El Tribunal Constitucional emitirá al menos 16 dictámenes separados respecto a la Ley de Amnistía debido a la enorme cantidad de objeciones presentadas contra esta ley, diseñada para absolver todos los crímenes del procés. Varios jueces han mencionado, en privado, que no recuerdan otra ley que haya sido tan disputada ante este ente que vigila la observancia del tratado de 1978.
El Partido Popular, todas las regiones autónomas que gobierna, Castilla La Mancha bajo el socialista Emiliano García Page, así como instituciones judiciales como el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han expresado su preocupación de que la amnistía crea desigualdades entre los ciudadanos españoles y viola el acuerdo sobre el cual se fundamenta la democracia moderna.
«Estoy convencido de que no me confundo al afirmar que no recuerdo una disposición que haya generado tantas impugnaciones», reveló una fuente del tribunal a El Independiente. El proceso interno actual es complejo, con etapas como recusaciones o abstenciones de los propios jueces, pero todos los consultados coinciden en que finalmente habrá un fallo por cada impugnación. Estas no se pueden combinar. El departamento de prensa revelará el dato exacto este miércoles 11 de septiembre, fecha límite para la presentación, pero hasta ahora se han presentado 16 impugnaciones, según confirman las fuentes mencionadas.
Los gobiernos autónomos y los parlamentos de cada autonomía tienen la facultad de presentar recursos de inconstitucionalidad, y algunos han decidido emplear esa doble autoridad. Por ejemplo, Aragón contará con dos fallos. Estas duplicidades tampoco pueden ser condensadas en una sola sentencia, ya que, según fuentes del organismo, pueden presentar argumentos diferentes y los jueces deben responder a cada uno de ellos individualmente.
Este martes, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana anunciaron su incorporación al sistema de distribución del tribunal supremo, en el que también participa Baleares, espacio designado al juez Enrique Arnaldo. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) se ocupa de las cuestiones de inconstitucionalidad, cuyo informe estará redactado por Laura Díez. Cabe señalar que existe una diferencia significativa entre los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones de inconstitucionalidad, así como la manera de resolverlas.
Pedro Crespo, fiscal de Sala, solo deberá dar su opinión en lo referente a las cuestiones de inconstitucionalidad, que son preguntas entre jueces. Tanto el Tribunal Supremo como el TSJCat han planteado consultas al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre si deben aplicar la norma en ciertos aspectos particulares. El Supremo sostiene que este indulto ha violado el derecho constitucional a la igualdad legal para todos los ciudadanos españoles, y en segundo lugar, podría romper el principio de jurisdicción exclusiva.
La primera cuestión que alcanzó el tribunal y la primera que pasará el primer filtro, el de admisión, fue ésta. La decisión de si se deben excluir o no a los jueces inicia el laberinto, seguido de la decisión de si admitir la cuestión. Una vez admitido, el tribunal estima un tiempo de «seis meses a un año» para dar un veredicto sobre la cuestión principal. La cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo comienza su revisión este miércoles. Primeramente, se decidirá si el juez Juan Carlos Campo debe despedirse, como él mismo ha solicitado. Varias fuentes aseguran que seguramente podrá apartarse debido a su participación en los indultos durante su mandato en el Ministerio de Justicia.
Campo deberá solicitar una separación cada vez que desee hacerlo, ya que el proceso no es automático. Por lo tanto, se ha integrado en el sistema de distribución para dirimir la cuestión de inconstitucionalidad de Cantabria. Según opiniones generalizadas, sería coherente y estaría en consonancia con la tradición del tribunal que si se toma una decisión en un caso, se adopte la misma postura en casos similares.
El tema que se discute este miércoles se conoce como «el principal» en la terminología del propio tribunal, ya que encabeza la lista de recursos. Los razonamientos que los jueces utilicen en este fallo sentarán precedente para el resto. Esto desatará un efecto dominó. Si el Tribunal Constitucional decide que la Ley de Amnistía no incumple el principio de igualdad para todos los españoles, esta será la norma que se aplicará en todas las sentencias futuras. Se pueden ajustar detalles o añadir elementos, pero en esencia, si se da luz verde al primer caso, los que siguen recibirán la luz verde.
Lo que sí puede suceder es que, en una sentencia futura, los jueces decidan que un aspecto específico de la ley no cumple los requisitos y, por tanto, cada caso debe revisarse de manera individual. Por ejemplo, el Tribunal Supremo no ha cuestionado el desvío de fondos del procés, ya que lo considera incompatible con la amnistía. Sin embargo, el TSJcat sí lo ha hecho. Podría ocurrir que en el fallo del Supremo se aprobara la ley de amnistía en la creencia de que no se viola la igualdad de los españoles. Sin embargo, podría especificarse a los jueces catalanes meses después que lo que no es constitucional es amnistiar el delito de desvío de fondos.
La llegada del magistrado conservador Mario Macías ha completado la formación de la órgano dirigido por Cándido Conde-Pumpido, con siete magistrados conservadores y cinco progresistas. En caso de la abstención de Campo, la distribución se equilibraría en seis frente a cinco. Aunque hay varias objeciones pendientes contra Pumpido (por su abstención en anteriores fallos del procés) y contra la progresista Laura Díez (por su participación en el gabinete de Félix Bolaños), fuentes del Tribunal sostienen que es poco probable que estas objeciones sean exitosas, dejando la deliberación a cargo de los jueces conservadores.
Además de estos asuntos, se anticipa que surjan más cuestiones tras esta semana. El juez del Supremo, Pablo Llarena, confirmó su decisión de no conceder la amnistía a los líderes del procés, acusados de malversación. Como resultado, Carles Puigdemont, ex presidente, y otros tienen vía libre para continuar manifestando su descontento. Primero pueden apelar ante la Sala de Apelaciones del organismo y luego también al Tribunal Constitucional.
