El futuro de Juan Carlos Peinado, el juez a cargo del ‘caso Begoña Gómez’, es incierto. Se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tome una decisión sobre las acusaciones de prevaricación presentadas de manera individual por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa contra él.
Dependiendo del resultado, el juez Peinado podría ser forzado a retirarse del caso o incluso abandonar su carrera judicial. Recientemente, la Fiscalía ha solicitado que se admita la denuncia de Sánchez.
Enjuiciar a un juez no es algo común en la ley española y no hay muchos casos precedentes.
Con frecuencia, aquellos bajo investigación buscan descalificar a quienes los están investigando como una forma de resolver sus problemas legales. Por ello, existía un proceso conocido como el antejuicio hasta que el ex Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, modificó la ley. Este proceso funcionaba como una audiencia preliminar en la que se escuchaban a ambas partes antes de decidir si admitir una denuncia contra un juez.
Esta medida fue modificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial debido a críticas que la consideraban un «privilegio» en comparación con otros ciudadanos, según fuentes jurídicas. Aún así, los jueces pueden realizar ciertos procedimientos antes de iniciar un caso contra uno de ellos. Esto está estipulado en el artículo 410 de la misma ley, que menciona que antes de abrir un caso, un juez puede «recoger los antecedentes que considere oportunos para determinar […] la importancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la acusación».
El miércoles, la Fiscalía respaldó inicialmente a Sánchez, alegando que el juez cometió un error intencionado al solicitar su testimonio en persona en lugar de permitirle ofrecer una declaración escrita el pasado 30 de julio. Esto constituye el núcleo de la demanda presentada por el abogado del Estado, alegando que Peinado se extralimitó deliberadamente al convocar al líder socialista como cónyuge de Gómez, en lugar de como jefe del gobierno. Paralelamente, Gómez presentó una contrademanda en la cual acusa a Peinado de divulgación de información privilegiada (por compartir declaraciones y documentos con las partes acusadoras mientras el caso estaba bajo secreto de sumario) y de prevaricación.
«Están tras él», comenta una fuente del proceso. Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide desestimar las demandas, todo seguirá tal como está. En cambio, si se instruye un procedimiento en contra del magistrado, se considerarán diferentes escenarios. Si se acepta la queja de Begoña Gómez, Peinado tendrá que ser removido del caso. Así lo establece la ley de recusación: «Ser o haber sido acusado o denunciado por una de las partes como responsable de un delito o infracción, siempre que la acusación haya dado lugar a la apertura de un procedimiento penal».
Si se acepta la queja de Sánchez, pero no la de su esposa, el panorama es incierto. Algunas fuentes del ámbito legal entrevistadas por este periódico sugieren que Peinado podría continuar debido a que él no es objeto de la investigación; aunque otros opinan que, con una interpretación amplia de la norma, él es el esposo de la implicada y, como tal, su participación en el caso podría ser cuestionada.
Esto no significa que el caso contra Begoña Gómez deba ser cerrado o minimizado en ninguna circunstancia. Un juez diferente tomaría el control y la investigación continuaría. Peinado podría mantener sus actividades sin impedimentos y sólo podría ser desplazado de su carrera si el caso llega a juicio. Si la denuncia de Sánchez lleva a un juicio oral, el juez se suspendería de sus funciones y recibiría un salario base, como indican las fuentes legales familiarizadas con este proceso. En caso de que finalmente sea absuelto después del juicio, el juez debe ser reintegrado a su carrera y el Ministerio de Justicia debería abonar todos los salarios pendientes.
