Pedro Sánchez no habló directamente sobre el concierto económico ni la financiación singular. No obstante, entiende que la discusión en torno a la financiación autonómica ocupa un lugar importante en el diálogo público desde que PSC y ERC, con el respaldo del Gobierno, proyectaron un sistema similar al cupo vasco para apoyar la postura de Salvador Illa.
Esta situación ha generado un clima de inconformidad dentro del partido socialista, y el PP la ha situado como su principal línea de oposición. Por estas razones, el miércoles, el presidente lanzó un mensaje dirigido a sus líderes regionales y a los presidentes de las autonomías.
Prometió más recursos para todas las comunidades que los que recibieron durante el gobierno del PP y anunció que duplicaría el fondo de compensación interterritorial, el principal mecanismo de solidaridad contemplado en la Constitución.
Este anuncio fue realizado por Sánchez durante la inauguración del nuevo ciclo político en Madrid, en la sede del Instituto Cervantes. Acompañado por más de diez ministros, el presidente habló durante más de media hora, anticipando reuniones con todos los presidentes autonómicos en la Moncloa y estableciendo las seis prioridades para su gobierno en los próximos meses. Entre ellas, fortalecer el Estado del bienestar y establecer un nuevo sistema de financiación autonómica.
Sánchez promete un modelo financiero «más justo» que minimice las disparidades territoriales y atienda las particularidades de cada territorio.
Afirmó que un modelo financiero que él considera «más justo», ayudará a «minimizar las disparidades regionales, a atender las particularidades de cada territorio, a garantizar la suficiencia de los fondos públicos y a demandar la corresponsabilidad de los Gobiernos autónomos». Manifestó que la descentralización es «compatible» con los principio de «solidaridad» y «equidad» entre las regiones. Sánchez se comprometió a que con la reforma financiera propuesta por el Gobierno, «todas y cada una de las comunidades autónomas recibirán más financiación de la que obtenían durante el gobierno del PP». En ese mismo sentido, prometió «doblar» los fondos del Fondo de Compensación Interterritorial.
Evitó dar detalles adicionales sobre cómo sería ese nuevo modelo financiero. Ni siquiera mencionó la posibilidad de construir un Estado federal, aunque a fines de julio, tras el acuerdo entre PSC y ERC, lo celebró como un avance hacia la «federalización» de España.
El gobierno aprobará nuevamente el camino de estabilidad el próximo martes. Sánchez afirmó que se esforzará por obtener aprobación para el Presupuesto, pero no aseguró que lo presentará al Congreso.
Sánchez dejó claro que su Gobierno se está dedicando a conseguir la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que sean tanto sociales como ambiciosos, y que amplíen la inversión estatal de los años anteriores. Sin embargo, aún no está asegurada la aprobación de estas cuentas públicas ya que ERC y Junts, colaboradores críticos del Gobierno, planean discutir su relación con los socialistas en sus congresos este otoño. A pesar de esto, el Consejo de Ministros está planeando dar el primer paso para estos Presupuestos Generales reafirmando la senda de estabilidad el próximo martes, senda que fue rechazada en julio por PP y Junts. Sin embargo, Sánchez no confirmó que presentará los Presupuestos, sino que dijo que trabajará para conseguir su aprobación. Esto es un cambio de tono relevante ya que, de ser rechazados dichos presupuestos en el Congreso, el líder socialista estaría obligado a convocar elecciones generales, como ocurrió en 2019.
Sánchez prevé que el Gobierno continuará con una fiscalidad progresiva, en la que se les impondrán más impuestos a los más adinerados y reorientará el modelo productivo. Considera que este es el método más adecuado para combatir desigualdad, uno de los objectives principales de su Gobierno, particularmente porque la desigualdad sigue siendo demasiado alta. Para él, es necesario limitar los privilegios de algunas élites, mientras se grava a los más ricos que tienen suficiente dinero para «vivir cien vidas». Con estos ingresos se podrá proteger a las clases media y trabajadora. Sánchez expresa que «España será un país mejor si hay más coches eléctricos, más autobuses públicos y menos Lamborghinis».
Sánchez también destacó un monto de 935.000 millones en transferencias a las Comunidades Autónomas.
Sánchez dedicó una parte considerable de su discurso a resaltar las diferencias entre su gobierno y el Partido Popular (PP), pero evitó mencionar a Alberto Núñez Feijóo. En lugar de eso, puso su atención en las regiones gobernadas por el PP con el respaldo de Vox. Quiso remarcar que su gobierno prioriza y protege los «derechos» que para la derecha no son más que simple «mercancía». Utilizó varios ejemplos, pero mantuvo el foco en la Comunidad de Madrid, evidenciando que su adversario principal es Isabel Díaz Ayuso, a quien los socialistas planean desafiar. Afirmó que en Madrid se han desviado 1.000 millones de euros hacia la salud privada, y ha habido una disminución de 2.000 clases públicas de educación en Andalucía. También señaló que Madrid recibió casi 100.000 millones de euros del Gobierno central entre 2018 y 2023, un 21% más de lo que le proporcionó el equipo de Mariano Rajoy, «pero al mismo tiempo recortó impuestos a los más ricos, lo que resultó en una reducción de ingresos de 31.000 millones». Es decir, por cada 10 euros que el Gobierno central otorga a Madrid, el gobierno regional desvía tres para hacer «regalos fiscales».
Por lo tanto, pone a Feijóo a un lado y enfoca su crítica en los gobiernos regionales del PP, con especial énfasis en Ayuso, a quien acusa de favorecer a la sanidad privada y de proporcionar «regalos fiscales» a las personas adineradas.
