Marlaska rechaza la solicitud de asilo de un saharaui tras designarle un traductor marroquí, quien manipuló su declaración

Por segunda vez, el Ministerio del Interior ha denegado la petición de asilo hecha por Mohamed Bachir, un joven saharaui detenido en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Lo anterior ha ocurrido tras acusaciones de que su testimonio fue manipulado por un traductor marroquí asignado por la entidad encabezada por Fernando Grande-Marlaska.

Según informaciones del equipo legal de Bachir al medio El Independiente, ante la negación, el caso se revisará nuevamente este jueves. Adicionalmente, la abogada del joven anticipó que solicitarán la anulación del proceso luego de que se le asignara un intérprete que hablaba en dariya, dialecto árabe marroquí, y de que su testimonio fuera alterado, hecho que denunció.

Grande-Marlaska hasta ahora ha rechazado la propuesta del Defensor del Pueblo de asignar un intérprete en hasanía, dialecto árabe saharaui, a los solicitantes de asilo saharauis. En una resolución dirigida a la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior, Francisco Fernández Marugán, quien se desempeño como Defensor del Pueblo desde 2017 hasta 2021 hasta que Ángel Gabilondo tomó su lugar, aconsejó que «en las solicitudes de protección internacional presentadas por saharauis en la frontera, se debe solicitar la ayuda de un intérprete de hasanía y, de cualquier manera, se debe evitar la presencia de traductores marroquíes». «No es necesario detallar la situación de conflicto entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Del mismo modo, no se necesita recalcar la importancia de la entrevista en los casos de solicitudes en la frontera, que son aún más relevantes cuando los solicitantes no tienen documentación para respaldar sus afirmaciones.

Fernández Marugán subraya la necesidad de crear un ambiente de confianza para facilitar el testimonio en situaciones de asilo, algo que carece de viabilidad si los intérpretes provienen del mismo país al que los solicitantes se opone. A pesar de que el Defensor del Pueblo y la legislación europea recomiendan esto, las autoridades internas se negaron a explicar a este medio de comunicación por qué se oponen a dicha implementación. «En circunstancias de conflictos internacionales no es ni razonable ni apropiado contratar servicios de individuos cuya nacionalidad pueda causar malestar o hostilidad en el solicitante, o que pueda poner en duda su imparcialidad, dado el conflicto existente con sus respectivos países de origen», añade el Defensor del Pueblo.