Existe una insatisfacción general en el congreso, tanto en el ala derecha como en la izquierda del PSOE. Miguel Tellado, el vocero del principal partido de oposición, el PP, argumenta de manera consistente que el término legislativo está «exhausto», debido a las crecientes dificultades del presidente y su partido para mantener unificada la mayoría del voto de investidura.
Esto se produce casi un año después de la puesta en práctica de los acuerdos y, en gran medida, debido al constante condicionamiento al que Junts ha sometido a los socialistas en las dos últimas sesiones legislativas. Por otro lado, los socios del gobierno, si bien evitan la confrontación, enfatizan algo que ya señalaron durante el ciclo electoral y antes del verano: no se puede reducir el mandato legislativo a la permanencia en Moncloa si la «parálisis» de la actividad parlamentaria persiste.
Tampoco es bien recibido el hecho de presentar leyes «sin consenso previo», tal y como sucedió con la abolición de la prostitución, que ahora también queda en espera hasta nuevo aviso.
La insatisfacción de los asociados de Sánchez es evidente en esta fase de la legislatura. Al margen de la ausencia de implementación de políticas, hay una tendencia ocasional del PSOE a «entrar en negociaciones con el PP» [como la renovación del Consejo General del Poder Judicial], sugiriendo que la legislatura ha adoptado un camino inestable, caracterizado por cambios bruscos e irregulares. Esto conduce a la falta de tiempo dedicado a cada tema y a un salto inconexo de un asunto a otro en la agenda, justo antes de que se inicie una negociación en profundidad. No al delegar representantes capaces de manejar con solidez todos los temas previos. Ahora, como destacan las fuentes parlamentarias, «la principal preocupación son los presupuestos» aunque «hasta hace poco» parecía casi segura la renuncia a ellos para evitar un fracaso por la negativa a pactar con Junts. Sin embargo, recientemente el presidente cambió el enfoque. «Ahora eso ya no es una preocupación», señalan con sorpresa las mismas fuentes.
Al señalar esa tendencia a la impulsividad legislativa, en particular, desde Sumar y Podemos señalan un tema relevante que permanece, salvo cambio de actitud, «en pausa al menos hasta febrero». Fuentes de ambos partidos se refieren al conjunto de medidas de regeneración democrática anunciadas por Sánchez tras el periodo de reflexión previo a las últimas elecciones europeas. Presentadas como respuesta frente a los «rumores» y el «lodo» que, en su opinión, el PP y los medios de comunicación de derechas vertían sobre la corrupción y tráfico de influencias supuestamente cometidos por su esposa, Begoña Gómez. Y señalan que no solo le afectaban a él, sino también, debido a esta tendencia, a «la calidad democrática».
En realidad, se presentó ante el Congreso para informar acerca de dicho tema entre otros. Sin embargo, se centró en respaldar posiciones y enfatizar uno de los pocos planes concretos que se han propuesto: la modificación de la Ley de Publicidad Institucional. Esta modificación permitiría que los medios de comunicación detallen los detalles de los contratos y cómo se financian. La implementación de esta ley en este período legislativo busca seguir las directrices del reglamento Europeo de la Libertad de los Medios, por lo que la propiedad de los medios debe ser transparente. Además, se mencionó un subsidio de 100 millones de euros para la digitalización de los medios, el refuerzo del derecho al honor y la rectificación, y la reforma de la ley electoral para obligar a los debates.
El gobierno lo niega y anticipa anuncios en un corto plazo.
En respuesta a esta afirmación, fuentes del gobierno y del PSOE la refutan, alegando que se darán a conocer noticias muy pronto. Admiten que la prioridad son los presupuestos, que se espera aprovechar los plazos establecidos para su aprobación [hasta el 31 de diciembre]. Sin embargo, los propios aliados señalan que los diálogos han sido superficiales. Enfrentados con una demanda de propuestas para avanzar en el objetivo, en Podemos aseguran que solo ellos las han presentado, por escrito. Sin embargo, Sumar también admite haberlo hecho. Entre las propuestas, se incluyen asuntos como mayor transparencia en el Congreso y algo que se hizo público: la derogación de la ley mordaza y los delitos de opinión. En relación con lo anterior, los socialistas se mostraron a favor de implementarlo, aunque parcialmente.
