La administración de Salvador Illa mantendrá en efecto el Decreto 3/2023 que autoriza la eliminación de todas las licencias de alojamientos turísticos en Barcelona dentro de un período de cinco años. Esto se decidió en la primera reunión de trabajo este miércoles entre el presidente catalán y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ambos líderes socialistas.
Collboni también solicitó, y consiguió, un compromiso del Govern en incrementar el impuesto turístico a los cruceros de estancias cortas en Barcelona, y evaluar la totalidad de la fiscalidad turística. Específicamente, el Govern prometió permitir en la Ley de acompañamiento del próximo presupuesto catalán que el Ayuntamiento de Barcelona aumente el impuesto turístico sobre los pasajeros de cruceros con estancias de menos de 12 horas en la capital catalana.
«Nuestra solicitud», explicó Collboni después de la reunión, es «eliminar el límite al impuesto turístico», puesto ahora a 4 euros, para que el Ayuntamiento tenga la potestad de subir la tasa local. El alcalde recordó que actualmente la ciudad recibe 1.6 millones de cruceristas en escalas de menos de 12 horas. Además, advirtió que estos visitantes están experimentando «un aumento en los números que la ciudad no puede asumir», a pesar de que estos turistas aportan 6.4 millones de euros en relación con el impuesto turístico. Collboni también llamó a «un debate más tranquilo sobre la fiscalidad turística en Cataluña». El objetivo debería ser que los ayuntamientos pudieran financiar con estos impuestos turísticos «servicios de transporte, limpieza, seguridad, o la sobresaturación de nuestras áreas» ocasionada por el incremento del turismo. No obstante, el alcalde ha reconocido que el impuesto turístico ya se utiliza en Barcelona para financiar políticas públicas más allá de los efectos del turismo.
Collboni ha destacado que, gracias a la tasa turística, el ayuntamiento ha podido climatizar 24 escuelas primarias públicas durante este verano. Su meta es utilizar este impuesto para acondicionar climáticamente 170 colegios públicos. Así, Collboni indica que esto es una manera de que los impuestos al turismo tengan un impacto directo y positivo en la sociedad.
Además, Collboni ha celebrado que, para 2028, se detendrá la operación de pisos turísticos en la ciudad. Este acuerdo, que fue impulsado por Pere Aragonès y apoyado por Illa, permitirá a los ayuntamientos revocar las licencias de estos pisos en un plazo de cinco años. Aunque el PSC cuestionó inicialmente esta regulación, ahora es parte de sus acuerdos con los Comunes.
En Barcelona, esto implica que 10.000 viviendas con licencia turística volverán al mercado de alquiler a partir de 2028, una noticia que Collboni ha acogido con satisfacción.
El alcalde y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, coinciden en que el acceso a la vivienda será una prioridad en la nueva administración. Para dar fe de ello, Illa se ha comprometido a remover los obstáculos que frenan la construcción de 1.700 viviendas públicas en Barcelona, prometidas hace un año por Aragonès. El proyecto se vio paralizado debido a preocupaciones respecto a su financiamiento por parte del Incasol.
Este mes, el Govern se ha comprometido a licitar la construcción de 637 viviendas públicas, que corresponden a la primera fase del proyecto, una vez que el ayuntamiento cedió 11 parcelas de terreno público. En las próximas semanas, los concursos de arquitectura serán licitados con un presupuesto de dos millones de euros, según Dalmau. En total, estos proyectos tendrán un valor de 82 millones de euros.
El pacto logrado en enero pasado incluía la edificación de 1.700 residencias en 27 parcelas urbanas. Collboni afirmó que «uno de los principales focos del departamento de urbanismo del ayuntamiento es conseguir más terreno para la vivienda pública». Además, el alcalde puso de relieve un plan para fomentar la construcción de viviendas en terrenos concedidos por el consorcio de la Zona Franca, añadiendo «otras 1.900 casas al total».
