En medio de un alza en la cantidad de refugiados saharauis que arriban al aeropuerto de Madrid, el ministerio del Interior negó este jueves asilo político a Hammou Ali, un joven con discapacidades auditivas y cáncer de 30 años, originario de las zonas ocupadas de Sahara Occidental.
Ali ha estado en la sala de detenidos del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez desde el lunes pasado y ahora se encamina hacia ser expulsado de vuelta a Marruecos. Representantes de su equipo legal comunicaron a El Independiente que el departamento que supervisa Fernando Grande-Marlaska ha ignorado ‘pruebas más que abundantes para clasificar al solicitante como alguien con necesidades básicas por su discapacidad’.
Además, Ali es un activista que aboga por la independencia de Sahara Occidental, la antigua provincia española que Marruecos ha ocupado desde 1976. Esto está evidenciado en fotografías presentadas por su abogada en un dosier donde se documenta su participación en manifestaciones en Sahara. Las fuentes citadas muestran su asombro porque ‘ante la política represiva que Marruecos está implementando contra los jóvenes saharauis, ahora se suma la política española, rechazando sistemáticamente sus solicitudes sin considerar la precaria situación que estos viven’. Después de su primer rechazo, el ministerio del Interior permitió este miércoles el ingreso a España del activista joven saharaui Abdelsalem Abdullah Khalifa, quien había pasado más de una semana en el aeropuerto de Barajas. Su caso, tras la denuncia el pasado sábado en El Independiente, fue comparado por Podemos y Pablo Iglesias con el recibimiento del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien llegó a España el domingo y desde entonces ha estado tramitando su asilo político.
Se comprende facilmente por qué los jóvenes saharauis optan por buscar alternativas para ganarse la vida, según lo ha expresado recientemente Ali Salem Tamek, un reconocido activista saharaui parte de Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos (Codesa). Este es un grupo basado en las zonas ocupadas que condena los actos de contravención llevados a cabo por el régimen alauí. Al plantear que la ocupación marroquí produce deliberadamente situaciones de represión y falta de recursos, entre otros sufrimientos, insta a los jóvenes saharauis a abandonar su hogar y buscar una vida en el extranjero. Esta forma de actuar resulta de una política planificada, teniendo sistemas en marcha para ayudar a organizar y facilitar tal enfoque. El más reciente informe anual de Amnistía Internacional, publicado en abril pasado, condena las transgresiones realizadas durante el último año contra la resistencia saharaui en las áreas involucradas del Sáhara Occidental. El informe resalta que las fuerzas policiales bloquearon el derecho a reunirse pacíficamente en lo que fue una antigua colonia española. Durante el período del 4 de mayo al 20 de junio, la policía vigilaba la casa de la activista saharaui Mahfouda Lefkir después de un viaje a Dajla, en la parte sur del Sahara Occidental, para mostrar apoyo a los activistas allí. El informe señala que los oficiales atacaron físicamente y verbalmente a los visitantes de Lefkir y a su familia. Esto lo reportó Amnistía Internacional.
Codesa ha reconocido que «la violencia sistemática por parte de las fuerzas marroquíes contra la población civil saharaui en el Sáhara Occidental ocupado ha aumentado notablemente desde la reactivación del conflicto en noviembre de 2020». Esta fecha marca el momento en que el Frente Polisario anunció el cese del alto al fuego vigente desde 1991. «Llegamos sistemáticamente a esta conclusión en nuestros informes detallados», señalaron.
