Federico, un agente de la policía nacional en Sanlúcar de Barrameda, está en riesgo de ser sentenciado a cinco años de prisión el próximo 24 de septiembre. En el año 2015, Federico comenzó a desenterrar y denunciar las acciones indebidas de sus colegas oficiales, lo cual lleva a las circunstancias actuales.
Además de ser policía, también es el representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la ciudad gaditana.
En un incidente ocurrido hace más de una década, durante una operación antinarcóticos, se decomisó un barco perteneciente a una banda criminal.
Esta embarcación fue luego incorporada a la flota policial, utilizada exclusivamente para investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Sin embargo, Federico descubrió que cuatro o cinco de sus colegas estaban utilizando la embarcación para su disfrute personal. Armado con pruebas sólidas, como información recolectada y fotografías, acudió a un inspector superior ya retirado, quien decidió ignorar la situación.
Dada la falta de acción, Federico llevó sus hallazgos al comisario provincial, quien en esencia le indicó que estaba confundiendo hechos no relacionados. Según los informantes consultados, si los comandos actuales hubieran estado a cargo, la situación no habría ocurrido. El actual comisario provincial lleva en el cargo dos años y medio, mientras que el local lleva aproximadamente seis meses. Ambos son muy respetados por quienes los conocen.
Los oficiales implicados argumentaron que utilizaban el barco como parte de sus investigaciones, pero las fuentes conocedoras afirman que es falso. Ahora, a solo 12 días del juicio, Federico se prepara para enfrentar las consecuencias de su valentía.
Debido a sus denuncias internas, Federico ha sido demandado penalmente por sus colegas por divulgación de información confidencial. El juicio está programado para comenzar en 12 días. El sindicato SUP, del que es miembro, ha tomado la responsabilidad de su defensa legal. Explican que «actuó en su papel de representante sindical». La querella contra Federico ya había sido desestimada dos veces por diferentes jueces. Esta es la tercera vez y ahora se encuentra en la Audiencia Provincial de Cádiz. Dentro de la organización están seguros de que el resultado será el mismo, pero instan a reflexionar sobre el papel del denunciante de corrupción interna en el Ministerio del Interior. «¿Qué tipo de policía queremos? ¿Qué señales estamos enviando a esos agentes que enfrentan dilemas éticos cotidianamente en el cumplimiento de su deber? ¿Estamos cultivando una cultura de integridad y transparencia, o estamos fomentando el miedo y el silencio cómplice?», cuestiona el SUP en una declaración. La Ley 2/2023 garantiza la protección a las personas que denuncien infracciones normativas y la corrupción. Esta legislación trata de que los denunciantes no se sientan intimidados ni teman las represalias al dar luz sobre ciertos casos, especialmente cuando involucran a superiores. Aunque se espera que los policías mantengan la confidencialidad de sus acciones, esto no aplica para actos incorrectos de sus colegas, tal como en el caso de Federico.
