Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo encargado del caso del procés, rechazó este martes las apelaciones presentadas por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Antonio Comín y Lluis Puig, junto con las de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, contra su fallo de no aplicar la amnistía al delito de malversación del que se les acusa.
Llarena sostiene en su enunciado que, aunque ellos no desviaron directamente los fondos del referéndum a sus cuentas privadas, se beneficiaron de la organización del referéndum ilegal al utilizar dinero público para financiarlo. Esta posición es la misma que mantuvo en julio, cuando decidió mantener la orden de arresto contra Puigdemont después de la entrada en vigor definitiva de la amnistía, argumentando que las acusaciones Imputadas en el caso del procés se ajustan a las excepciones que la ley prevee para no perdonar este tipo de comportamientos, como es la malversación con fines de lucro personal, que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.
Por otro lado, Llarena desestimó la apelación de Vox que insistía en no aplicar la amnistía al delito de desobediencia y estipuló que el archivo de la causa de Marta Rovira, líder de ERC, por desobediencia corresponde a la Corte, terminando así su juicio.
Ahora, ya sea los separatistas, la fiscalía o la abogacía del Estado, tienen todas las facilidades para pelear esta decisión en la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. Tras la decisión de este último, tendrán la opción de acudir al Tribunal Constitucional. Los líderes del procés mantienen la expectativa de lograr una amnistía precisamente en este organismo.
