José Luis Ábalos, anterior Ministro de Transportes, presentó un recurso este lunes ante la Audiencia Nacional solicitando permiso para presentarse como parte afectada en el ‘caso Koldo’. Esta decisión se da luego de que el juez Ismael Moreno negara su petición inicial.
Ábalos argumenta que está sufriendo perjuicios, particularmente a raíz de la auditoría solicitada por el actual Ministro de Transportes, Óscar Puente. Según el exministro, el informe busca meramente obstaculizar el entendimiento de la responsabilidad, ignorando la gravedad de la situación al adquirir suministros durante una pandemia y omitiendo el involucramiento de otras autoridades en esas decisiones.
Tal como menciona en el recurso, Ábalos alega que decisiones similares se tomaron en otros organismos gubernamentales, como la Comunidad de Madrid e incluso Valladolid, donde Puente anteriormente sirvió como alcalde.
Moreno rechazó la petición inicial de Ábalos el 9 de septiembre, alegando que estaban pendientes algunas diligencias, específicamente unos informes policiales sobre la confiscación de los objetos pertenecientes a todos los acusados en la investigación. Ábalos, en su recurso, manifiesta su desacuerdo respetuoso con esta postura y sostiene que debería permitírsele interponer una defensa «provisional», sujeto a cambios dependiendo del progreso de la investigación. El exministro defiende su derecho a evaluar la validez del informe solicitado por Puente, argumentando que no es «aceptable que un documento proveniente de una administración pública no pedido por el juzgado, no sea contrastado». El recurso de Ábalos incluye un informe pericial contradictorio al emitido por la entidad de Transportes, que indica que él mismo duplicó la orden ministerial para comprar mascarillas en tan solo 38 minutos.
El exministro explica, en base a la presencia de abundantes arbitrariedades en la formulación del mencionado reporte, que este parece estar diseñado para causar daño, o desde otra perspectiva, para evadir o minimizar la responsabilidad. El recurso se presentará ante el juez Moreno y posiblemente ante la Sala Penal, la cual será quien deberá tomar decisiones respecto a este tema. Argumenta que se debe garantizar el derecho a defensa de aquel señalado en el reporte, permitiéndole cuestionar su legitimidad y propósitos, dando así al tribunal la oportunidad de contradicción, sin embargo las decisiones sobre cómo manejar este proceso vendrán en un futuro.