Uno de los expertos que testificó este jueves en el caso Nummaria aclaró que si la actriz Ana Duato saldó su deuda con la Agencia Tributaria, no debería haberse iniciado un expediente por un delito financiero. «Si el contribuyente ha liquidado su deuda, no se puede arrancar un proceso por delito fiscal», explicó Ignacio Ruiz Jarabo.
Este, que fue llevado a testificar por la defensa de Duato, ha ocupado altos cargos, como director del Departamento de Recaudación del Ministerio de Hacienda (1997-1998), de la Agencia Tributaria (1998-2001) y de la SEPI (2001-2004). En otras palabras, los letrados de Duato consideran que su experiencia en asuntos fiscales es lo bastante amplia como para ser relevante.
El caso Nummaria, actualmente en manos de la Audiencia Nacional, se centra en el bufete de asesoría fiscal del mismo nombre. El Fiscal ha solicitado 298 años de prisión para su líder, Fernando Peña, acusado de proporcionar marcos empresariales a sus clientes para evadir impuestos. Entre los acusados notables se encuentra Ana Duato, actriz principal de la serie Cuéntame. También se apuntó a su colega de reparto, Imanol Arias, pero a principios de junio llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio.
La Fiscalía Anticorrupción acusó a Imanol Arias de evadir el IRPF de 2009 a 2015, sumando un total de 6 delitos fiscales, que en total ascendían a 2,7 millones, de los cuales ya había devuelto 2,3 en 2020. El 4 de junio llegó a un acuerdo con la Fiscalía, aceptando una condena menor a dos años de cárcel, el mínimo para entrar en prisión. Asimismo, se retiró la acusación contra su hermana, Ana Isabel Arias Domínguez, a quien se pedía condenar a 9 años y 6 meses.
Según dos peritos defensores de Peña, miles de documentos confiscados del despacho Nummaria fueron alterados después de su incautación el pasado martes. Sin embargo, otros dos investigadores, de Hacienda y la Policía Nacional, contradicen esta afirmación. Los archivos fueron extraídos de más de setenta ordenadores durante una inspección entre el 27 y el 28 de abril de 2016, incluyendo la base de datos principal del despacho y la contabilidad de las empresas investigadas. Durante el período de la inspección, los expertos afirman haber detectado alteraciones en 7.533 archivos, 14.970 consultas y la creación de 1.912 nuevos documentos.
Una funcionaria de la ONIF, que forma parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, y un oficial de policía nacional realizaron informes periciales en respuesta a las afirmaciones de los peritos defensores de Peña. La funcionaria de la ONIF concluyó que «no hubo manipulación de los archivos. Únicamente se accedió a ellos para su copia», argumentando que los accesos registrados no indicaban ninguna manipulación de la información luego de su extracción de los ordenadores confiscados. Además, explicó que algunos de los cambios observados podrían deberse a que los ordenadores continuaron operando procesos abiertos en archivos de contabilidad y otros, generando y eliminando archivos incluso después de que las personas presentes en el despacho Nummaria cesaron su actividad.
Así mismo, el experto de la Policía Nacional confirmó su reporte en el que determina que no se encontraron archivos alterados.
