Martes fue el único día que contaba con una certeza definitiva. Para el periodo 2025-2027, se estableció una segunda vez la ruta de estabilidad por el Consejo de Ministros, estableciendo así la base para los futuros Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, el Gobierno aún enfrenta incertidumbre sobre si puede lograr los objetivos de estabilidad. Esto se debe a que en julio, Junts, junto con PP y Vox, rechazó dicha propuesta. También existe la incertidumbre de si los presupuestos públicos verán el día.
El Gobierno debe sortear estos obstáculos a medida que el otoño avanza y a medida que se resuelva la incertidumbre con ERC y Junts, cuyos congresos podrían requerir recalcular la estrategia y redefinir la relación con los socialistas.
Ni el Ejecutivo —incluyendo a los dos socios de coalición, PSOE y Sumar— puede predecir cuando los Presupuestos del Estado podrán llegar al Congreso, y cabe la posibilidad de que estos sean rechazados por la falta de apoyos. Ante esta situación, la Moncloa, al menos por el momento, ha respondido de una manera: asegurando que la legislatura continuaría y que no se convocarían elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez.
En julio, las postconvergencias ya habían rechazado la ruta de estabilidad junto con PP y Vox, y tras la investidura de Illa no han dejado de insistir que Sánchez no tiene «ningún apoyo garantizado», en especial si se trata de «café para todos».
Obviamente, Junts es la mayor preocupación del Gobierno. En julio, cuando ya se anticipaba el pacto entre el PSC y ERC que finalmente llevó a Salvador Illa a la presidencia, Junts lanzó una primera alerta sorprendiendo por la desestabilización, afirmando desde entonces continuamente que su afiliación no es con ninguna facción del Congreso, solamente acordaron apoyar la investidura de Sánchez con el PSOE a cambio de la ley de amnistía; «luego dijimos que todo lo demás sería caso por caso», remarcando que el Gobierno «no tiene ningún apoyo seguro» y que cualquier acción que profundice en «los agravios competenciales o económicos a Cataluña», incluyendo el «café para todos», encontraría su resistencia. La Administración asegura que por la «imprevisibilidad» de la formación de Carles Puigdemont, no están seguros de hasta qué punto cumplirá con sus amenazas.
Este martes, la primera vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expuso en la conferencia de prensa después de la reunión regular del Gabinete – bajo su liderazgo, ya que el presidente sigue en su viaje oficial a China – la ruta de estabilidad para 2025-2027. Esta es la misma que el Consejo de Ministros aprobó el 16 de julio y que fue rechazada una semana después por el Congreso, con los votos del PP, Vox y Junts.
El Gobierno respalda los objetivos propuestos de estabilidad ya que «lo que es excelente es difícil de mejorar», puesto que no demanda ningún esfuerzo extra a las comunidades y los ayuntamientos.
Montero argumentó que las metas de déficit y deuda se mantienen iguales debido a que «es complicado perfeccionar lo que ya es excelente», y añadió que el camino «generoso» aprobado por el Gobierno – al que las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera – permite una mayor solvencia financiera a las Comunidades Autónomas y municipios para financiar sus servicios, en comparación con la normativa actualmente vigente, que es más limitante. En particular, se establecen objetivos menos rigurosos para las autonomías – se les permite un déficit del 0,1% del PIB durante todo el periodo, en contraposición con la décima de superávit que se les requería anteriormente – y para los ayuntamientos – se les solicita alcanzar un equilibrio presupuestario, frente al 0,1% y 0,2% de superávit que se les exigía alcanzar en 2025 y 2026 con la senda anterior. Adicionalmente, el Consejo aprobó un límite uniforme de gasto no financiero o techo de gasto para el Presupuesto de 2025 (del que se informa a las Cortes, pero no se somete a votación): 195.353 millones, un 3,2% más que en 2024. Esto representa un incremento de 6.138 millones.
Que reine de nuevo la «sensatez».
