Una separación de diez años puede ser tan vasta como un desierto. Dos obras teatrales divididas por un precipicio. Actualmente Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Interior, continúa asignando intérpretes marroquíes a los refugiados saharauis, a pesar de las sugerencias del Defensor del Pueblo, una práctica distante a su postura hace una década.
Como juez de la Audiencia Nacional, dirigía la Sala de lo Penal que consideraba a España como la entidad administradora del Sahara Occidental «de iure», un enfoque que ahora rechazan su colega del gabinete, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, y el nuevo lineamiento de política exterior del PSOE.
Primer Acto: Marlaska, el juez
En el veredicto número 40 del 2014 de la Audiencia Nacional, con la firma de Marlaska como presidente, se condenaban a altos funcionarios del gobierno marroquí -incluyendo los ministros de Defensa, Interior y Exteriores- por el desalojo violento de Gdeim lzik (El campamento de la dignidad), establecido por activistas saharauis en las afueras de El Aaiún, en los territorios ocupados del Sahara Occidental, durante octubre y noviembre de 2010. «Las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos cometieron desapariciones, ataques físicos, torturas y homicidios, incluyendo el asesinato del ciudadano español Baby Uamda», detallaba Marlaska en su resolución que desestimó archivar el caso.
Según el fallo de la Audiencia Nacional, los jueces resumen la historia del Sahara Occidental y destacan que «al unirse a la ONU y firmar la Carta de las Naciones», España «admitió el carácter colonial del Sahara español, adquiriendo una serie de responsabilidades, posicionándose como potencia administradora».
Bajo el mandato del apartado a) del artículo 73, el papel de la potencia administradora es de promover la evolución política, económica, social y educativa de los pueblos, asegurando un trato justo para estos y protegiéndolos de cualquier abuso, siempre con el debido respeto hacia su cultura. «Muchos expertos creen que España, a pesar de no serlo en la práctica, sigue siendo la Administradora De iure del Sahara Occidental», arguye un reciente informe.
Aunque no de facto, España retiene la autoridad de facto sobre la región y tiene las responsabilidades estipuladas en los artículos 73 y 74 de la Carta de la ONU hasta la conclusión de su periodo de descolonización.
A raíz de esta responsabilidad, en julio pasado, diecisiete eurodiputados, incluyendo a Estrella Galán e Irene Montero, solicitaron a Grande-Marlaska a intervenir en favor de dos jóvenes saharauis detenidos en el aeropuerto de Barajas y a permitirles la entrada a España por motivos humanitarios. Le recordaban mediante su petición: «Según la Resolución A/5514 de 1963 de las Naciones Unidas, el Sahara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975. De acuerdo con el Auto 40/2014 de la Audiencia Nacional (AN), que usted firmó como Presidente de la Sala de lo Penal de la AN, España es la ‘potencia administradora de iure’ del Sahara Occidental».
A pesar de no ejercerla en la práctica, España sigue siendo la autoridad administrativa del territorio por derecho. Según lo señalado en el texto, hasta el final de la descolonización, se deben cumplir los compromisos estipulados en los artículos 73 y 74 de la Carta de la ONU. El artículo 73 destaca que los miembros de la ONU deben asumir la responsabilidad de administrar territorios de pueblos que aún no han logrado la autogobierno. Los estados se comprometen a «asegurar su desarrollo político, económico, social y educativo, el trato justo a dichos pueblos y su protección contra cualquier abuso», respetando su cultura.
Segundo acto: Marlaska, el Ministro del Interior
Esta obligación de protección especial parece haber sido olvidada por Grande-Marlaska desde que tomó posesión como Ministro del Interior en junio de 2018. Durante su periodo de liderazgo, su departamento ha pasado por alto la recomendación del Defensor del Pueblo de no asignar intérpretes marroquíes y en dariya (un dialecto árabe hablado en Marruecos) a los solicitantes de asilo saharauis. La razón de ello es doble: los saharauis utilizan el dialecto hasanía y la normativa exige que se les proporcione un traductor que comprendan completamente; y el hecho obvio de que los intérpretes de origen marroquí provienen del país ocupante del Sáhara Occidental, aquel de cuyos abusos y represión están escapando los solicitantes de protección internacional.
Hasta la fecha, el Departamento del Interior ha decidido no seguir la recomendación propuesta. El periódico El Independiente reportó esta semana que, a pesar de un incremento en la cantidad de personas saharauis llegando al aeropuerto de Barajas en Madrid para buscar protección internacional, el departamento liderado por Grande-Marlaska continúa evitando la resolución del Defensor. Recientemente, se ha designado intérpretes con origen marroquí y en dariya. En respuesta a estos informes, un diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso de los Diputados presentó una pregunta al Gobierno, exigiendo el fin de lo que considera «una burla» y un ejemplo de una política de «rendición» al Gobierno de Marruecos.
Además, Grande-Marlaska defendió las acciones tomadas por la gendarmería marroquí durante un incidente fronterizo en Melilla en junio de 2022 que resultó en la muerte de 23 migrantes y docenas de desaparecidos. Ante el parlamento, afirmó que las fuerzas de seguridad marroquíes intentaron prevenir la primera incursión, pero fueron superadas por otro grupo de migrantes «extremadamente violentos» que logró ingresar al interior de la aduana marroquí forzando violentamente las puertas con «mazas, hachas y otros objetos contundentes». Sus comentarios fueron criticados por organizaciones como Amnistía Internacional, quienes los calificaron de inquietantes.
Grande-Marlaska, quien frecuenta las recepciones organizadas por la embajadora de Marruecos en Madrid, ha logrado mantener su posición a través de tres administraciones del presidente Pedro Sánchez. Se descubrió que su teléfono había sido infiltrado por el programa espía Pegasus, situación que parece apuntar a Marruecos. Según señaló este medio, el email [email protected], detectado en el rastro dejado por el virus Pegasus que infectó los teléfonos de Grande-Marlaska y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también vigiló a la activista prosaharaui Claude Mangin, de origen francés, un alcalde francés, un diplomático del Frente Polisario y un periodista marroquí exiliado en Francia. Todos ellos comparten una postura de oposición al gobierno marroquí. Actualmente, el juicio en Francia continúa discretamente mientras que en España ha sido reactivado recientemente gracias a la cooperación francesa.
A pesar de la feroz crítica que ha generado su desempeño como líder del ministerio, lo que ha incluido reproches de sindicatos y otros grupos políticos, se dice que el presidente confía plenamente en él. En dos situaciones ha sido reprendido por el Congreso de los Diputados, ambas veces impulsado por el Partido Popular: el 9 de febrero de 2023, por su manejo de la tragedia en las vallas de Melilla en junio del año anterior, y el 29 de febrero de 2024, por su enfoque en la lucha contra el narcotráfico en el sur del país después de un ataque de una lancha de narcotraficantes que resultó en la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz).
En 2020, logró evitar otra reprimenda por el polémico despido del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Su camino de juez a ministro se puede ver como una versión personal del Manual de resistencia propuesto por su superior.
