Los oficiales de policías y guardias civiles continúan luchando por una equiparación verdadera con los Mossos d’Esquadra y las fuerzas de policía locales. Esta semana, una agrupación civil de más de 11,000 efectivos declaró su plan de presentar una demanda legal contra el Ministerio del Interior con el objetivo de alcanzar la misma remuneración y condiciones de jubilación que la policía regional.
Hasta ahora, han recaudado 84,000 euros en donaciones, incluso de algunos sindicatos tradicionales, según indicó José Ariza, vicepresidente del Movimiento Reacciona. Han confiado la elaboración del texto legal a la firma del abogado Miguel Durán, quien esta semana adelantó que planean llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«No esperamos que el Ministerio nos brinde mucha atención», aseveró. En 2018, los sindicatos lograron un acuerdo de 800 millones de euros para aumentar los salarios con el Ministerio del Interior. Sin embargo, desde la asociación, señalan que persisten grandes diferencias económicas con sus colegas catalanes. «Un oficial raso cobra casi 700 euros menos que un Mossos, lo que suma aproximadamente 6,000 euros más al año». Además, ni los policías ni los guardias son reconocidos como profesión de alto riesgo, lo que les permitiría optar por la jubilación a los 60 años. «Estamos cansados», manifestó Eliud Vega, presidente de la asociación, «de una discriminación de 34 años». Por ello, advierten que están dispuestos a llegar «hasta el final, hasta Europa». El grupo nacional de WhatsApp tiene 11,000 miembros, y son ellos los que deciden cada acción que se lleva a cabo, como la manifestación realizada el 6 de diciembre del pasado año en Barcelona. «Nacemos y morimos con la equiparación real», afirmó Ariza. Eso significa que no tienen intenciones de convertirse en sindicato policial ni en asociación de la Guardia Civil, a diferencia del movimiento Jusapol.
La estrategia es presentar reclamaciones primero por la ruta administrativa y luego judicial, cuestionando la violación de derechos esenciales como la igualdad. El papel de liderazgo en el litigio lo desempeñará Javier Borrego, abogado del bufete y juez de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo hasta 2020. El Ministerio se enfocará en un segundo asalto legal relativo a la equivalencia de policías y guardias civiles dentro de los tribunales. En junio del año pasado, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional (AN) admitió una apelación presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La apelación obliga al Ministerio del Interior a «comenzar una renegociación para cumplir con las cláusulas tercera y octava» del acuerdo de 2018. La primera cláusula incorporó el compromiso de proporcionar cien millones de euros en tres años «para motivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva al servicio activo». También se argumentó que no se había cumplido la cláusula octava, concerniente a «medidas legislativas para prevenir futuras discrepancias salariales entre los cuerpos policiales que desempeñen las mismas tareas». La AN admite que el Ministro del Interior no puede, por su cuenta, implementar una ley de sueldos, pero tiene la responsabilidad de «sugerir al Consejo de Ministros la adopción de una medida legislativa con ese propósito». Según el veredicto, «la prioridad es que la equivalencia se refleje con eficacia en los sueldos de los policías y guardias civiles lo más pronto posible». Además, el veredicto señala que el Gobierno «sólo está obligado a presentar un proyecto de ley». Si no se aprueba, «se iniciará la renegociación de los asuntos discutidos dentro de un mes, si al menos la mayoría de una de las partes lo solicitara».
La Quinta Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional decidió anular la resolución. Este hecho fue apelado ante el Tribunal Supremo que ahora debe determinar el destino final del acuerdo.
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