En Euskadi, el inicio del nuevo ciclo político ha marcado el resurgimiento de un antiguo tema en el escenario político vasco: el derecho a elegir. La cuestión había estado en segundo plano en los últimos años y apenas se visibilizó en la legislatura anterior en la región vasca.
Sin embargo, ha irrumpido con vigor en este inicio del año político. De hecho, ha mostrado las primeras grietas entre los miembros del recién formado gobierno de Imanol Pradales. A finales de este mes o principios de octubre, el líder del PNV, Andoni Ortuzar, comenzará a establecer diálogos con los principales partidos políticos vascos para explorar la factibilidad de un nuevo estatuto vasco.
Dado el compromiso adquirido en el acuerdo de investidura firmado entre el PNV y el PSOE para implementar en su totalidad el Estatuto de Gernika de 1979 en un periodo máximo de un año y medio – incluyendo el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social – el partido de Ortuzar busca acelerar las conversaciones entre partidos para retomar un tema que quedó olvidado en la legislatura anterior.
El debate en torno a un nuevo estatuto fue una discusión que tuvo lugar hace dos legislaturas. En aquel entonces, la comisión de autogobierno culminó con la presentación de tres propuestas de estatuto. La propuesta que generó mayor consenso fue respaldada por el PNV, PSE y Podemos, aunque estos dos últimos partidos tuvieron enmiendas y discrepancias en los temas más sensibles como el derecho a elegir. A esto se sumó otra propuesta de texto de EH Bildu, que incluía el derecho de autodeterminación, y además el PP presentó su propio modelo de nuevo estatuto. Hoy, el PNV busca liderar este proceso.
En su acuerdo para investir a Pedro Sánchez se había acordado que PSOE y el recién formado Gobierno respaldarían lo que la Cámara vasca aprobase para actualizar el Estatuto de 1979. También, en el trato de Gobierno entre los dos partidos para formar el gobierno del lehendakari Imanol Pradales, se acordó investigar este asunto. Se realizó sin negociar discrepancias respecto a este tema como se hizo en acuerdos de gobierno previos.
Recientemente, el PSE, representado por su secretario general, Eneko Andueza, ha expresado que no se unirá a las «obsesiones nacionalistas». Aunque el líder socialista confirmó que asistirá a la ronda de discusiones convocadas por el PNV, asegura que no respaldará ninguna propuesta que implique la inclusión del derecho a decidir. Andueza puso de manifiesto que el PNV tendrá que elegir entre sostener la propuesta que acordó con ellos o, por el contrario, regresar a las posturas defendidas por EH Bildu y que en un principio, Sabin Etxea apoyó en un documento base antes de la redacción del borrador del estatuto.
Al comienzo de esta temporada política, las posturas de los tres principales grupos han vuelto a subrayar la dificultad de alcanzar un consenso adecuado para aprobar un nuevo estatuto vasco. Ortuzar señaló recientemente que en realidad hay un amplio consenso del 95% en la mayoría de los asuntos entre los principales partidos vascos, quedando únicamente un 5% pendiente de acuerdo. Entre esos temas pendientes se incluyen aspectos como el modelo de relaciones bilaterales entre el País Vasco y España, la capacidad de decisión de la sociedad vasca, y la identificación de quién y cómo debe gestionar las diferencias entre ambos gobiernos.
El deseo del PNV de progresar en este tema no se debe únicamente a la mayoría nacionalista – con 55 de 75 asientos – en el Parlamento Vasco, sino también a las coaliciones que mantienen con otras formaciones importantes en Euskadi, como son PSE y EH Bildu, en el Congreso de los Diputados. Ortuzar se planteó el lunes: «Si hemos logrado pactos en otras áreas, ¿por qué no en el autogobierno?». El PP, está siendo desplazado mientras EH Bildu insiste en que esta mayoría parlamentaria debe interpretarse de manera evidente en un estatuto que englobe el derecho a decidir. Arnaldo Otegi persiste en la idea de que hay “abundante margen” para un acuerdo de este tipo. No obstante, desde el PSE ya le han dejado saber firmemente que no aceptarán ningún pacto que contenga las “fijaciones nacionalistas”: “Que los nacionalistas sean la mayoría en el Parlamento Vasco, no significa que la mayoría de la población vasca apoye este enfoque en este tipo de temas, según las encuestas”, argumenta Andueza. Los socialistas insisten en que su objetivo es «preservar» los derechos obtenidos a lo largo de los años y actualizar y adaptar el estatuto futuro a las nuevas exigencias, pero en ninguno de los casos a un modelo con tintes soberanistas «predestinado al fracaso, como lo testimonia el ‘Pacto de Lizarra’ o el ‘Plan Ibarretxe'». El PP ha eludido por ahora comentar la ronda de negociaciones anunciada por Ortuzar. Hasta la fecha, ni EH Bildu ni el PNV han mostrado confianza en la posibilidad de que los populares participen en este proceso en el que no se considera esencial su aporte. Ambos partidos nacionalistas relegan al PP de Javier De Andrés y creen que la diversidad de la sociedad vasca estaría representada en un acuerdo que incluiría nacionalismo y socialismo.
En consecuencia, el PNV aborda el comienzo de la etapa política asumiendo el rol de intermediario para reactivar un asunto que genera división entre los partidos y que se pone en marcha con escasas concesiones en las perspectivas.
