La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, convocada de manera urgente la semana pasada por el PP, que tiene mayoría en el Senado, para esclarecer los aspectos particulares de la financiación de Cataluña, hizo acto de presencia este miércoles en el inicio de la sesión parlamentaria en el Senado.
Montero, quien ha buscado un equilibrio entre el pacto alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, sin incrementar las discrepancias regionales entre sus compañeros del partido y la oposición, y mantener a los republicanos, quienes amenazaron con tensar la situación, bajo control, se le solicitaba explicaciones.
El PP quería claridad sobre si se trata de un convenio económico. «O nos está engañando a nosotros, o ellos están siendo engañados», afirmó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, el día anterior. La vicepresidenta Montero enfatizó que el PP intenta avivar «debates ficticios» con el objetivo de «ganar votos». Justificó el acuerdo explicando que se encuentra dentro de los compromisos establecidos en el Estatut de Cataluña de 2006 en términos de avanzar hacia la autonomía. «¿Les satisface el Estatut y la Constitución?», Montero preguntó al PP, subrayando además la validación que el Tribunal Constitucional en su día dio al Estatut. «Este se fundamenta en ese consenso, que fue aprobado durante la reforma del estatuto autonómico», defendió Montero. «El acuerdo estipula la participación proporcional en los impuestos. Que la Generalitat debe contribuir con solidaridad regional, pero no a su antojo, sino con estándares que permitan un desarrollo equilibrado. Para que los servicios proporcionados en todo el territorio sean equivalentes», insistió la ministra de Hacienda.
Montero expresó su asombro al considerar cómo el Partido Popular (PP) puede considerar que es un acuerdo solidario. Lo que se ha desplegado simplemente cumple con lo estipulado en el Estatut, que ha sido validado por el Tribunal Constitucional. Señaló que el PP podría no haber comprendido el documento, por sus abundantes críticas al mismo, acusándolos de intentar dañar al gobierno con un debate que han mantenido durante muchos años. En un tono humorístico, colocó al PP en «las primeras etapas del duelo: negación e ira», debido a la presidencia prolongada de Pedro Sánchez.
Montero consideró que hay un camino hasta «la aceptación» de esta realidad también. «Aunque ahora parezca importante resolver la financiación autonómica, durante su periodo de mayoría, no hicieron nada para abordarlo», criticó Montero, reflejando el argumento que el PP usa en referencia a los años 2019-2023, cuando había una predominancia de territorios socialistas.
Adicionalmente, reprochó a Génova por «no tener una propuesta clara» sobre la financiación, mostrando interés en conocer «la propuesta específica, sin cifras generales, que saben que todos apoyarán», de los líderes autonómicos del PP, que se reunirán con Alberto Núñez Feijóo este viernes en Madrid. En lo que parece ser una Conferencia de Presidentes alternativa.
«Terminologías genéricas como ‘solidaridad, lealtad institucional o responsabilidad fiscal’ ya no son suficientes», insistió la andaluza, enfatizando la necesidad de cifras concretas.
Cerca del final de la intervención de Montero, un senador de la bancada popular la llamó «traidora». Esto llevó a Pedro Rollán, presidente de la Cámara Alta y miembro del mismo partido, a pedir «mantener el decoro».
