Un matrimonio joven del Sáhara y su pequeña hija de año y medio se encuentran actualmente retenidos en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Escapan de la opresión que ejerce Marruecos sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental, pero su petición de asilo ha sido rechazada por segunda vez por el ministerio del Interior de España, a pesar de que otros familiares se encuentran en situación de asilo en Francia, según confirmó el equipo legal del matrimonio a El Independiente.
Si no recurren a la incierta vía judicial, su destino puede ser la deportación a Marruecos. Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34 años, y su esposa, Rbab al Tarad Yahi, de 27 años, junto con su hija Aziza, llegaron el lunes pasado a Barajas desde Marrakech, a donde antes habían viajado desde El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos desde 1976.
Cabe señalar que parte de la familia de Rbab ya tiene residencia legal en Europa. La madre y el hermano de Rbab fueron reconocidos por Francia, pero a ella y su familia se les niega similar reconocimiento en España, pese a su vínculo histórico con el país. La familia de Mohamed posee documento de identidad español, expedido durante el periodo en que el Sáhara era una provincia española, con certificados de la Dirección General de la Policía expedidos en febrero de 2019. Además, un tío de Mohamed es alto funcionario del Frente Polisario.
El matrimonio denunció que se le había asignado un traductor de origen marroquí, a pesar de la sugerencia del Defensor del Pueblo, quien previamente había solicitado al Ministerio del Interior evitar intérpretes marroquíes o dialecto dariya, hablado en Marruecos, para los saharaui debido a la tensión existente entre Marruecos y el Sáhara, así como a las diferencias entre dicho dialecto y el hasanía, dialecto empleado en el Sáhara Occidental y Mauritania. Su equipo legal también mostró descontento ya que la familia fue separada en las instalaciones de Barajas, dejando a la madre sola con su hija. Conforme al sitio web Contramutis, citando a un pariente, Mohamed Ali fue recientemente víctima de un ataque en un mercado de El Aaiún por un grupo de colonos marroquíes, y al llegar la policía, fue él quien fue arrestado y sujeto a maltratos durante varios días en la estación de policía. A raíz de estos eventos y el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, decidieron abandonar El Aaiún. También es importante mencionar que, según Ali Salem Tamek, un activista saharaui de larga data asociado con el Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos (Codesa), es completamente entendible que los jóvenes saharaui busquen otras oportunidades para sobrevivir dada las condiciones de represión y pobreza que sistemáticamente crea la ocupación marroquí. Tamek añadió que esta es de hecho una política deliberada, con redes creadas para organizar y facilitar este proceso de migración.
Amnistía Internacional, en su más reciente reporte anual lanzado en abril pasado, criticó severamente los actos de abuso perpetrados contra los disidentes saharauis en las regiones ocupadas del Sáhara Occidental durante el último año. Según la entidad, se impidió el ejercicio de la libre asociación pacífica en el ex territorio colonial español. La organización destaca que entre los días 4 de mayo y 20 de junio en la ciudad norteña de El Aaiún en el Sáhara Occidental, las autoridades mantuvieron bajo supervisión la vivienda de la activista saharaui Mahfouda Lefkir, quien se había desplazado a Dajla, al sur de la región, para apoyar a distintas figuras activistas. Amnistía Internacional agrega que los oficiales del orden seguían a la activista cada vez que ésta se ausentaba de su hogar, asaltaban y golpeaban a aquellos que intentaban visitarla y proferían insultos a su familia y a la propia Lefkir. Además, desde Codesa se reconoce que «la opresión sistemática ejercida por las fuerzas ocupantes marroquíes contra los ciudadanos saharauis en el Sáhara Occidental tomado se ha agudizado considerablemente desde la reanudación de los conflictos en noviembre de 2020», momento en que el Frente Polisario puso fin a la tregua que había prevalecido desde 1991. «Nuestros extensos estudios han llegado repetidamente a esta conclusión», afirmó la organización.