Es importante mencionar que la convivencia mutua durante el Consejo de Ministros en este mandato ha facilitado un diálogo más efectivo. Tanto Félix Bolaños, Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como Ernest Urtasun, del Ministerio de Cultura, de Sumar, han abordado el tema. Comenzaron a dialogar con los grupos a mediados de julio, pero el tema ha quedado segregado en última instancia. Pocos días después, las negociaciones de los partidos se vieron dominadas por el problema migratorio en Canarias y Ceuta. Esto, junto con el receso de verano, y ahora el enfrentamiento sobre el financiamiento y la intención de formar nuevos presupuestos, han dominado las discusiones. Los socios nos recuerdan que se ha anunciado un congreso del PSOE, Sumar, y del separatismo (ERC y Junts) entre octubre y noviembre, lo que impide cualquier consenso. El desafío serán los presupuestos.
La clave de la legislatura
La Moncloa ha estado preparando el terreno para una posible extensión de los presupuestos por algún tiempo. Se descarta conseguir la aprobación de la nueva senda de estabilidad que Junts desaprobó en el Congreso en julio, y se planea negociar un acuerdo basado en el previo de 2023, que se extendió este año. Hay diferentes sentimientos internos en la mayoría de los grupos de investidura. Por ejemplo, Sumar está empezando a aceptar que si se mantiene la senda anterior «no habrá problema», aunque admiten que es difícil comunicar esto al público, según fuentes magentas. Entre sus principales demandas se incluyen la reducción de la jornada laboral y los nuevos permisos para crianza. El Ministerio de Derechos Sociales solicita a María Jesús Montero, Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, que apruebe una prestación de 200 euros mensuales para cada hijo hasta la mayoría de edad. Esto no presenta problemas para el PSOE, que está abierto a la propuesta.
La vivienda se ha transformado en un tema crítico para Sumar, solicitando la construcción de un parque residencial público compuesto por medio millón de apartamentos que se alquilarán a 400 euros por mes. Reclaman también la regularización de los alojamientos turísticos, la disposición de la vivienda de la Sareb y la restricción de la especulación inmobiliaria. Sin el presupuesto, un tema que también resalta el PNV, causaría contratiempos para Sumar en impulsar reformas sociales. Dentro de la confluencia izquierda, Compromís tiene el mayor escepticismo. Presidenten que no tengamos presupuestos y preveen una segunda prórroga. Aunque Podemos comparte ese pensamiento, sus demandas serán restrictivas, con la organización asegurando: «No aceptaremos recortes». Se considera esencial mantener los impuestos sobre las empresas energéticas y la banca, aunque esto no es bien recibido por PNV o Junts.
Podemos presionará en las negociaciones presupuestarias con 4 votos crucial
A la vista de un Parlamento que «derrota medidas», los socios predilectos le piden a Sánchez que tome acción. Saben que la presión de Junts, por ejemplo, no beneficia y creen que comentarios «desacertados» como los del último Comité Federal son una advertencia a los neoconvergentes para que reconsideren su papel. Especialmente cuando «no tienen más capacidad de influencia» fuera del Congreso. Prometió avanzar «con o sin la ayuda legislativa», una afirmación que preocupa a los socios ya que parece indicar una renuncia a profundizar reformas y sirve como «pretexto para no seguir la agenda progresista». Esto se justifica con el hecho de que si no se agrada, «la derecha toma el control».
Por norma general, la acción legislativa es impulsada por el Gobierno. El Congreso, por su parte, evalúa y determina si es pertinente implementarla o no. Sin embargo, existen posibilidades de mayorías alternativas eventualmente, como lo demostrado por el PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN recientemente. El revés en el presupuesto y la extensión pueden provocar que la oposición exija elecciones generales, una decisión que Sánchez tomó en febrero de 2019.