La vicepresidenta opina que es ilógico que el Partido Popular rechace una ruta que beneficia a las regiones que este partido gobierna. Según Montero, si el PP y otros grupos, incluído Junts, votan en contra de este camino, estarían forzando a las comunidades autónomas a realizar un ajuste de 6.600 millones en dos años, y a las entidades locales un ajuste de 4.950 millones, sumando un total de 11.550 millones de euros. Es decir, tanto el PP como Junts, evitarían que los gobiernos autonómicos y locales tuviesen acceso a estos 11.550 millones que el gobierno de Sánchez planea cederles.
La vicepresidenta espera que se prevalezca el «sentido común» y la «razón», de manera que ambas cámaras legislativas aprueben la propuesta, ya que las críticas no se basan en nada más que «excusas» o «distracciones». Sin embargo, subrayó que si estos objetivos de déficit y deuda no progresan, el Gobierno no se detendrá. Redactarán su plan de presupuesto con las restricciones existentes, lo que resultaría en requisitos más exigentes para las CCAA y los ayuntamientos.
Una vez se establezcan los objetivos de déficit y deuda para el periodo, será momento de finalizar el borrador del presupuesto y presentarlo al Congreso para su examen parlamentario. La gran pregunta es cuándo sucederá esto, y si el Ejecutivo pospondrá la presentación del proyecto hasta después de los congresos de Junts y ERC. Montero no dio detalles, solo indicó que el Gobierno intentará presentar el plan de cuentas al parlamento «tan pronto como sea posible».
La vicepresidenta advierte que los que se oponen a la aprobación del Presupuesto tendrán que justificar su acción, ya que lo único que hacen es crear obstáculos constantes para el Gobierno, impidiéndole desempeñar sus funciones políticas.
Agregó que se dialogará con todos los partidos políticos en relación con el Presupuesto. Aun así, el proceso de elaboración del Presupuesto todavía está en su fase inicial ya que está siendo discutido por el PSOE y Sumar. Hasta ahora, no se ha establecido una fecha límite para su finalización. Sin embargo, el desafío será asegurar el apoyo de los independientes, especialmente los de Puigdemont. «Un buen presupuesto es una oportunidad para el país. Es importante capitalizar esta oportunidad, permitiendo a cada grupo dejar su marca y hacer enmiendas». Critica enérgicamente al PP y, obviamente, a Junts, evitando mencionarlos directamente. No obstante, afirmó que el Gobierno continuará esforzándose a pesar de los impedimentos y trabajará para implementar políticas favorables para el bienestar de los ciudadanos.
El pasado sábado, Sánchez declaró ante el comité federal del PSOE que implementaría su agenda «con o sin la participación del Legislativo». En otras palabras, «vamos a agotar la legislatura», afirmaron desde la Moncloa. Además, si el Congreso mantiene una «negativa constante» a aprobar leyes, el Gobierno se centrará en sus propias actividades, promulgando reales decretos (excluyendo reales decretos leyes que requieren la confirmación parlamentaria).
Diversos componentes del gobierno admiten estar confundidos sobre la actitud de los posconvergentes. Son incapaces de anticipar si en el proximo voto de la senda de estabilidad -que tendrá lugar en una o dos semanas en la Cámara Baja- y la presentación de los PGE, la relación con ellos estará más tranquila. «Vamos a mantener conversaciones antes, durante y después de los congresos de los partidos. Sin embargo, en el presente, desconocemos cuándo presentaremos el presupuesto de 2025 en el Congreso. Junts aún no nos ha declarado ‘no cuenten con nosotros'», informan fuentes del Ministerio de Hacienda.
Minsitros socialistas y líderes parlamentarios subrayan que es impracticable establecer un calendario actualmente. Predomina la prudencia. Todo esto es corroborado en Sumar. «Por el momento, negociaremos con el PSOE. La presentación… lo sensato sería hacerlo después de los congresos de ERC y Junts», apunta una miembro de mucha relevancia del ala minoritaria del ejecutivo. «Es que nunca se puede prever con Junts. Depende de la situación marítima del día», remarca otra ministra de Sumar.
Presión extrema al PP.
