El viernes, el Partido Popular (PP) propuso diez principios fundamentales para iniciar las conversaciones con el Gobierno, buscando replantear y renovar el modelo de financiación autonómica que lleva caducado desde 2014, a pesar de ser del 2009. Se prevé que estas propuestas desemboquen en un extenso documento detallado que, en al menos dos de los puntos más políticos, concuerda con las exigencias hechas por las federaciones socialistas críticas respecto a la cuota catalana y la postura de Ferraz y Moncloa.
Se trata de detener «la marcha hacia la independencia fiscal» de Cataluña y «abandonar la bilateralidad» con el separatismo para evitar crear «ciudadanos de primera y segunda».
Las propuestas del PP muestran similitud con las opiniones de figuras críticas de la estructura socialista liderada por Pedro Sánchez como secretario general.
En particular, con Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha y líder socialista de dicha federación, que ha cuestionado reiteradamente la dependencia del independentismo y leyes como la amnistía, que impugnará a nivel regional. En un grado menor y más enfocado a la financiación, está Adrián Barbón. El líder asturiano, cercano a Sánchez, ha sido uno de sus principales apoyos, pero la cuota catalana crea desacuerdo. Ante estas discrepancias, fuentes nacionales del PP se mostraron abiertas a ampliar su «frente común» contra la financiación y esos principios a líderes socialistas rebeldes contra el acuerdo con los separatistas que pongan sus territorios por delante de las siglas del partido.
Este viernes, en el cónclave de Madrid en el Palacio de los Duques de Pastrana, los populares barones reafirmaron su postura. Feijóo afirmó que con una representación territorial superior al 70%, compuesta de trece presidentes y un vicepresidente autonómico, su meta trascendía la estructura partidaria. Si surgiera un pedido de participación, las fuentes agregaron que Génova consideraría el caso. Sin embargo, subrayaron que la iniciativa surge del PP y del partido líder de la oposición, por lo que permitir la entrada de los socialistas ni entra ni entró en los planes. Se exige a estos actores políticos una gran resolución para enfrentar las resoluciones de Sánchez más allá de reprobarlas en público. Durante la semana, han abogado para que si una propuesta sobre Cataluña o la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómicas (LOFCA) llegara al Congreso de los Diputados, los representantes de las diversas federaciones del PSOE deberían votar en contra.
Hasta ahora, García-Page ha sido el más crítico. Barbón apoya a Sánchez en el congreso, aunque insiste en proteger los derechos financieros de Asturias. El político de Castilla-La Mancha evidenció su postura firme en la reciente reunión del comité federal. Criticó el acuerdo de financiación especial para Cataluña, lo calificó de «taza independentista» y mostró su ambición por revisar el texto que se ha acordado con ERC. «Me sorprende que todos digan que lo acordado se respetará y yo no haya visto ningún documento firmado», mencionó. Además, el PSOE, estableció, fue creada «para impedir y luchar contra los privilegios», por esto el acuerdo le genera «inquietud». Javier Lambán, aunque ya no preside Aragón pero permanece como líder federal, le apoyó y declaró que el acuerdo es absolutamente contrario a lo que siempre han defendido. Esta es también la respuesta de los populares a preguntas pertinentes. Sugieren a los barones ser leales a los principios de su grupo, y no a «dar más a los que ya tienen suficiente».
A pesar de lo que el PP ha planteado en su propuesta principal, existen requerimientos esenciales que ni García-Page ni Barbón han mencionado aún: la llamada a la Conferencia de Presidentes, que los miembros del PP consideran fundamental para tratar temas económicos. Paco Núñez, líder de la oposición en Castilla-La Mancha y alto cargo del PP, solicitó esta convocatoria hace un mes sin lograrlo. Incluye temas como la crisis migratoria, además. El gobierno actual parece posponer dicha convocatoria a pesar de haber pasado dos años legales entre conferencias, la última de las cuales ocurrió en marzo del 2022. La próxima Conferencia de Presidentes, de acuerdo a lo que el Gobierno ha informado, se llevará a cabo en Santander (Cantabria). Aunque los preparativos están en curso, aún no hay una fecha definida. El tema central será la Vivienda.
La mayoría de las federaciones socialistas no están dispuestas a participar en la estrategia del PP, en particular la de Castilla-La Mancha. La idea no es persuasiva. Según fuentes cercanas al alto cargo socialista, no se han establecido contactos con la estructura nacional de Feijóo o la de Núñez en la comunidad, y rechazan la idea de atender a las estrategias del PP. «Nosotros estamos concentrados en lo nuestro», enfatizan, al tiempo que expresan su deseo de resolver las diferencias dentro del partido, siempre dispuestos al acuerdo sobre el cupo.
Los aspectos esenciales de la propuesta del PP, aclaran, estipulan que los presidentes regionales del partido no deben discutir ningún tema directamente con el presidente del Gobierno o con Hacienda. De acuerdo a fuentes del PP a nivel nacional, esto también incluye cualquier propuesta de condonación de deudas procedente de Moncloa.
La propuesta se sostiene en diez pilares clave, que incluyen «retomar el camino del respeto y la lealtad institucional» y «detener cualquier intento de independencia fiscal promovido por el separatismo». También propone «reestablecer los cimientos del consenso a través de una Conferencia de Presidentes» y «reprobar el truco de la bilateralidad» con ERC y Junts, lo que nos lleva a «un país con ciudadanos de diferente categoría». Otros dos puntos son «incrementar la cuantía total económica del sistema de financiación» y exigir la «creación de un Fondo de Transición» hacia un nuevo sistema, así como la «garantía de una auténtica cogobernanza» de los fondos europeos. Específicamente, se solicitan 18.000 millones de euros para las comunidades en este aspecto.
Asimismo, se insta a «proteger la autonomía fiscal de las comunidades» y garantizar «que ninguna será excluida del régimen común ni se fragmentará la Agencia Tributaria». El compromiso de renovar el sistema de financiación está plasmado, así como la «solidaridad» con Cataluña, que permanece al margen del procés.
