El director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, ha sido convocado a declarar en calidad de investigado este 1 de octubre por el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. Se le atribuye un presunto delito de falsificación de documentos públicos a raíz de una supuesta alteración de la grabación de un menor en un procedimiento de divorcio.
A pesar de que la Fiscalía propuso inicialmente citar a Cubo en dicha condición, el 17 de abril cambió su postura y solicitó que fuera convocado como testigo. Sin embargo, la jueza denegó esta petición, resultando en la imputación de Cubo.
El caso bajo investigación se centra en el aparente borrado del testimonio de un niño en un proceso de divorcio iniciado en Valladolid. El hijo mayor de la pareja, N., quien tenía 12 años en ese momento, testificó ante el juez Emilio Vega. Se alega que el juez le preguntó a N. si prefería vivir con su madre o su padre. Aunque la grabación de la sesión está en óptimas condiciones, el momento en el que el niño declara es inaudible e irreparable. Este fallo en la grabación fue la base del juez para otorgar la custodia a la madre.
Cuando el padre se dio cuenta de este error, presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Madrid. Las grabaciones de la mayoría de los juicios se realizan en la capital, en el Centro de Atención al Usuario (CAU). Este es un sector de la administración de Justicia que está bajo el mando de Aitor Cubo.
Cubo es subordinado de la tercera figura más importante del Ministerio, Sofía Puente, hermana de Óscar Puente. Un juez de Valladolid, que desestimó una primera denuncia por manipulación, intentó hacerse cargo del caso al descubrir que se habían abierto diligencias de investigación en Madrid.
El Tribunal 7 de la ciudad capital llegó a la conclusión que el crimen posiblemente tuvo lugar en Madrid, ya que sería el único sitio donde se pudiera haber alterado. El progenitor, antes de proceder con la denuncia legal, solicitó un informe de expertos acerca de la posible interferencia en el audio al LIFE, (Laboratorio de Informática Forense Europeo), un lugar renombrado en su rama. Los especialistas determinaron que el fichero padecía de una modificación llamada «ruido rosa», una perturbación artificial. El día en que Aitor Cubo testifique, también harán lo mismo los dos expertos a cargo del análisis del audio.
Primera denuncia. La denuncia inicial en relación a la modificación dolosa del audio fue realizada por el padre, un abogado, en contra de Emilio Vega, el juez decano, la jueza Soledad Ortega Francisco (esposa de Vega), la fiscal del caso y la abogada de la administración legal. A pesar de que se archivó la denuncia, el juez intentó reabrir el caso al enterarse que se había iniciado un juicio en Madrid.
Debido a estas acusaciones, el juez decano de Valladolid y su esposa denunciaron al progenitor por difamación, aunque no es la única acusación que comparten. Emilio Vega, el juez decano, el ministro Óscar Puente y su hermana Sofía (directora de Aitor Cubo) presentaron una denuncia contra varios periódicos debido a una cadena de noticias que los vinculaba a los tres con supuestas cuentas bancarias en el extranjero. El padre también fue denunciado por difundir dicha información en las redes sociales.
