Existe un marcado disgusto dentro del Gobierno debido a la persistente crisis migratoria en Canarias, y a la falta de una reforma en la Ley de Extranjería que permita la distribución obligatoria de menores que llegan a las islas o a Ceuta y Melilla por toda España.
El Gobierno percibe que el Partido Popular (PP) sigue jugando a un juego deshonesto, pretendiendo estar abierto al acuerdo, pero en realidad solo aumenta sus demandas para evitar «asumir su responsabilidad» y atribuírsela por completo a Pedro Sánchez. El PP ha estado presionando al Gobierno acerca de la cuestión migratoria desde principios de agosto.
Aunque ha transmitido su rechazo a continuar las negociaciones con él debido a su postura inmovilista y a su falta de respuesta a sus requerimientos, la verdad es que Génova y La Moncloa siguen manteniendo líneas de comunicación abiertas a pesar del ruido que el constante conflicto produce. Fuentes familiarizadas con las negociaciones confirmaron esto a El Independiente, revelando que hay una reunión pendiente desde el 24 de agosto tras un intercambio de mensajes entre ambas partes. Esta reunión se propuso después de un compromiso anterior, tras una reunión entre el Gobierno y el PP con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como tercer participante. El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del PP en el parlamento, Miguel Tellado, asistieron a esta reunión, como se reveló recientemente en el Congreso. A raíz de esta reunión, tanto Alberto Núñez Feijóo como Clavijo han acordado su plan para hacer frente a la emergencia migratoria. Este plan incorpora demandas que el PP había formulado desde que se iniciaron las negociaciones en julio. Esto tiene que ver con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que fue acordada por la propia Coalición Canaria (CC) con el Gobierno, y que el PP rechazó.
Torres, quien lidera las negociaciones, ha insistido en tramitar la reforma antes de discutir cualquier modificación a través de enmiendas, una postura que Moncloa respalda hoy. Las sugerencias formuladas por el Partido Popular se registraron en agosto como una proposición no legislada en la Cámara de Representantes. Algunas de las medidas destacadas son la declaración de una emergencia migratoria nacional, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, el aumento de la presencia policial en las fronteras y acciones contra las organizaciones criminales en los puntos de origen de las rutas migratorias. Además, se solicita la implementación de Frontex junto con la intervención de la Unión Europea, dado que España es su principal punto de entrada sur, y un fondo de contingencia para cubrir el acogimiento de menores extranjeros no acompañados y compensar la falta de recursos. Muchas de estas propuestas coinciden con el objetivo de Clavijo. Sin embargo, este plan busca ir más allá de lo que el gobierno pretendía con esa modificación específica a la Ley de Extranjería. En la reunión con Torres y Tellado, Clavijo propuso un sistema de cuotas que ha sido incluido en la propuesta conjunta con Feijóo. Tellado validó la propuesta en la reunión y Torres, aunque no se opuso, optó por consultar con Hacienda y Migraciones antes de tomar una decisión. «Desde entonces, no hemos tenido noticias de él», aseguran fuentes del Partido Popular. Clavijo sugirió que las comunidades autónomas deberían ser responsables de los inmigrantes hasta que los centros de acogida de menores alcancen el 100% de su capacidad. El punto de referencia para determinar ese total se estableció en marzo de 2020, antes de la pandemia y de las «llegadas masivas», según el documento. Hasta que se alcance el 150%, que era el objetivo para la reforma de la Ley de Extranjería del PSOE, Sumar y CC, las comunidades autónomas harán «un esfuerzo».
Sin embargo, una vez que se excede ese número, tanto el PP como CC sugieren que es el gobierno quien debe tomar la responsabilidad de estas acogidas, utilizando las infraestructuras estatales existentes para tal fin. No obstante, esto se ha modificado recientemente. A partir del 100% de ocupación en adelante, se solicita al gobierno recursos «hasta la emancipación del menor», y una vez se supera el 150% de ocupación, la gestión de la acogida sigue siendo exclusivamente del Estado. Este es el contenido detallado del documento:
Mientras tanto, el PP sigue esperando una respuesta del gobierno, y no se compromete a realizar ninguna otra acción hasta entonces. Está a favor de la rapidez, pero siempre en línea con criterios realistas. Asimismo, se espera la misma compromiso por parte de la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con quien Torres ha estado en constante comunicación durante todo este tiempo.
Fuentes cercanas a Rego sostienen que el plan propuesto por Feijóo y Clavijo es incompleto, ya que se formuló sin considerar ciertos detalles previamente. Aunque no lo califican de «engañoso», sí lamentan que algunas propuestas parecen acercarse a las ideas de la «extrema derecha».
En medio de la competencia entre PP y Vox, Clavijo también se une a este juego tras haberse distanciado del gobierno. Se apunta a la solicitud de involucrar a Frontex o incrementar la presencia policial.
No obstante, las mismas fuentes consideran que cualquier consenso debe basarse en «criterios reales». En primer lugar, se pide «determinar cuántos puestos» están disponibles, algo que consideran fundamental para desarrollar un plan de distribución de menores a lo largo de la península y las Islas Baleares desde Canarias y Ceuta.
Por ejemplo, afirman que desconocen los datos completos de comunidades como Andalucía. Tampoco se distingue entre menores extranjeros no acompañados y jóvenes de nacionalidad española que viven en ellos por diversas razones.
En segundo lugar, no se apoya la idea de utilizar la data de marzo de 2020 como punto de referencia para determinar la capacidad o sobrecarga de los espacios. Se considera más apropiado usar fechas más recientes, aunque todavía no se ha sugerido una alternativa. Frente a la demanda de un incremento en la financiación autonómica, dependiente del Ministerio de Hacienda, el departamento de Juventud e Infancia está dispuesto a abordar el tema. «Si desean hablar, vamos a hablar. No hay inconvenientes», afirman. La solución que todo el gobierno está explorando está relacionada con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que estipula la distribución inmediata y la recepción obligatoria por las comunidades, como una estrategia para aliviar la presión sobre los recursos de las islas o la ciudad autónoma. Clavijo aprueba esta idea, sin embargo, no es bienvenida entre los miembros del Partido Popular. Algunos en el gobierno creen que la mejor solución sería llegar a un «pacto mínimo», sin «maximalismo» pero con un compromiso de seguir avanzando en el futuro. Ya no existe una preferencia sobre cómo implementarlo, que podría ser mediante un real decreto ley para su aprobación posterior en el Congreso, o por medio de una proposición de ley. «Lo que sea más ágil», especifican. «La reforma del artículo 35 es una prioridad. Cualquier propuesta que el CC y el PP deseen presentar puede hacerse durante el proceso de enmienda», sugieren las mismas fuentes. Además, solicitan que revisen su estrategia de confrontación. El Departamento de Juventud e Infancia ya está organizando una nueva conferencia sectorial «en las próximas semanas», a la que esperan llegar con todos los datos necesarios para presentar otra propuesta siguiendo los ejes mencionados. Se confía en obtener el apoyo del Partido Popular a través de sus consejeros respectivos.
Se les critica por haber votado en conjunto con el PSOE en la UE por el reciente Pacto de Asilo y Migración, que se implementará completamente en 2026. Ahora parece que no pueden llegar a un acercamiento con principios parecidos.