Durante sus seis años al frente de la Moncloa, Sánchez ha enfatizado que su Gobierno ha canalizado un 28% más de recursos hacia servicios y programas sociales en comparación con lo que hizo Rajoy. Además, según él, se ha iniciado una recuperación del estado de bienestar después de sus recortes y negligencia. Al incluir el próximo periodo fiscal, el estado español, según Sánchez, habrá provisionado un total de 935.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, esto es 300.000 millones más (o un aumento del 32%) que lo asignado por el Gobierno del PP en una franja de tiempo equivalente. Sánchez declaró que su Gobierno está cumpliendo con sus obligaciones, sugiriendo que el «problema» reside en gobiernos autonómicos de derecha que utilizan sus recursos para beneficiar a grandes empresas y financiar «regalos fiscales» para los ricos, en lugar de ayudar a los ciudadanos, lo que no fomenta la igualdad entre los españoles. El modelo de su gobierno de coalición apuesta por la «justicia social en pro de una igualdad efectiva».
Además de fortalecer el estado de bienestar y combatir la desigualdad, el Gobierno se ha fijado otros cuatro objetivos prioritarios. Primero, seguir impulsando la transformación del modelo productivo: se canalizarán 3.100 millones de euros en préstamos de fondos europeos para la reindustrialización de España y se instaurará el nuevo Consejo de Competitividad. Segundo, la «dignidad laboral»: se continuará negociando con los sindicatos y la patronal la reducción de la jornada laboral, la adopción del Estatuto del Becario y la adaptación de la legislación estatal sobre el salario mínimo a los estándares de la Unión Europea.
En pos de continuar asistiendo a Ucrania y Gaza, se realizará la primera cumbre bilateral entre España y Palestina antes de concluir el año. Adicionalmente, se lanzará nuestro renovado y más ambicioso Plan África, que proporcionará recursos de mayor calidad a las naciones africanas para fortalecer sus fronteras y luchar contra organizaciones criminales. Este plan también incluirá la implementación de acuerdos de migración circular. En contraposición a las «deportaciones en masa» propuestas por el PP y su plan de «enviar fragatas» al Atlántico, el Gobierno promoverá una «política migratoria humanista» que cumpla con el derecho internacional humanitario. El último objetivo, y sin duda no menos importante, es la vivienda. Un pilar fundamental de nuestra legislatura, pues el Gobierno se compromete a convertir la vivienda en «un derecho para todos, no el negocio de unos pocos». De hecho, la vivienda será el eje central de la Conferencia de Presidentes a realizarse en Cantabria, aún sin fecha definida.
Además, hay que mencionar la regeneración democrática. Aun cuando Sánchez no la incluyó entre sus prioridades, este tema fue crucial después de sus cinco días de reflexión. En julio, el Congreso celebró un debate completo al respecto. Este miércoles, simplemente agregó que, junto a estos desafíos importantes, se implementarán otras medidas relacionadas con la transición ecológica, la calidad democrática y, por ende, la lucha contra la desinformación y los bulos.
Comenzando su séptimo año en el poder con renovadas energías, celebra no tener elecciones a la vista. Hace un llamado a aquellos que desean «contribuir» para lograr nuevos avances.
A pesar de un inicio de mandato marcado por una inestabilidad con sus aliados políticos, el presidente resaltó su optimismo al iniciar su séptimo año al frente del gobierno, recargado de energía. El jefe de estado español subrayó que, por primera vez en un tiempo considerable, no se verán enfrentados a elecciones a corto plazo: queda aún un periodo de tres años hasta las elecciones generales, sin considerar un posible adelanto, y las próximas elecciones autonómicas no tendrán lugar, en teoría, hasta febrero de 2026, con las de Castilla y León. Destacó que «nos espera un largo periodo de gobierno». Y si el ejecutivo ha aprendido algo, es a «mantener el rumbo frente a las adversidades». «Haremos buen uso del tiempo», aseguró.
Sánchez reiteró el carácter conciliador de su gobierno, aludiendo a su disposición para colaborar con todas las fuerzas políticas y buscando a aquellos que deseen «contribuir» para lograr nuevos avances. Reveló que, en las próximas semanas, convocará de forma bilateral a cada uno de los presidentes autonómicos para una reunión de trabajo en su despacho. Según su equipo, estas conversaciones comenzarán de inmediato y se seguirá el protocolo habitual de convocatoria por orden de aprobación de estatutos. En este sentido, el primer líder regional en ser convocado para una reunión con Sánchez será Imanol Pradales, seguido por el recién nombrado presidente catalán, Salvador Illa. Cabe mencionar que once de los presidentes autonómicos pertenecen al PP y solo cuatro al partido socialista.
El líder del Gobierno prevé que los próximos meses estarán «gobernados por el alboroto, las adversidades, la duda», generados por la derecha política. Anticipa que el escenario será una repetición del típico drama del pronóstico de crisis económicas que nunca ocurren y amenazas de divisiones y fallas territoriales que ellos mismos causan cuando están en el poder, situaciones que a su administración le corresponde solucionar. «Ellos decidirán», concluyó Sánchez. No comparte esta perspectiva porque está convencido de que España «experimenta uno de sus tiempos más prósperos en las últimas décadas». «El optimismo es la base de las sociedades, moviliza a las naciones. Nos aventuramos con energías renovadas, con ideas frescas, con nuestros mejores equipos y el indomable entusiasmo de siempre —exclamó—. Nos embarcamos con proyectos y con esperanza». Sin embargo, inicia un periodo político que no será sencillo para el presidente, algo que él comprende y no niega: «El reto no nos va a desalentar. Todo lo contrario».
