Abdelsalem Abdullah Khalifa, de 29 años, llegó al aeropuerto de la ciudad de Barajas hace menos de una semana y, a pesar de las torturas y detenciones injustificadas que ha sufrido por parte de las fuerzas marroquíes en el Sáhara Occidental, el ministerio del Interior le ha negado su petición de asilo.
Khalifa proviene de una familia prominentemente activista saharaui, siendo él mismo sobrino de uno de los condenados por su asociación con Gdeim Izik, un campamento pacífico organizado por activistas saharauis que fue violentamente desmantelado en El Aaiún en 2010. Los abogados de Khalifa contaron a El Independiente que su madre, Fatma Hassana, también sufrió de detención y desaparición forzosa en la década de 1980.
Khalifa solía gestionar un negocio de comestibles en El Aaiún, el cual fue blanco de múltiples saqueos y redadas ya que era un punto de encuentro para los defensores de los derechos humanos. Además, al menos tres de sus familiares están actualmente en prisión en Marruecos. Su tío, Mohamed Hassana Brahim, mejor conocido como Mohamed Bourial, está cumpliendo una sentencia de 30 años; mientras que dos de sus primos, Mohamed Embarek Ali Salem y Sidahmed Farachi Lich, enfrentan 25 años de cárcel y cadena perpetua, respectivamente. Todas sus condenas están motivadas por cargos políticos vinculados con su implicación en el campamento de Gdeim Izik, que fue brutalmente reprimido por las autoridades marroquíes.
El joven que actualmente se encuentra en la sala de rechazados de la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, luego de su llegada desde Casablanca, ha sufrido numerosos arrestos y humillaciones por la policía marroquí en lo que alguna vez fue una provincia española, ahora ocupada por la monarquía marroquí desde 1976. Los daños infligidos durante sus periodos de detención han sido registrados y añadidos al expediente con el cual se pidió asilo y apátrida. También ha experimentado desapariciones en prisiones secretas. Su hogar familiar está constantemente vigilado por agentes marroquíes y su libertad de movimiento es extremadamente restringida. Incluso tienen prohibido visitar a sus familiares encarcelados. En un giro inesperado, el ministerio del interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha negado su petición, enviándolo de vuelta a los territorios ocupados del Sahara Occidental. Esta decisión se ha tomado incluso a pesar de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), debido a las graves violaciones a los derechos humanos que sufre la población saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental, el último territorio aún por descolonizar en África. Abdesalam tiene dos hermanos legalmente residentes en España. El mayor, según personas cercanas al joven, lleva quince años sin poder visitar a su madre en El Aaiún. Este rechazo, contra el cual pueden apelar, lo condena a volver a los territorios ocupados y pone su vida en peligro, advierte su abogada.
Además, su equipo critica que durante el proceso de su petición de asilo, se intentó implementar un traductor marroquí, a pesar de que el Ombudsman indicó que a los saharauis se les debería proporcionar la ayuda de intérpretes de hasanía (un dialecto árabe hablado en el Sáhara Occidental) y que, en cualquier situación, «se debería evitar el uso de traductores marroquíes» debido a su origen. El Ombudsman estaba respondiendo a las protestas de los solicitantes saharauis que indicaron que las interpretaciones no reflejaban con precisión sus declaraciones ya que los intérpretes desconocían el hasanía, y que expresaron «una particular desconfianza debido a que los intérpretes eran de origen marroquí».