De momento, la táctica del Gobierno consiste en presionar al máximo al Partido Popular en el ámbito público. En concreto, su intención es resaltar las discrepancias entre los gobiernos autónomos conservadores y la dirección de Alberto Núñez Feijóo, así como señalar el escaso grado de autonomía de los primeros en relación a su líder. La vicepresidenta Montero afirmó que tiene planeado comenzar las reuniones con las Comunidades Autónomas este mes para discutir la promesa de condonación de la deuda y para «verificar información». Sin embargo, existe una directriz de Génova que insta a sus líderes autonómicos a no dialogar con el Gobierno sobre la financiación autonómica ni la cancelación de la deuda, por lo que se cree que el PP «rechaza» esas conversaciones bilaterales. Aun así, la vicepresidenta alentó a los presidentes autonómicos que deseen debatir con el Gobierno sobre este asunto a expresarlo, ya que en el Ministerio de Hacienda estarían complacidos de «poder convocarlos y hablar», tal como se había planeado.
Montero enfatiza que los fondos europeos están vinculados a una reforma, por lo que no pueden ser transferidos incondicionalmente a las Comunidades Autónomas, como el PP desearía.
La segunda al mando del Gobierno y del PSOE no se abstuvo de reprochar a los líderes del Partido Popular por seguir las directrices de Feijóo y luego solicitar más fondos. «Reducen los tributos, piden más capital. No desean participar en las reuniones, solicitan más capital. En resumen, es una contradicción constante en la que creo que es hora que el Partido Popular entregue justificaciones», indicó la ministra. El Partido Popular exige que, para discutir la financiación con el Gobierno, Sánchez esté dispuesto a convocar la Conferencia de Presidentes. «¿Con qué fin, para que suceda como con la trayectoria, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las CCAA del Partido Popular se abstienen y luego en el Congreso votan en contra? Ellos son los que anulan los órganos multilaterales», argumentaban desde la Moncloa.
Montero reafirmó que, como anticipaba, no emergió ninguna propuesta colectiva sobre financiación de la cita del pasado viernes de Feijóo con sus líderes. Sí que se presentó alguna «idea inesperada», criticó, como solicitar al Gobierno 18.000 millones de los fondos europeos para que las CCAA puedan cubrir el coste de sus servicios públicos. «No sé si es desconocimiento o un intento de engaño —alertó la vicepresidenta—, pero ustedes saben perfectamente que el dinero de los fondos de recuperación está reservado para promover reformas, uno no puede disponer de él de manera libre y a placer, es irrecuperable». El Gobierno manifiesta no estar seguro de que el Partido Popular esté buscando una reforma del modelo de financiación, ya que su postura conduce en realidad al «estancamiento».
La carpeta del nuevo modelo de distribución para las Comunidades Autónomas aún no revela detalles sobre la «financiación única» destinada a Cataluña, incluyendo el calendario para su implementación. El pacto entre el PSC y el ERC indica que su formalización deberá llevarse a cabo durante el primer semestre del 2025 mediante la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat. La ministra Montero ha enfatizado que el Gobierno planea respetar el acuerdo con el ERC en su totalidad de acuerdo al cronograma, siempre que sea posible.
La vicepresidenta recalca que para empezar, se necesitan encuentros bilaterales con la Generalitat.
Sin embargo, el éxito depende no solo del Gobierno español, sino también de la habilidad de la Generalitat para asumir las responsabilidades propuestas en el pacto. Por tal motivo, el gobierno planea reunirse con la Generalitat para determinar la capacidad de esta última para adoptar estas nuevas obligaciones. «Denos suficiente prudencia para trabajar tanto en el Presupuesto, que hago con extrema discreción, como en la implementación del acuerdo [con ERC], que también implicará reuniones con la Generalitat,» subrayó la ministra.
La vicepresidenta subrayó la necesidad de una nueva perspectiva para entender el acuerdo firmado, y lo reiteró nuevamente esta semana. Es necesario un enfoque diferente al «modelo antiguo», un cambio con respecto al «procedimiento tradicional de cómo uno piensa que este tipo de acuerdos son implementados». Montero pidió paciencia para poder trabajar en la implementación del nuevo modelo. En otras palabras, la propuesta del nuevo sistema, que aún parece incierto si recibiría suficiente apoyo, marca una gran diferencia del modelo anterior. Debe examinarse con una nueva mira. Sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado detalles concretos.
