El delegado de Jerez describe en la última memoria de la Fiscalía General del Estado la alarmante proliferación de lanchas usadas para el narcotráfico, enfocándose hacia Marruecos, país con el que la colaboración en la lucha contra las drogas sigue teniendo serias deficiencias, a pesar de las frecuentes afirmaciones del Gobierno español que festejan la buena relación bilateral después del cambio histórico del gobierno en la disputa del Sáhara Occidental.
La memoria alerta de que las lanchas ilícitas continúan siendo «la principal herramienta para transportar hachís desde Marruecos y se multiplican por toda la costa, en particular, aunque no únicamente, en el Estrecho y se ven a pleno día o en la noche, surcando la boca del Guadalquivir, puertos deportivos o muelles de pesca en Barbate, Conil de la Frontera, Sancti Petri…».
«Los canales de comunicación y las redes sociales exhiben la audacia de los narcotraficantes al mostrar estas lanchas y la violencia que en ocasiones usan contra las embarcaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como lo evidencia el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, uno de los episodios más desoladores, tristes e intolerables que se recuerdan, y evidencia la incapacidad del Estado para hacer frente a estas redes delictivas que necesitan ser desmanteladas de inmediato”, resalta el documento presentado para dar inicio al año judicial.
El informe anual deja en evidencia la falta de recursos que tienen los agentes «para interceptar y detener estas embarcaciones de alta velocidad que generalmente están equipadas con varios motores de 350 cv de potencia; disponen de sistemas de navegación y comunicación de última tecnología y se ocultan o buscan refugio en aguas internacionales, en Marruecos y también en Portugal, donde estos barcos no son considerados comercio ilícito». «Los principales lugares identificados por el DAVA para la detección de estas embarcaciones son Melilla/Nador, Sanlúcar/Huelva, Almería, Motril/Granada, Barbate/Cádiz con cifras que superan los 230 en menos de 6 meses», aclara el informe. Penalizar la posesión de combustible Un sentido de impunidad se ha fortalecido entre las mafias. En una reciente entrevista con El Independiente, la nueva jefa de la Fiscalía de Área de Algeciras admitía que «los traficantes de drogas han perdido el miedo a la autoridad» y se mostraba a favor de incrementar las penas, especialmente con la opción de penalizar la posesión de combustible en las lanchas de narcotráfico. «Sería un acierto. Se está trabajando en ello y definitivamente sería un logro, ya que recientemente ha surgido un problema bastante serio», señalaba quien avisaba. El informe también aborda este problema aún sin resolver. «Estos barcos no solo se usan para el transporte de hachís sino también, cada vez más, de otras drogas desde embarcaciones nodrizas y también de inmigrantes, con incidentes trágicos como el ocurrido en la zona de San Fernando donde murieron 4 de ellos después de ser lanzados al mar», afirman desde la Fiscalía.
El traslado del combustible a embarcaciones más allá del puerto se realiza utilizando barcos más pequeños, e incluso narcolanchas que pueden soportar cargas más pesadas, como lo demuestran los hallazgos recientes de 2.000 y 3.000 litros de gasolina incautados. Sin embargo, esta no es una idea inédita. El año anterior, el fiscal propuso cambios legislativos, respaldados por el Fiscal General del Estado, destinados a desalentar el uso de estos barcos, como la penalización del transporte y almacenamiento de gasolina en ciertas cantidades sin permiso administrativo, similar a lo que Gibraltar hizo al reformar la Petroleum Act en 2021.
Esta penalización evitaría muchas actividades ilegales, ya que es complicado demostrar que la gasolina se destina para abastecer a las narcolanchas que se dedican al tráfico de drogas. En rara ocasión, este tipo de conducta resulta en multas administrativas que, debido al perfil de los involucrados, raramente se paga. Estos barcos se utilizan no solo para trasladar hachís sino también otras sustancias desde barcos madre y, cada vez más, para el transporte de inmigrantes.
El aumento y expansión constante de las narcolanchas es una señal de su presencia. La incautación de estas embarcaciones es un problema persistente en el Estrecho y sus alrededores. En el mes de agosto, la Guardia Civil interceptó 35 embarcaciones narcotraficantes en el Golfo de Cádiz y el río Guadalquivir, cinco de las cuales eran de alta velocidad y 30 pequeñas que se dedicaban al suministro de combustible y provisiones para las más grandes. Durante una de las operaciones en las localidades de Isla Cristina, Ayamonte y Punta Umbría, se confiscaron 9.500 litros de combustible y 12 embarcaciones de recreo.
Varias semanas posteriores, en la región de Los Caños de Sancti Petri (Chiclana-Cádiz), se interceptaron seis barcos junto a 15.450 litros de carburante. La Fiscalía ha expresado su inquietud ante la “preocupante” acumulación de narcolanchas decomisadas, que no pueden ser vendidas ya que su comercio fue prohibido en 2018. De igual manera, generalmente no resultan útiles para la labor de las fuerzas de seguridad al no ser óptimas para tal fin. La acumulación se debe a demoras tanto en las valoraciones como en la autorización judicial para su destrucción. Esto conlleva un «riesgo verificado» de robos y reincorporación al mercado de motores valiosos. “Se amontonan en diversos puertos, hay retrasos en las valoraciones y en la aprobación para su destrucción por la justicia. Esto resulta en altos costos de almacenamiento y destrucción, además de generar un riesgo confirmado de robos y reintegración al mercado de motores de alta valía. Este acumulamiento de narcolanchas, especialmente en Algeciras y Cádiz, causa congestión en el procedimiento judicial donde usualmente las decisiones de destrucción no son abordadas rápidamente. A inicios de 2024 se depositaron en Cádiz (Puerto de Santa María) cerca de 80 barcos y alrededor de 150 motores, sumándose a casi 300 embarcaciones en la provincia de Algeciras”, según consta en el informe. Este cementerio de narcolanchas también evidencia uno de los inconvenientes que socavan la batalla contra el tráfico de drogas: la regulación más permisiva del vecino Portugal.
