En 2023, la cantidad de víctimas de tráfico humano con propósito sexual ha aumentado considerablemente. El informe anual presentado por la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo indica que un total de 543 individuos fueron traídos a España para ser explotados sexualmente, marcando una diferencia significativa respecto a las 231 víctimas reportadas en 2022, indicando un aumento de 2.3 veces.
La memoria anual destaca que el incremento en las investigaciones policiales, el levantamiento de las restricciones pandémicas y la reanudación de la migración han aportado a este incremento en los casos judiciales. Además del tráfico sexual, se registraron 212 víctimas de explotación laboral, 10 de actividades criminales, tres de matrimonios forzados y cuatro de mendicidad.
En todos los casos ha habido un aumento, salvo en el tráfico de órganos, donde no se reportaron víctimas. Las mujeres son las más afectadas por este tipo de delitos. De las 543 víctimas identificadas, 515 son mujeres adultas, 3 son menores, 2 tienen discapacidades, 1 es un hombre y 22 son individuos trans. Asimismo, se registraron 73 mujeres y 2 hombres en situaciones de extrema amenaza debido a su ubicación o edad (entre 18 y 21 años). Lo que resalta que el 95,7% de las víctimas detectadas son mujeres. El informe del Ministerio Público apunta que las organizaciones criminales enfocan su atención en las mujeres latinoamericanas para su explotación sexual, una tendencia que ha cambiado en comparación con años anteriores donde predominaban las mujeres africanas. Entre el 70 y 80 por ciento de las víctimas son originarias de países latinoamericanos.
Se han registrado 154 víctimas originarias de Colombia, junto con 19 más que están en grave peligro. Además, se han reportado 53 víctimas de República Dominicana y 2 más en grave riesgo, 39 de Venezuela acompañadas de otras 16 en peligro, y 39 de Paraguay con 5 más en estado crítico. Si sumamos a estas cifras las víctimas de Brasil (17), Perú (11), Argentina (3), Panamá (3), Chile (2), Cuba (2), Nicaragua (2), Uruguay (2), Bolivia (1), Ecuador (1) y El Salvador (1), obtenemos un total de 372 víctimas sudamericanas. Existe un número adicional de 146 víctimas cuya nacionalidad no se ha registrada.
El informe señala un cambio claro en la precedencia de las víctimas. En los últimos años, el predominio de las víctimas de Nigeria y Rumania ha sido desplazado por una gran cantidad de mujeres latinoamericanas. Este cambio en la nacionalidad mayoritaria de las víctimas ha influido en las investigaciones judiciales, ya que el perfil de las víctimas está evolucionado.
La fiscal encargada de Madrid indica que, salvo excepciones, estas mujeres saben que serán prostitutas en España, pero son engañadas sobre las condiciones de su trabajo y finalmente se ven atrapadas en circunstancias de explotación extrema. Esto lleva a que algunos jueces se muestren reacios a admitir sus testimonios o a concederles el estatus de testigo protegido. La memoria informa que los fiscales tienen que trabajar aún más duro para convencer a los investigadores de que estas situaciones también pueden presentar los elementos clásicos de la trata de personas.
Otra peculiaridad frecuente en las víctimas latinoamericanas, mencionada en el informe de 2023 y destacada por la representante de Murcia, es que los traficantes suelen ser familiares, amigos o personas cercanas a estas mujeres. A menudo, estas personas les prometen una vida mejor en España, lo que complica la persecución de los delitos ya que las víctimas se sienten más presionadas. De acuerdo a los datos recogidos por la Unidad de Trata de Personas y Extranjería, el año pasado se estaba investigando a 526 personas, aunque no todos los casos se iniciaron en 2023. De estos, 299 son mujeres, 224 hombres y 3 individuos transgénero. La mayoría de los investigados son de Colombia (102, de los cuales 71 son mujeres, 29 hombres y 2 transexuales) y España (94, 18 mujeres y 76 hombres). También se investigó a personas de otras nacionalidades, incluyendo 52 venezolanos, 37 paraguayos, 30 dominicanos, 21 peruanos, 19 brasileños, 11 ecuatorianos, 6 bolivianos, 5 chilenos, 5 argentinos, 34 chinos, 28 rumanos, 28 nigerianos, 4 franceses y 2 ucranianos. Adicionalmente, 9 individuos de varios países latinoamericanos, 7 de países europeos y 2 de países africanos están siendo investigados. El informe fiscal destaca que es notable que el 56.8% de las personas investigadas por tráfico de personas con fines sexuales son mujeres, aunque este predominio cambia cuando se trata de investigados de países europeos (99 hombres frente a 34 mujeres).
