros (como teléfonos móviles encriptados) a la red a cambio de pagos de cerca de 2.000 euros. Se cree que su relación con Koldo García, uno de los principales implicados y exasesor del Ministro de Transportes, fue influyente, y existe la sospecha de que Villalba pudo haber alertado sobre la existencia de una investigación en curso. Villalba fue arrestado justo cuando estaba a punto de partir a Venezuela.
Se encontraron 4.835 dólares en efectivo, dos teléfonos, dos computadoras y una memoria USB en su equipaje. La cooperación del país Bolivariano fue escasa cuando los oficiales de la UCO se desplazaron allí para registrar su casa y oficina, según los informes del sumario procesado en la Audiencia Nacional. El Ministerio de Interior suspendió al guardia, quien apeló contra la decisión. Según fuentes de su defensa, la apelación ha sido rechazada; el tribunal de lo contencioso respaldó la decisión del departamento de Marlaska, que se tomó a la espera de los resultados de la investigación. Por el momento, Villalba ha dejado de apelar. Como su suspensión era temporal, por un período de seis meses, es probable que en las próximas semanas vuelva a ocupar algún puesto más administrativo hasta que se conozca el resultado del ‘caso Koldo’.
