El Tribunal Constitucional está inundado de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Se han presentado 16 de ellos por varias Comunidades Autónomas y el Partido Popular, a lo que se suman decenas de peticiones de recusación. Tal cantidad de casos para revisar es inusual, según informa una fuente interna del Tribunal.
El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, será excluido de todos los recursos la semana próxima, debido a que él ha decidido dar un paso atrás. Este será el inicio de un «rompecabezas organizativo» para resolver el resto de las recusaciones.
Es importante mencionar que muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha han recusado tanto a Campo como al presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y a la jueza Laura Díez. Justifican esta acción argumentando que Campo decididamente se alejó de las alegaciones en la última fase del juicio del procés, por lo que debería hacerlo ahora también. A Díez, la recusan por haber trabajado dentro del gabinete del actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo que consideran que puede ser una posible contaminación debido a su trabajo con el Gobierno legal.
En las últimas horas, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, junto a Clara Ponsatí y Toni Comín, quienes son representados por el abogado Gonzalo Boye, han manifestado su intención de recusar al reciente juez José María Macías, ya que ha mostrado una postura pública contra la ley de amnistía.
Desde el tribunal supremo indican que está en sus planes realizar una evaluación interna para encontrar una manera más efectiva de manejar las recusaciones sin que todas necesariamente lleguen al pleno, incluso las que carecen de fundamentos. Aunque, aclaran que este asunto no se abordará durante la amnistía dado lo delicado del tema, prefieren seguir los métodos convencionales y deliberar con todo el organismo. «Se tiene que solventar este problema de manera general, pero este no es el caso más apropiado para hacerlo, ya tiene suficientes desafíos por sí mismo», detallan.
Una vez que Campo se retire, todas las solicitudes de recusación contra él se declararán sin propósito y se distribuirán las ponencias que le correspondían a él. El volumen de trabajo disminuirá y se asignarán otros ponentes para manejar los demás casos de recusación. Fuentes contactadas en ambos sectores dudan que otro magistrado deba hacerse a un lado, ya sea por haber emitido opiniones generales sobre la ley o por haber ocupado un cargo anterior. Es crucial cómo quedará el pleno tras resolver las recusaciones ya que puede alterar el balance de poder en el que actualmente, incluso sin la presencia de Campo, prevalece el sector progresista.