La Fiscalía sugiere la reducción de las penas para los crímenes de odio que se realicen a través de medios comunicativos sociales, Internet o el uso de las tecnologías de la información, advirtiendo de las severas sanciones en estas situaciones.
Al comienzo de cada periodo, en el informe fiscal, se enfatiza la necesidad de modificar el artículo 510 del Código Penal que versa sobre los delitos de odio. Dicho artículo sanciona a los que «incitan al odio, hostilidad, discriminación o violencia en contra de un colectivo, una parte de este o contra un individuo específico por razones de raza, antisemitismo, antigitanismo u otros fundamentos basados en ideología, religión o creencias, situación familiar, membresía en una etnia, raza o nación, origen nacional, sexo, orientación sexual o identidad, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad».
La Fiscalía percibe el problema que existe si alguien comete un delito de odio en línea, según el código penal, el castigo debe ser la mitad superior de la pena ya que se ha perpetrado ante un gran número de personas, lo que equivale a una sentencia mínima de dos años y seis meses de prisión. La Fiscalía señala que esta ley se creó para inducir un mayor respeto por la proporcionalidad de las penas en casos de difusión publica, pero la experiencia ha cambiado la percepción. «Muchos de estos casos son perpetrados por personas ordinarias, es decir, no miembros de bandas u organizaciones criminales, que publican en redes sociales comentarios intensamente ofensivos o degradantes hacia ciertos grupos susceptibles de protección penal, a menudo de manera impulsiva e irreflexiva», señala el informe.
Según los fiscales, una gran cantidad de los implicados estarían dispuestos a admitir sus actos y llegar a un acuerdo, sin embargo, la severidad de la sentencia lo evita y convierte el encarcelamiento en una inevitabilidad. Esto concuerda con la propuesta más reciente de Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio, quien en una entrevista realizada en agosto de este año, mencionó la complicación frecuente que supone el seguimiento de estos crímenes. «En muchas ocasiones, nos enfrentamos a la dificultad de que la investigación no puede avanzar debido a la imposibilidad de identificar al culpable», explicó y sugirió una enmienda adicional al Código Penal, que establezca que aquellos condenados por estos delitos de odio deban permanecer alejados de las redes sociales por un periodo de tiempo.
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