Para 2025, se prevé la puesta en marcha de un plan para los Presupuestos Generales del Estado. Este será preparado y, con certeza, presentado al Congreso por el Gobierno, a pesar de la posibilidad de no conseguir apoyo suficiente. Incluso si no prospera.
Incluso si las agrupaciones políticas se oponen. Pedro Sánchez está dispuesto a enfrentarse a una notable derrota en el Parlamento. Pero aun soportando esta dificultad, considera que no es necesario convocar elecciones generales inmediatas. No quiere adelantarlas, pues cree que puede seguir adelante, ya que todavía queda tiempo legislativo y, según él, hay «Gobierno para rato».
Este es el punto de vista que actualmente sostiene La Moncloa. Lo anunciaron con toda claridad fuentes gubernamentales el pasado viernes. Es esencial el adverbio «actualmente», pues antes la posición no era la misma, ya que el propio presidente, en febrero de 2019, decidió convocar elecciones anticipadas cuando los independentistas hicieron fracasar su proyecto de presupuesto de ese año. Desde el Gobierno argumentan que las condiciones han cambiado y que están obligados a presentar los informes financieros del Estado, sin importar el resultado, y si estos son rechazados, ello no implica necesariamente la convocatoria de elecciones anticipadas, ya que la legislatura apenas ha comenzado, algo que no pasaba en 2019, cuando las cuentas que estaban en vigor eran las propuestas por el previo Gobierno de Mariano Rajoy.
«Vamos a correr el riesgo. Vamos a introducirlos», anunciaban altas autoridades del Gobierno el pasado viernes. Tal afirmación representa un cambio notorio respecto a la postura previamente defendida por el Ejecutivo, antes de los comicios catalanes, antes del acuerdo entre PSC y ERC que ha marginado a Junts de la mayoría parlamentaria en la investidura. María Jesús Montero, la primera vicepresidenta y ministra de Hacienda, siempre había argumentado que los presupuestos sólo podían ser presentados al congreso si primero contaba con los apoyos necesarios para superar la fase inicial y crucial: el debate en plenitud.
Y es que la tradición democrática tiene peso: si ese debate se pierde, y si los presupuestos públicos —la ley más significativa que se aprueba anualmente en el Parlamento— son devueltos al gobierno, resulta fatalmente perjudicado. Fin del juego. En 1995, la cámara baja desechó los presupuestos del año siguiente del Ejecutivo socialista, lo que empujó a Felipe González a anticipar las elecciones, las cuales ganó finalmente José María Aznar el 3 de marzo de 1996.
