El juez Ismael Moreno, encargado del Juzgados Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha excluido a la Abogacía del Estado como representante en el ‘caso Koldo’. Esta pretendía defender a Jesús Manuel Gómez García, recién destituido como subsecretario de Transportes, que estaba convocado para presentar su declaración como imputado la próxima semana.
No obstante, el juez ha reprogramado esta acción para el 23 de septiembre. De acuerdo a un documento al cual tuvo acceso El Independiente, el juez argumenta que la Abogacía del Estado ‘no ha proporcionado la debida autorización’ para representarlo.
Este hecho ocurrió después de que la asociación Liberum, que ejerce como acusación popular, junto con el PP y Vox (también como acusaciones populares) se opusieran a la participación de la Abogacía del Estado en el caso. En agosto, los servicios legales del Estado hicieron el intento de unirse a la causa. La Fiscalía Anticorrupción expresó sus reservas por la posible contradicción de tener intereses enfrentados en el caso, ya que, por un lado, se busca investigar un fraude al Estado (relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia) y, por otro, se defiende a uno de los imputados (Gómez García) en dicho fraude. Pero, pese a todo, el juez avaló la defensa de la Abogacía del Estado, hasta que días después, Óscar Puente, actual ministro de Transportes, compareció ante el Senado para exponer una auditoría interna llevada a cabo por el Ministerio, y anunció el cese de altos cargos, incluyendo a Gómez García. Ante este hecho, fuentes legales manifestaron su asombro ante el hecho que la Abogacía del Estado estuviera pretendiendo su defensa.