Portugal también afronta el problema del tráfico ilícito de drogas con embarcaciones, que son utilizadas para infiltrar sustancias ilegales en su territorio. Los traficantes explotan el hecho de que estos vehículos no están prohibidos para almacenarlos y equiparlos con motores y sistemas de comunicación antes de su traslado a España. Según la Fiscalía, el sólido entendimiento con Portugal requiere un enfoque conjunto para este problema. Se ilustra la diferente actitud hacia estas embarcaciones al recordar el incidente de una embarcación de 12 metros de longitud, con cuatro motores de 300 hp cada uno, valorada en 180.000 euros, que encalló el año pasado en Punta Umbría. Después del accidente, sus ocupantes fueron condenados a prisión y multas al día siguiente. Aun con las quejas y acusaciones de falta de cooperación de jueces y policías españoles, Marruecos inició la legalización del cultivo y comercio de cannabis en 2021. Según fuentes consultadas por este medio, se ve como un esfuerzo para disminuir el tráfico de drogas hacia la península. El Rey Mohamed VI otorgó el perdón a cerca de 5.000 productores de hachís que habían sido condenados previamente en agosto. Abdelmalek Alaoui, director del Instituto Marroquí de Inteligencia Estratégica y cercano a los servicios secretos del país, señala a El Independiente que el indulto real a los productores de cannabis es un importante avance para la integración de los que se dedican a la producción ilegal en el nuevo marco legal. Esta acción ejerce también una presión significativa sobre las actividades ilícitas, como lo evidencia el reciente ataque contra los traficantes y las operaciones de contrabando.
«La instauración del perdón se encuentra en el núcleo de una transformación más extensa en el área de la producción de cannabis, impulsada por el Rey. Esta probablemente va a tener un gran impacto tanto en Marruecos como en las transacciones comerciales con naciones como España», señala. Se nota un incremento de las drogas sintéticas, incluyendo los cannabinoides sintéticos, incluso cuando se intenta suprimir el tráfico ilícito, estos acaban llegando a los lugares de consumo. Esto es lo que Khalid Tinasti, un experto en políticas de drogas del Centro para Conflictos, Desarrollo y Consolidación de la Paz (CCDP) del Instituto de Estudios Internacionales y Desarrollo (Ginebra), insinúa con bastante cautela. «El mercado interno de Marruecos, de acuerdo a los limitados datos en disposición, no varía mucho en comparación a la mayoría de los países a nivel global, pues el cannabis supera el 70% de las sustancias declaradas como consumidas, por lo que es la droga ilegal más popular. Esta es una característica común en todas las regiones», argumenta. “Al hablar exclusivamente sobre producción, se reconoce que Marruecos ha realizados intentos, a veces erróneos y siempre en un precario equilibrio entre eficacia y represión, para reducir los niveles de producción, desde la destrucción de cultivos hasta la detención de granjeros, así como mediante programas de reemplazo de cultivos. La ley de regulación de 2021 es una pieza de ese esfuerzo, aunque aún está por comprobarse si tiene el potencial de causar un impacto trascendental”, explica. «Al igual que la mayoría de los países, incluyendo EE.UU, Europa, y naciones de Asia oriental y sureste, este esfuerzo ha tenido un éxito limitado, en el mejor de los casos logrando contener el mercado, pero sin detener remotamente su crecimiento. Incluso cuando se trata de suprimir el tráfico ilícito, aún observamos como las drogas sintéticas, incluyendo los cannabinoides sintéticos, incrementan su presencia en los mercados de consumo», argumenta Tinasti, un defensor de las alternativas que desafían el modelo actual.
«Por tanto, es necesario abordar el asunto desde el punto de vista de disminuir la demanda en los mercados compradores, no solamente enfocándonos en los productores. La interrupción de la exportación ilegal de cannabis por parte de Marruecos implica un avance progresivo hacia la legalización de todos sus usos a nivel nacional, incluso los recreativos. Esto necesitaría de una estrategia integral que contemple la prevención, menos obstáculos burocráticos para los agricultores, pero también restricciones para los usuarios recreativos, por ejemplo, en base a la edad. Sin embargo, esta legalización posee el potencial de desarrollar un mercado con la perspectiva de una mejor rentabilidad económica y financiera. También debería depender en gran medida de los esfuerzos para mejorar áreas como la salud, la educación y la infraestructura en zonas productoras como el Rif. Esto, a su vez, propiciaría que los cultivadores marroquíes dejen el mercado ilegal, combatan la corrupción y pongan fin al estigma y discriminación a los que se ven sometidos».
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.
Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país