Después de que Montero avanzara de nuevo, sus colegas del partido socialista interrumpieron su intervención para informar a Rollán de la audición de nuevos insultos, tales como «sin vergüenza». Javier Arenas, portavoz adjunto del PP, aclaró que lo que fue transmitido, sin atribuirlo a ningún senador, fue solo el grito de «vergüenza». Aún así, solicitó que dichos comentarios fueran eliminados del registro de las sesiones. Montero declaró que el PP «no puede permitir que las valientes políticas de Sánchez estén mostrando resultados» y que se esté progresando hacia un «nuevo escenario político de confianza en las instituciones a través del diálogo y el acuerdo». Con Sánchez, y ahora con Illa, argumentó que hay «una oportunidad de recuperar el tiempo perdido en el procés». Porque «la discusión hoy se sitúa en el marco de la Constitución, el Estatuto y la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA)» y «no hay escisiones como en la era del PP». Asimismo, Montero destacó que, a pesar de los intentos de «torcer la narrativa», con Sánchez «las comunidades terminarán este año con 300.000 millones de euros más invertidos en siete años que en los siete anteriores del PP». Promovió al PSOE como «el garante del Estado de Bienestar, lo demostramos en el peor momento, durante la pandemia». A nivel técnico, criticó al PP por cuestionar la cesión de impuestos a las comunidades cuando todos los gobiernos anteriores han tendido en esa dirección. También por rechazar la propuesta de un llamado a un debate sereno para encontrar el entendimiento a través de su negativa a sentarse en una mesa de trabajo que promueva un nuevo modelo. «Uno que satisfaga a todos» sin quedarse en un «no permanente».
«No desvirtúen la convivencia por mero oportunismo electoral, ya que ello nos lleva a un callejón sin salida», solicitó, y al mismo tiempo planteó la posibilidad de acuerdos bilaterales para lograr el consenso y potenciar los autogobiernos respectivos. Finalmente, tras tildar al PP de «populismo fiscal», instó a sus comunidades a «no iniciar una competencia fiscal decremental para luego solicitar más fondos al Gobierno porque las recaudaciones son insuficientes». En medio de la presión de asociados y opositores, Montero se encontró con una desconfianza generalizada tanto por parte de socios externos del Gobierno como de partidos de la oposición. Gerardo Camps, senador valenciano del Partido Popular, cuestionó la comparación de Montero con los regímenes diferenciados de Baleares o Canarias debido a su unicidad económica. «¿Pretenden convencernos de que lo pactado con ERC se asemeja al régimen económico de Canarias o al concierto vasco? No nos traten como si fuéramos ingenuos». «¿Realmente nos quiere hacer creer que lo negociado con ERC no es un arreglo progresivamente insolidario?», preguntó Camps a Montero. Asimismo, resaltó el principio de ordinalidad. «Según este principio, las comunidades más ricas [las que más contribuyen] no pueden quedar relegadas cuando se trata de recibir recursos». «Este principio solidario queda en duda», expresó. A pesar de la respuesta de Montero, ésta señaló que la ordinalidad estaba incluida en los programas electorales del PP catalán. María Mar Caballero de UPN, al pensar que Montero intentaba equiparar la singularidad con el estado fiscal foral de Navarra, lo diferenció indicando que «no es un privilegio», sino un reconocimiento a una historia pasada de un territorio que «quiere permanecer dentro del Estado».
Al igual que Camps, Caballero afirmó que el acuerdo resulta en una reducción de la contribución a la «caja común», lo que implicaría una infracción del principio de solidaridad. Ángel Pelayo Gordillo, de Vox y compañero de UPN en el Mixto, consideró que dicho pacto «propicia el chantaje y expoliación nacionalista», aunque expresó su disposición para dialogar sobre un nuevo sistema de financiación. En medio de los esfuerzos de Montero para asegurar que la acción sea abordada desde el Estatut hasta la Constitución, el partido político Junts, del que Sánchez depende para mantener su mayoría de investidura, hizo su aparición. Los neoconvergentes buscan ejercer mayor presión de cara a su congreso político en octubre, lo que deja en duda acuerdos como el de presupuestos. En su empeño por disputar con ERC el liderazgo en el sector independentista, critican la falta de consistencia que, en su opinión, tiene el acuerdo fiscal con los republicanos. «No pueden oponerse a la dirección» establecida para la investidura de Sánchez. ¿Es o no es este un concierto económico para Cataluña? ¿Se separará del régimen común?”, interpeló el senador Eduard Pujol, tachándolo en repetidas ocasiones como «kalimotxo fiscal». La falla en su implementación sería un «game over» para el gobierno, advirtió. Ante tal presión, la senadora de ERC Sara Bailac, estableció 2025 como el año límite para materializar el acuerdo.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.
Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país