El Tribunal Constitucional ha consentido de forma unánime que el juez Juan Carlos Campo se abstenga y ha admitido el análisis de la cuestión de la inconstitucionalidad propuesta por la Sala Penal del Tribunal Supremo respecto a la Ley de Amnistía, según confirman fuentes jurídicas a El Independiente.
Se inicia así el proceso de revisión de la medida de clemencia presidido por Cándido Conde-Pumpido en el tribunal. En su tiempo como Ministro de Justicia, Campo firmó los expedientes de los indultos a los líderes separatistas en un documento en el que cuestionaba la constitucionalidad de una futura Ley de Amnistía.
Esta acción le prohíbe participar en las deliberaciones sobre la medida de clemencia, tal como él mismo explicó al pedir su exclusión, conforme con los principios estipulados en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): «Los jueces desempeñarán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma». Por lo tanto, el ala izquierda del tribunal enfrentará las deliberaciones sobre la amnistía con seis magistrados frente a los cinco de derecha, el equilibrio de poder se mantiene a pesar de la ausencia de Campo. La respuesta al Tribunal Supremo se espera dentro de los próximos seis meses a un año, y aunque no se aplicará de manera generalizada a todas las cuestiones de inconstitucionalidad y apelaciones que puedan surgir, debido a que los elementos impugnados y los argumentos presentados pueden ser diferentes, sí proporcionará una dirección.
El tribunal supremo determinó que el primer artículo de la amnistía infringe el derecho de igualdad constitucional y los principios de certeza jurídica, prohibición de la arbitrariedad y jurisdicción exclusiva. Esta decisión se tomó después de examinar el caso de dos individuos condenados por disturbios civiles en Girona a raíz del fallo que sentenció al exvicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, y a otros jefes del procés. Se espera que el Tribunal Constitucional emita un mínimo de 16 fallos distintos relacionados con esta ley, a causa de la multitud de apelaciones que se han presentado recientemente.