Isabel Perelló está preparada para embarcarse en una semana llena de compromisos importantes. Este miércoles, ella jurará su nuevo puesto en presencia del Rey Felipe VI, seguido por su asunción como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo en la sede de este último.
Tendrá otro encuentro con el monarca el próximo día en el evento importante de la Justicia. Su primer desafío será pronunciar el discurso inaugural del año judicial y posteriormente, convocar a su primer pleno del CGPJ para comenzar a estabilizar las relaciones dentro de la institución.
Perelló tiene la gran tarea de ocupar más de cien posiciones en la cúpula judicial, incluyendo 29 en el tribunal superior, así como elaborar una propuesta para cambiar el método de selección de los miembros.
Varios miembros del CGPJ expresaron su alegría este martes por los cambios recientes. Después de cinco años y medio de anomalía, finalmente, la presidencia ha sido ocupada en el órgano constitucional y es hora de «ponerse a trabajar». Según ellos, su primera tarea será equipar las diversas comisiones que conforman el Consejo, como la Comisión de Igualdad, la Comisión Económica y la Comisión Permanente, que son las más habituales.
Además, es necesario designar a personas para cargos internos, como el promotor de la acción disciplinaria, cuya función es sancionar a los jueces. En particular, este nuevo cargo será encargado de revisar, entre otras cosas, la queja presentada por el abogado Gonzalo Boye contra el juez Pablo Llarena por el retraso en los recursos de la amnistía en el caso de Carles Puigdemont.
«Todos los jueces mantienen un ambiente de entendimiento y se esfuerzan por propagarlo. Desean que este nuevo ciclo se diferencie del anterior, comenzando por restaurar la dignidad de una institución cuyo propósito principal es «resolver problemáticas» y «no generarlas», agregan. Su intención es establecer un terreno común sobre el cual discutir alrededor de cien nombres.
Las fuentes consultadas no le dan importancia al hecho que haya tomado dos meses para llegar a un acuerdo presidencial. El primer motivo para este tiempo extendido es que muchos de los implicados eran nuevos conocidos y necesitaban tiempo para adaptarse; el segundo, es que la temporada de verano no ha sido de ayuda para las negociaciones. Insisten en que esto no significa un mal inicio, sino más bien un punto inicial.
Hay un total de 102 puestos judiciales vacantes, de acuerdo con los cálculos del CGPJ. En 2021, la Ley Orgánica del Poder Judicial fue reformada por el gobierno para evitar que los jueces con mandato vencido pudieran designar presidencias de instituciones. Con esto, durante más de tres años se han acumulado puestos sin renovar de jueces jubilados, fallecidos o con mandato caducado.
De estos puestos vacantes, 40 corresponden a los tribunales superiores de justicia, 31 a las audiencias provinciales y 2 a la Audiencia Nacional, incluyendo la presidencia de la misma.»
Un tercio de las posiciones en el Tribunal Supremo están actualmente vacantes, y este hecho añade una presión adicional a los plenos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) debido a que los nombramientos son por tiempo indefinido, y estos puestos representan una notable escalada en la carrera judicial. Tal es la importancia de estos cargos, que los jueces ansían alcanzarlos y los políticos mantienen un atento ojo, ya que son estos jueces los que examinan a los aforados o aprueban políticas gubernamentales, entre otros temas relevantes.
En particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo está especialmente afectada con 15 asientos vacantes de 33, seguida por la Sala de lo Social con seis vacantes (de 13), la Sala de lo Militar con tres (de 8), la de Civil con cuatro (de 10), y finalmente la de lo Penal con una (de 15). Las dos últimas tendrán especial relevancia a finales de este año cuando Francisco Marín Castán, presidente de lo Civil, se retire y Manuel Marchena, presidente de lo Penal, finalice su mandato, aunque este último podría renovar.
Estos cargos deben ser designados con una mayoría reforzada de tres quintos, lo que obliga a una negociación entre grupos progresistas y conservadores. No será suficiente con el voto decisivo que posee Perelló.
Además, se anunció un acuerdo entre el PP y el PSOE durante la renovación del CGPJ que contenía la obligación de llevar a cabo un estudio sobre los sistemas europeos de elección de los vocales, con la finalidad de cambiar el sistema español y evitar otro bloqueo prolongado como el de la legislatura pasada. Los miembros del Consejo tenían hasta seis meses después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley, el 6 de agosto pasado, para elaborar este documento y entregarlo a las Cortes. Por consiguiente, el tiempo ya está en marcha.
