Alfredo Prada, nacido en León en 1959, ocupó el cargo de vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid bajo el liderazgo de Esperanza Aguirre desde 2003 hasta 2008. Posteriormente, se convirtió en diputado y formó parte del equipo ejecutivo del Partido Popular (PP) de Pablo Casado.
Este martes, se ha revelado que la Audiencia Nacional lo ha sentenciado a una pena de siete años de prisión por el fallido proyecto del Campus de la Justicia madrileño. Prada ha sido condenado por la Audiencia por un delito continuado de prevaricación en relación con un delito continuado de malversación agravada por 24 contratos valorados en un total de 40 millones de euros en el proyecto del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011.
El tribunal también ha sentenciado a cuatro empleados que formaban parte del equipo de dirección de este proyecto a penas de tres años y medio de prisión por el mismo delito, ya que los considera cómplices necesarios: Isabelino Baños (director general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (asesor legal). Sin embargo, todos los condenados han sido absueltos del delito de fraude contra las administraciones públicas que les imputaban las acusaciones presentadas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid, debido a la atenuante de dilaciones indebidas. Además, el tribunal ha absuelto a un sexto acusado, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), al considerar que una maestría que obtuvo fue acordada como indemnización por su despido.
Los jueces han dictaminado que el ex consejero Prada, junto con Baños, De las Heras y Gómez Gordo, deben reembolsar a la Comunidad de Madrid un total de más de 40 millones de euros. Si estos no pueden cubrir el monto, García de Castro será responsable de reembolsar la cantidad. Según la sentencia, Campus de la Justicia y los acusados, todos miembros del comité de contratación, llevaron a cabo una numerosa actividad de contratación sin análisis de costos, ignorando los controles administrativos y la ley, y externalizando casi todas las tareas de la empresa que contaba con un personal muy limitado. Los suscriptores aseguraron que esta actividad distorsionó la ejecución del proyecto, alejándose cada vez más de su objetivo inicial – la construcción de una ciudad de justicia – y se volvió más una excusa para hacer publicidad del Campus. Esta situación se ejemplifica con la contratación del arquitecto británico Norman Foster para diseñar varios edificios del complejo, un acuerdo que fue firmado sin ninguna justificación. Según la corte, los contratos irregulares han dañado al proyecto por varias razones, como su coste exorbitante que sobrepasa la capacidad financiera de la empresa, su irrelevancia para la misión de la empresa y su inadecuación para la fase de desarrollo del proyecto.
Según el dictamen, Prada fue la persona que se dirigió a Londres para reunirse con Norman Foster y optó por contratarlo sin ninguna explicación válida. Los jueces especifican que estos contratos se desviaron del propósito del Campus y el dinero gastado en ellos es un desvío de su objetivo legítimo, ya que la realización del complejo finalmente nunca sucedió. Esto se debió, en parte, al costo excesivo en la contratación, un factor clave en el fracaso del proyecto. La corte señala una «grave malversación» en el proyecto, tomando en cuenta que el contrato firmado con Foster & Partners y el pago a las consultoras asociadas con el estudio costaron al erario más de 13 millones de euros. A esto se agregan los costos de otros 23 contratos enjuiciados que llegan a 40 millones de euros. La suma, enfatizan, es de «importancia extraordinaria» y ha perjudicado claramente el servicio público, subrayando que la construcción de un complejo que albergara todas las oficinas judiciales de la capital no se ha podido llevar a cabo. Los jueces hacen hincapié en que gran parte del «fracaso» del proyecto se debió a «los gastos ilimitados dedicados a fines que tenían poca relación con el propósito del proyecto, gastos innecesarios o inapropiados en los que se usaron muchos recursos sin calcular su costo». En cuanto al delito de prevaricación, el tribunal lo atribuye a la ejecución de contratos que no cumplen con los objetivos de la sociedad y donde se impusieron los deseos de los acusados, en particular de Prada, quien fue «decisivo» en la selección de las empresas contratadas, «así como también el resto, que eligieron directamente a las empresas de acuerdo con sus deseos».
Según el criterio judicial, la participación de Prada en los 24 contratos en cuestión en este juicio ha sido «ampliamente demostrada». Esto se confirma no sólo por ser Prada quien suscribe los contratos en nombre de Campus, sino también por su intervención crucial en la selección de los ganadores, obviando el proceso administrativo. La AN detalla que esta elección podría hacerse a través de un concurso abierto y su posterior adjudicación, o a través de la selección directa del ganador sin un concurso abierto o un proceso de negociación previo. Durante el juicio, la Fiscalía pidió 8 años de prisión para Prada por los delitos de prevaricación y malversación continuada, y 6 años para los otros cinco imputados que formaron parte de la dirección del Campus en los inicios del proyecto. El caso se inició en agosto de 2018, cuando el juez encargado de la instrucción aceptó una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción basada en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus, que revelaba varias irregularidades.
